Vivir en comunidad implica, necesaria y afortunadamente, interactuar con los otros y encontrar soluciones comunes a las dificultades individuales y colectivas. Nuestra comunidad está compuesta por un conjunto de organizaciones de todo tipo, que nacen y perduran porque satisfacen necesidades específicas y extendidas.
En ese contexto, el Estado, como organización reguladora de los vínculos comunitarios, lleva adelante la planificación de la política pública. Desafortunadamente, no toda la política pública actual promueve soluciones colectivas a los problemas colectivos, lo que presenta un serio desafío para la mejora de la calidad de vida de las personas.
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El sistema de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo de ello. Todos los porteños necesitan trasladarse: vivan donde vivan, vayan donde vayan. Buenos Aires debe aspirar a convertirse en una ciudad conectada y en red, en la que viajar no sea sinónimo de perder el tiempo.
Quienes transitan la Ciudad necesitan viajar rápido, y la política pública debe ser planificada en función de atender esa necesidad, que sigue sin satisfacerse. Según un informe del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (Cesba), quienes viven en la Ciudad destinan 13 días por año a trasladarse, y tardan casi un 50% más quienes deben hacer combinaciones entre distintos medios de transporte.
En diversas megaciudades, el problema colectivo del traslado se resolvió de la mano del desarrollo de una red de subtes, pues permite llegar a donde queremos llegar, en el menor tiempo posible. El subte resuelve el problema de las grandes extensiones (Buenos Aires tiene 230 kilómetros cuadrados) y el gran flujo de personas que necesita trasladarse (ingresa más de un millón por día, fundamentalmente para trabajar en el Microcentro porteño).
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La inversión en la red de subtes es deseable en otros dos sentidos. Por un lado, debido a las desigualdades en la distribución del equipamiento educativo, sanitario y cultural, quienes viajan en Buenos Aires necesitan realizar largos recorridos. Por otro lado, un importante porcentaje precisa hacerlo sin realizar grandes esfuerzos, por restricciones estrictamente físicas y de accesibilidad: la población de mayores de 60 años representa más del 20% del total, y se prevé que esa tendencia siga en aumento.
En ese contexto, el objetivo de trasladarse en la Ciudad no podrá cumplimentarse de la mano de la promoción de la bicicleta como principal política pública de transporte, que, al momento, le costó a la Ciudad más de 600 millones de pesos.
El desarrollo de un sistema de movilidad sustentable a gran escala no resuelve el problema del transporte en una megaciudad con las características de Buenos Aires. Menos aún si las rutas no reflejan los espacios de circulación habitual, los circuitos son cerrados e ineficientes y su diseño no facilita la combinación con otras formas de trasladarse, como el subte o el colectivo. Además, las estaciones de bicicletas se encuentran concentradas principalmente en las comunas del norte de la Ciudad; desigualdad que es incompatible con la idea de trasladarse de manera fácil, rápida y eficiente.
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La bicicleta es un hábito saludable a ser promovido por el Estado, pero no brinda una solución colectiva al problema de trasladarse. Ante dicha necesidad, el subte es la mejor respuesta: es lo que la comunidad necesita.
El autor es presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.
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