"Todas las empresas donde hubo o hay comisiones internas que son manejadas por el Frente de Izquierda terminan cerradas", declaró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el programa de Alejandro Fantino, Animales Sueltos. "Los grupos minoritarios de izquierda atentan contra las inversiones y los trabajadores", dijo el jefe de gabinete Marcos Peña a Mirtha Legrand en su ciclo de cenas sabatinas. "Hacen de la violencia un modo de hacer política", declaró el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo.
Todos los funcionarios se referían al conflicto sindical en PepsiCo, empresa que había sido ocupada y cuyo desalojo policial provocó estas declaraciones que imputan a la izquierda no sólo por los incidentes desatados luego de la orden judicial para expulsar a los trabajadores de la fábrica, sino que también se acusó a este sector político de ser el responsable del cierre de establecimientos en los que dirige comisiones internas, cuerpos de delegados y también sindicatos. ¿Es culpable, entonces, la izquierda por el cierre de fábricas y los despidos?
Según los boletines mensuales de la Seguridad Social que elabora la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que toman como base las declaraciones juradas que emiten los empleadores con las nóminas de personal asalariado, desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2017, es decir, durante el período del gobierno de Mauricio Macri, cerraron en el país 3.198 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas. Los datos oficiales deberían bastar para señalar una tendencia general del plan económico del gobierno, más allá de una posible injerencia de la izquierda en tales cifras, que dan cuenta de la crisis y su consecuencia de cierres y despidos.
Por cada empresa que cuenta con una comisión interna o delegados pertenecientes a corrientes de izquierda, decenas y decenas de empresas cierran sin ninguna acción sindical por parte de los gremios que deberían defender a los trabajadores de la ofensiva contra el derecho al trabajo. La diferencia radica en que aquellos lugares en los que la izquierda dirige gremialmente a los colectivos obreros se caracterizan por defender los puestos y las fuentes de trabajo frente a las políticas empresariales de reorganización laboral que apunta a una flexibilización de las condiciones de empleo para rebajar los costos, es decir, precarizar a la parte laboriosa.
Un planteo que no es nuevo. El gobierno kirchnerista sostuvo la así llamada "década ganada" sobre la base de la precarización del trabajo, del trabajo en negro y del trabajo tercerizado. No debe olvidarse la represión que llevaron adelante las fuerzas de seguridad durante el conflicto de Kraft en 2011, que no tuvo nada que envidiarle a la de PepsiCo. Esa es la razón por la que el kirchnerismo no se hizo presente en la defensa de los puestos de trabajo de la fábrica alimenticia desalojada. Además de que allí donde gobierna, el kirchnerismo ajusta, como en Santa Cruz, donde es habitual que la gobernadora Alicia Kirchner despotrique contra la izquierda como impulsora de movilizaciones "destituyentes".
Sin embargo, la crisis económica plantea un giro aún más drástico en las reformas laborales que apunten a una mayor precarización. Lo demuestra la reciente reforma laboral aprobada en Brasil, que conlleva un retroceso de un siglo en las condiciones de trabajo de las clases laboriosas de esa nación. Ese es el marco que, en una situación de crisis económica mundial y competencia por qué eslabón de la cadena económica internacional ofrece costos más bajos para que los posibles (aunque quizás no probables) inversionistas arriben, plantea el después de las elecciones de octubre.
Ya fue señalado el hecho de que la reforma impositiva que iba a anunciar el presidente Mauricio Macri estas semanas y que planteaba una rebaja de las cargas impositivas patronales, fue pospuesta debido al clima social surgido luego de la ocupación y el desalojo de PepsiCo, cuya causa adquirió gran solidaridad y simpatía entre los sectores populares.
La ocupación de AGR en enero de este año, que se sostuvo durante 90 días, irradió al conjunto de los sectores obreros que ven amenazados sus fuentes y sus puestos de trabajo con la posibilidad de un método. La defensa del derecho a trabajar, a hacerlo en condiciones dignas y de respetar convenios y conquistas tiene en la militancia gremial de izquierda a un baluarte de su garantía. El gobierno macrista, que ayer llamaba "mafiosas" a las cúpulas sindicales, hoy embellece su imagen frente a una supuesta radicalidad de los sectores izquierdistas.
Sin embargo, ¿no es necesaria una defensa firme de los derechos laborales cuando los sectores tradicionales del sindicalismo dejan pasar cierres y despidos sin llevar adelante reclamo alguno? En definitiva, la izquierda no es la culpable de que cierren fábricas, allí están las miles de empresas cerradas para demostrarlo, pero probablemente el clasismo admita la culpa de defender a los trabajadores y sus derechos con la garra y la firmeza que requieren la crisis y el ajuste.