Entre las violaciones institucionales del régimen venezolano, se incluye ahora un intento de reforma constitucional. La propuesta de Nicolás Maduro de convocar a una Constituyente popular suena descabellada, pero no debería resultar sorpresivo.
El socialismo del siglo XXI tuvo sus defensores e ideólogos intelectuales. No sólo fueron los gestores de la Constitución venezolana de Hugo Chávez, sino que redactaron las de Ecuador y Bolivia. Esa usina doctrinaria estuvo radicada en el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) de la Universidad de Valencia española, dirigido por Rubén Martínez Dalmau y Roberto Vinicio Pastor, vinculada a Podemos.
Un grupo de estudiosos jóvenes se congregó alrededor de ellos y desarrolló ideas relacionadas con el derecho constitucional y político. Financiado con fondos españoles, el CEPS ofrece cursos en La Habana, otorga el título de doctor en Derecho Constitucional y ha impartido cursos de liderazgo indígena en Ecuador y Bolivia. Con su experiencia en América Latina y vinculado con Venezuela, Ecuador y Bolivia, el CEPS elaboró una teoría constitucional que llamó "nuevo constitucionalismo latinoamericano" (NCL).
En el año 2012, el Interamerican Institute for Democracy presentó un panel en la reunión de Latin American Studies Association (LASA) describiendo la tesis del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que fue luego publicado como parte de la colección de Democracy Papers. En ese panel se reunieron académicos de México, Venezuela, Chile y Argentina. El pensamiento de los partidarios del NCL y la descripción del sistema se encuentra, básicamente, en los numerosos comentarios que sus miembros han escrito sobre el proceso constitucional venezolano y sobre la Constitución de Ecuador, y en los trabajos publicados por directores del CEPS.
La tesis del NCL se aplica a la concepción del socialismo del siglo XXI, aunque es dudoso que Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales o Daniel Ortega hayan comprendido a fondo las implicancias de ese pensamiento académico.
Sin considerar los problemas terminológicos que envuelve el uso de la palabra 'democracia', el NCL propone un sistema diferente, al que se refieren como democracia participativa. A esa forma de democracia se le opone el constitucionalismo democrático que coloca a la Constitución como límite a la mayoría.
Aunque parezca paradójico, los conceptos de democracia y Constitución podrían contraponerse: si la democracia es el gobierno del pueblo, representado por la mayoría, la Constitución, tal como fue concebida, resulta una limitación al ejercicio absoluto de esa mayoría, expresada a través de instituciones como la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y, especialmente, la diferenciación entre la Constitución y el resto de las leyes. A esta concepción se opone precisamente el NCL.
Esta diferencia enfrenta dos conceptos: aquel que privilegia la voluntad de la mayoría, para el cual la Constitución es un estorbo, y aquel que pone a la Constitución como norma suprema, para el cual la democracia meramente mayoritaria es un peligro.
Las constituciones son adoptadas o sancionadas por un poder constituyente, llamado originario. Aunque parezca contraintuitivo, ese poder es de facto, es decir, no está sujeto a norma anterior alguna (lo contrario implicaría que hay una norma superior a él, lo que le quitaría la cualidad de originario). Ese poder originario constituyente no puede ser permanente y, por ello, desaparece una vez completada su función.
Para que la Constitución esté por encima de las leyes, su reforma no puede ser realizada por los poderes legislativos establecidos en la misma Constitución ni puede ser un proceso sencillo. Por eso, existen diferentes sistemas que dificultan ese reforma (ya sea a través del tiempo, de la forma o del titular de ese poder reformado), que se conoce como poder constituyente derivado.
Los partidarios del NCL desconocen estas formas constitucionales de reformar la Constitución y, defensores a ultranza del poder sin límites de las mayorías, sostienen que los poderes derivados no existen, que toda reforma debe ser ejercida por el pueblo, que es el único poder constituyente y será siempre originario. Una situación de revolución permanente.
Las consecuencias prácticas de esta posición académica resultan en la invalidez de la supremacía constitucional, ya que podría ser reformada siempre por el pueblo en forma directa, sin limitaciones a ese ejercicio. De esa manera se consigue el gran objetivo del socialismo del siglo XXI: que la Constitución no sea un obstáculo a la voluntad de la mayoría y a la revolución popular.
La gran dificultad no resuelta de esta posición es cómo se conforma ese poder popular, cómo se ejerce y cómo pueden ser adoptadas sus decisiones. El NCL no aporta soluciones concretas. Se reduce a hablar de asambleas populares, progresivas, callejeras, que expresarían la voluntad popular. Tampoco hay precisiones sobre cómo articular su contenido, ya que, como hemos dicho, no hay ni puede haber normas que condicionen ese ejercicio del poder constituyente.
Hace varios años, Martínez Dalmau y Viciano Pastor visitaron la Argentina, según informó Carlos Pagni. Pero lo que no pudo comprobarse es si alcanzaron a reunirse con gente de Cristina Kirchner, a quien podría haberle seducido la propuesta del NCL para lograr una enmienda constitucional que permitiera la reelección por iniciativa popular.
Chávez promulgó su propia Constitución bajo el asesoramiento del CEPS. Frente a la realidad actual de Venezuela, Maduro se propone modificar la Constitución para adaptarla a sus necesidades. Como le es imposible hacerlo según las normas vigentes, contenidas en la misma Constitución, recurre ahora a conformar un poder constituyente de facto, revolucionario, que le permita hacerlo y salir del atolladero institucional en que ha colocado a Venezuela, lo que origina disidencias aun entre sus filas.
Pero Maduro llega tarde. Todas las tesis del nuevo constitucionalismo latinoamericano parten de privilegiar a las mayorías, incluso por encima de la Constitución. Y Maduro ni siquiera tiene ya esa mayoría.
El autor es director del Interamerican Institute for Democracy.