Ajuste e inflación: ¿la culpa es de los economistas?

Primer paro general en Argentina. El primero de muchos. Hace unos días nomás, cientos de miles de personas caminaban las calles en todo el país para decirle al Gobierno que no estaba solo en su intento por normalizar las cosas. Luego, otros cientos de miles de personas deciden no trabajar para decirle al Gobierno que no están dispuestos a recibir más ajustes.

La culpa de todo esto es de los economistas. Y no me refiero sólo a los economistas del Gobierno anterior, que han contribuido a dejar una herencia muy compleja de desmantelar. Me refiero a los economistas que en el aula o ante la prensa no hemos sido claros en fundamentar este estado de cosas que hoy se observa en las calles.

Esta nota trata de explicar sintéticamente estos problemas de herencia, como la inflación, la inflación reprimida, la política antiinflacionaria, los ajustes, los paros y la normalización en la economía general.

Para comprender estos problemas hay que partir del último año de Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Axel Kicillof era entonces el superministro, como lo fueron Domingo Cavallo, José Luis Machinea o Roberto Lavagna en otro tiempo, con sus lógicas diferencias conceptuales. Kicillof decidió intencionalmente dejar una herencia complicada. Ahí juega la política. Y no me refiero al dólar futuro, por lo que deberá dar explicaciones ante la Justicia por mucho tiempo. La inflación ya era alta, como lo fue en toda la gestión de Cristina, pero Kicillof junto con Alejandro Vanoli, entonces presidente del Banco Central, decidieron expandir la base monetaria más del 40% anual. La política intentaba ocultar los cuatro años de estancamiento que llevaba y crear en la conciencia general un shock de confianza preelecciones. El primer aspecto que aquí los economistas no supimos explicar a la gente es que esa política inflacionaria tiene un impacto con cierto rezago; contribuyó a una inflación más alta en 2016, cuando ya habría otra gestión ocupándose de estos problemas macroeconómicos. En pocas palabras, los economistas hemos alcanzado un consenso que desde que se imprime dinero hasta que impacta en los precios pasan unos 12 o 18 meses.

Es cierto que Mauricio Macri comenzó su gestión con una inflación de algo más del 20% y que el termómetro de 2016 marcó 41%, pero esto surgió tras reconocer la inflación reprimida que se heredó. La expansión monetaria de 2015 explica parte de esta inflación reprimida, por el rezago comentado, pero a ello habría que agregar también los controles de precios y el atraso en las tarifas. Si todos los precios se incrementan entre un 20% y un 30% anual durante una década pero las tarifas permanecen reprimidas, sí, habrá cierto alivio social con esta política, pero en cuanto se reconozcan los precios reales de los servicios públicos, se reconocerá una inflación mayor. Los economistas debimos haber hecho esfuerzos mayores por explicar que el tamaño de los subsidios jamás podría ser sostenido en el tiempo y que mantener esas políticas implicaba reprimir la inflación, que ya era alta por la enorme emisión monetaria del Gobierno anterior.

La política del nuevo Gobierno se encaminó de modo correcto a normalizar la macroeconomía, pero decidió llevarlo adelante con un gradualismo sin precedentes. La idea es básicamente repartir el costo de la normalización a lo largo de varios meses o años, para evitar conflictos sociales. Algunos economistas hubiésemos preferido un mayor shock correctivo inicial, pero no se nos escuchó. Hoy queda claro que el gradualismo no solucionó aún los problemas de fondo, pero además tampoco evitó los conflictos sociales.

Actualmente los analistas nos dividimos entre quienes critican al Gobierno por falta de ajuste y quienes critican al Gobierno por hacer el ajuste. Y es que sí, hay ajuste, pero es muy parcial, muy lento. Los economistas en general nos anotamos entre los críticos por falta de ajuste. Y es que entendemos que un mundo de escasez, las cosas hay que pagarlas, y el costo de tener la macroeconomía sin normalizar, tarde o temprano sale a la luz, aunque la política quiera darle la espalda.

El paro general tiene causas muy claras y comprensibles. Los trabajadores no quieren reconocer que sus ingresos fueron inflados mediante la política monetaria y el atraso en las tarifas de los servicios públicos. Pero los economistas debemos explicar aquí que no hay solución mágica, aunque Kicillof la pregone. Mantener los servicios públicos en los niveles preexistentes conduce a una falta de inversión extrema que no permite mantener aquellos servicios. Hoy pagamos menos del 30% de lo que vale el servicio, o sea, que los subsidios en general se mantienen, pero ya las tarifas se multiplicaron varias veces.

Desde un escritorio es fácil pedir paciencia, que la inflación y la pobreza ya van a bajar, que la economía ya va a crecer y que el pleno empleo será realidad. Pero los meses pasan y el gradualismo posterga la normalización de las cosas. Se eligió un camino de ajuste lento, difícil, complejo y todavía queda mucho camino por recorrer.

Los economistas somos como los médicos. Estamos para dar malas noticias. Estamos para prevenir. La política del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene todos estos costos y otros muchos de los cuales esta nota no se ha ocupado. Los economistas tenemos la culpa de que los argentinos no hayamos comprendido aún las lecciones básicas de nuestra disciplina.