¿Quién controla la obra pública?

Un reciente estudio de KPMG a nivel global señala que una de las megatendencias que marcan el rumbo de la inversión en infraestructura es el crecimiento exponencial de la incertidumbre. A las típicas causas de inestabilidad asociada a razones económicas y sociales, hoy el rumbo político que toman los países desarrollados o en vía de serlo está, como nunca, en el tablero donde se toman las decisiones de inversión. Elecciones inesperadas, como el resultado del Brexit, las alternativa firmes de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos hacia fin de año y los conflictos migratorios que afectan políticamente a los países europeos, se suman a las crecientes tensiones en el poder que gobierna China o al descalabro sin rumbo o la salida cierta del Lava Jato brasileño. Ello configura un panorama de alta incertidumbre global, donde realizar inversiones de largo plazo, como son las que hacen los inversores públicos y privados en infraestructura, se torna altamente riesgoso.

Por eso, actualmente, los operadores de negocios exitosos, tanto estatales como privados, están haciendo cada vez más sofisticadas sus herramientas de manejo de riesgo, lo que pasa a ser la clave para concretar inversiones exitosas, que mantengan el margen de rentabilidad al finalizar el proyecto, donde no se desmadren los costos durante la etapa de construcción y se mantenga la eficiencia en el largo período de operación y recupero de la inversión.

Frente al ambicioso plan de inversión en infraestructura anunciado por la actual administración argentina, en el que se plantean metas de inversión de más de cien mil millones de dólares, ¿cómo evitar que se reproduzcan los errores del pasado, hoy tapa de los diarios por sus connotaciones delictivas y bochornosas, que escandalizan a una sociedad hasta hace poco incrédula pero hoy demandante de cambios en la manera de hacer las cosas desde el Estado?

Más allá de los valores morales puestos en juego en la función pública, ¿está el Estado preparado para controlar esa enorme aplicación de recursos que implica la inversión en obra pública, en proyectos técnicamente complejos, que transitan períodos de mediano y largo plazo con escenarios cambiantes, plenos de incertidumbres?

Indudablemente que no ha sido eficaz en el pasado y no lo será tampoco en el futuro si continúan las viejas prácticas en la administración y el control de los proyectos por parte del funcionario responsable de llevar adelante la obra pública.

No alcanzó la tradicional inspección técnica para controlar los desvíos y los mayores costos que presenta el cuadro expuesto por el Gobierno nacional en áreas como vialidad, energía o vivienda. Tampoco fueron suficientes ni la pericia ni los recursos de organismos como la Sindicatura General de la Nación, cuya función concreta es la de controlar el accionar del funcionariado público.

Quizá sea el momento de incorporar nuevas tecnologías de monitoreo continuo de los proyectos de obra pública, de capacitar a los responsables de ejecutar la millonaria inversión anunciada, de incorporar recursos y procedimientos de control independiente de expertos de la actividad privada y de asignar claramente las funciones del control de los proyectos, que resultan ser tan responsables de los desvíos y los daños económicos en el erario público como quienes ejecutan y llevan adelante las contrataciones de obra. Y en esto es útil recordar lo que dijera el genial Albert Einstein: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo". Ahora depende de nosotros, los argentinos.

El autor es director de Infraestructura y Gobierno de KPMG