La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó un presupuesto estatal de USD 5,327,9 millones para 2027, una cifra que representa un aumento del 13.6% frente al monto inicialmente autorizado para 2026. El plan contempla un superávit global de USD 734.4 millones, equivalente al 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los 91 diputados del Parlamento respaldaron por unanimidad la Ley Anual del Presupuesto General de la República durante una sesión celebrada el miércoles en Managua, según informó la agencia EFE. La iniciativa fue presentada por el régimen encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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El proyecto parte de una previsión de expansión económica del 3,7% para 2027, junto con una inflación del 3%, una tasa de ocupación del 97% y una variación anual de 0% del córdoba frente al dólar.
El dato económico choca con el aislamiento diplomático creciente
El plan oficial descansa en una previsión de expansión económica del 3.7% para 2027 y en una inflación del 3%, cifras que contrastan con el deterioro institucional documentado por organismos internacionales.
Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2026, registró al menos 452 casos de privación de nacionalidad y el cierre de más de 5,500 organizaciones no gubernamentales, cerca del 80% de las que existían antes de 2018.
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El Parlamento nicaragüense, controlado en su totalidad por el sandinismo, funciona hoy como una caja de resonancia del Ejecutivo: aprueba por unanimidad tanto las leyes fiscales como las reformas que amplían el poder de los copresidentes.
Mientras tanto, la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua denunció que al menos 72 opositores permanecen encarcelados, 33 de ellos en condición de desaparición forzada.
Ese contexto represivo llevó a Washington a mantener activa, el 3 de noviembre, la declaración de “emergencia nacional” contra el régimen que rige desde 2018. La Casa Blanca sostuvo que el “desmantelamiento sistemático” de las instituciones democráticas y la corrupción oficial siguen representando una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
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Los ingresos tributarios sostienen casi la totalidad del gasto público
El presupuesto establece ingresos totales por 195,136.7 millones de córdobas, equivalentes a USD 5,327.9 millones. De ese monto, los ingresos tributarios aportarán USD 5,010.1 millones, el 94% de los recursos previstos por el Estado nicaragüense, y representarán el 20,6% del producto interno bruto (PIB).
La dependencia casi absoluta de la recaudación fiscal se produce en un país donde el espacio para fiscalizar el gasto público quedó reducido tras la desaparición de los organismos independientes de control.
La Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, una ONG con sede en Costa Rica que reemplazó a un centro de pensamiento ilegalizado por el Gobierno, advirtió en un informe divulgado el 4 de noviembre que Nicaragua “profundizó en 2026 su declive democrático y el control absoluto del Estado” por parte del Ejecutivo.
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El margen fiscal positivo incorporado a la ley asciende a 26.898,7 millones de córdobas, equivalente al 13.8% de los ingresos estatales proyectados.
La iniciativa aprobada no detalla la distribución sectorial de los recursos tributarios ni las medidas previstas para alcanzar ese nivel de recaudación, un vacío que se repite en un sistema donde la Asamblea Nacional carece de capacidad real de debate o control sobre las cuentas públicas.
El gasto de capital concentra dos tercios de las erogaciones
Los gastos previstos para 2027 ascenderán a 168.238 millones de córdobas, unos USD 4,593.5 millones, apenas 0,9% por encima del presupuesto de 2026. De ese total, el 67.9% corresponderá a gasto de capital (infraestructura y obras públicas) y el 32.1% a gasto corriente, destinado al funcionamiento de las instituciones estatales.
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Ese reparto del gasto ocurre mientras la Policía Nacional, bajo el mando del consuegro de Ortega, Francisco Díaz, cuenta según analistas citados por el diario cubano Diario de Cuba con un presupuesto per cápita muy superior al de educación y salud.
El cuerpo policial, con unos 20.000 efectivos, la mitad desplegados en Managua, opera como el principal sostén del control social del régimen.
El Ejecutivo proyectó que los gastos equivaldrán al 17.7% del PIB durante 2027, un porcentaje que la ley no desglosa por áreas específicas. La diferencia entre ingresos y erogaciones es la que permite explicar el superávit incorporado al texto legislativo.
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El crecimiento informado para 2025 no se traduce en apertura política
Las proyecciones oficiales para 2027 se apoyan en el desempeño atribuido al año anterior: el PIB de Nicaragua creció 4,9% en 2025, de acuerdo con cifras oficiales citadas por EFE.
La previsión de expansión del 3,7% para el próximo año se ubica por debajo de ese resultado, y el proyecto toma además como referencia una estabilidad cambiaria con deslizamiento anual de 0% frente al dólar.
¿Qué está pasando con la economía y la política de Nicaragua? El régimen de Ortega y Murillo combina cifras de crecimiento económico con una consolidación autoritaria: en 2026 impulsó reformas constitucionales que eliminan las elecciones, mantiene a decenas de opositores presos y enfrenta sanciones y aislamiento diplomático crecientes por parte de Estados Unidos y otros organismos internacionales.
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El Banco Central de Nicaragua había proyectado para 2026 una expansión de entre 3.5% y 4.5%, con una inflación anual de entre 2.5% y 3.5%.
Esas cifras coexisten con el anuncio que Ortega realizó en julio pasado, cuando declaró durante un acto oficial que en el país “no volverá a haber elecciones”, una afirmación que generó rechazo internacional y que antecedió a la reforma constitucional ratificada por la misma Asamblea que esta semana votó el presupuesto.
Con la sanción legislativa, el Estado nicaragüense contará desde 2027 con un marco presupuestario que prevé ingresos superiores a USD 5,300 millones, mientras la enmienda que amplía a siete años el mandato de los copresidentes y excluye de la contienda electoral a los opositores calificados como “traidores a la patria” espera su ratificación definitiva, prevista para el 18 de enero de 2027.
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