El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General un informe sobre la concentración de funciones estatales y la situación de los derechos humanos en el país.
El organismo sostuvo que las condiciones actuales dificultan la exigencia de responsabilidades dentro de Nicaragua.
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El análisis se basó en más de 2,300 entrevistas y miles de documentos, de acuerdo con Reed Brody, abogado internacional e integrante del grupo. Los expertos indicaron que realizaron el trabajo pese a que las autoridades nicaragüenses no colaboraron con la investigación ni autorizaron su ingreso al territorio.
El Grupo de Expertos señaló que las reformas constitucionales e institucionales recientes concentraron atribuciones del Estado bajo la conducción de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. El organismo consideró que esta situación limita las posibilidades de rendición de cuentas por presuntas violaciones graves de derechos humanos.
El grupo vinculó las reformas con las garantías democráticas
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, afirmó que el marco institucional vigente restringe los mecanismos internos para investigar y sancionar este tipo de hechos.
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“La rendición de cuentas es, en la práctica, imposible”, dijo Simon, según informó Confidencial. digital.
El experto sostuvo que la falta de procesos de rendición de cuentas podría prolongar las denuncias sobre vulneraciones de derechos. También planteó la necesidad de recurrir a mecanismos regionales e internacionales cuando no existan garantías suficientes dentro del país.
En septiembre de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura modificaciones constitucionales que eliminan las elecciones. Simon relacionó esas reformas con una declaración de Ortega del 19 de julio, cuando señaló que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.
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El presidente del grupo definió las medidas como parte de un proceso de cambios institucionales iniciado tiempo atrás. A su juicio, si las reformas entran plenamente en vigor, reducirían las posibilidades de desarrollar un proceso democrático orientado a mejorar la situación de los derechos humanos.
La representación de Nicaragua cuestionó el mandato de los expertos durante el diálogo ante Naciones Unidas. La delegación calificó esa instancia como parte de campañas de hostilidad política y expresó su rechazo a la asignación de recursos para mantener el organismo.
Simon respondió que la población nicaragüense “merece libertad, merece justicia, merece un Estado gobernado por el derecho y no por el miedo”. El experto sostuvo que la protección de los derechos requiere instituciones que permitan investigar denuncias y aplicar mecanismos de reparación.
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Nicaragua se retiró de organismos internacionales
El informe señaló que la salida de Nicaragua de diversas instancias internacionales redujo los mecanismos externos de supervisión y acompañamiento a las víctimas. El país dejó nueve organismos de los que formaba parte desde hacía décadas.
En febrero de 2025, Nicaragua comunicó su retiro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La decisión se produjo después de que las autoridades descalificaran otro informe del grupo de expertos como una colección de “falsedades, calumnias y mentiras”.
Los integrantes del organismo plantearon que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional pueden ser vías de actuación en los casos que correspondan. También mencionaron la posibilidad de investigaciones en otros Estados bajo criterios de jurisdicción extraterritorial o universal.
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Brody explicó que las sanciones solicitadas por el grupo no están dirigidas contra la población nicaragüense. Según su exposición, las medidas se enfocan en personas e instituciones sobre las que los expertos consideran que existen motivos razonables para investigar presuntas violaciones graves.
Costa Rica alertó sobre expulsiones y nacionalidad
La delegación de Costa Rica denunció que Nicaragua impide el reingreso de algunos ciudadanos y aplica expulsiones sin justificación ni recursos legales. También cuestionó la ampliación de las causales para la pérdida de nacionalidad, incluidas situaciones vinculadas con la doble ciudadanía, según Confidencial.digital.
Costa Rica sostuvo que esas medidas pueden generar riesgos de apatridia. El planteo formó parte de las intervenciones de distintos países durante el debate en la Tercera Comisión.
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Brasil cuestionó el anuncio de que no habrá elecciones y destacó la importancia de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la participación cívica. Chile, a su vez, expresó preocupación por el deterioro de la situación de derechos humanos y por los efectos de la concentración de poder sobre el pluralismo.
Canadá, Reino Unido, Uruguay, Georgia y Polonia también manifestaron inquietud por las denuncias analizadas por el grupo. En sentido contrario, Irán, Belarús, Rusia, Cuba, Venezuela y China criticaron el trabajo de los expertos y plantearon que el mandato supone una intervención en asuntos internos.
Irán consideró que los informes aplican un “enfoque selectivo politizado” y “dobles raseros motivados por consideraciones políticas”. La delegación pidió que concluyera el mandato del organismo.
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El informe incluyó casos de detención y muerte bajo custodia
El documento Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua examinó denuncias sobre desaparición forzada, detención arbitraria, malos tratos, tortura y falta de atención médica en centros de detención.
El grupo indicó que los presos políticos pueden enfrentar riesgos para su vida cuando las autoridades no informan su paradero, prolongan la incomunicación o niegan asistencia sanitaria. El informe presentó estos elementos como patrones que requieren investigación.
Ariela Peralta, integrante del grupo, mencionó el caso del líder indígena miskito Brooklyn Rivera. Según su exposición, Rivera ingresó clandestinamente a Nicaragua, fue detenido, permaneció desaparecido, reapareció con un deterioro físico y murió bajo custodia estatal.
“La detención arbitraria sigue siendo un componente central”, afirmó Peralta. La experta pidió a los Estados que evalúen investigaciones y procesos penales contra quienes resulten responsables.
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