La ONU documentó casi 4,800 detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal en Nicaragua

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó un patrón sistemático de violaciones a las garantías fundamentales perpetrado por el régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que incluye 4,796 detenciones arbitrarias registradas desde 2018, junto con casos confirmados de desaparición forzada y muertes ocurridas durante la privación de libertad.

El documento oficial detalla cómo el aparato estatal nicaragüense ha mantenido un uso continuado y prolongado de la privación de libertad como un instrumento de represión contra opositores reales o percibidos.

Las cifras recopiladas por organizaciones de la sociedad civil y sistematizadas por las Naciones Unidas revelan que, entre las 4,796 personas arrestadas arbitrariamente desde el estallido social de 2018, 3,861 corresponden a hombres y 935 a mujeres, grupo que incluye a 13 mujeres trans.

Al 15 de junio de 2026, el reporte confirmó que al menos 46 personas continuaban privadas de libertad por motivos políticos. La gran mayoría de estos ciudadanos permanecía recluida antes del período analizado por la ONU, bajo dinámicas de detención prolongada que vulneran los estándares internacionales. En al menos tres casos, las víctimas continuaban en prisión a pesar de haber cumplido la totalidad de sus condenas dictadas por el sistema judicial local.

Entre estos casos destaca el de Jaime Enrique Navarrete Blandón, un ciudadano encarcelado desde 2019 que, según las denuncias recogidas por el organismo internacional, sufrió torturas sistemáticas en prisión y completó formalmente su sentencia en 2023 sin ser puesto en libertad por las autoridades del régimen de Nicaragua.

El informe de la ONU resalta que la represión evolucionó desde las capturas masivas registradas en 2018 hacia una operatividad selectiva. Además, las violaciones al debido proceso afectaron a funcionarios del propio Estado y simpatizantes del partido de gobierno, de los cuales al menos 55 sufrieron arrestos arbitrarios en el período evaluado.

La desaparición forzada se consolida como una práctica sistemática del aparato estatal

La investigación realizada por la ACNUDH identificó que, en al menos 29 de los 35 casos individuales de detención arbitraria analizados a profundidad por la oficina, las víctimas sufrieron desaparición forzada mediante el ocultamiento deliberado de su paradero y su suerte.

Al cierre del informe, las autoridades de la ONU mantenían abiertos al menos ocho expedientes de desaparición forzada, con la advertencia de que la cifra real puede ser sustancialmente mayor debido al temor a represalias que frena las denuncias de los familiares en la nación centroamericana.

Las detenciones se caracterizaron por la ausencia de órdenes judiciales, la falta de información inmediata sobre los cargos imputados y la privación del derecho a contar con un abogado de elección.

En múltiples procesos penales, agentes de la Policía Nacional figuraron como los únicos testigos presentados por la fiscalía, mientras que las audiencias se celebraron a puerta cerrada o de forma remota bajo deficientes condiciones técnicas.

Registraron múltiples fallecimientos de prisioneros políticos bajo la custodia del Gobierno

Durante el período evaluado por las Naciones Unidas, se registró un incremento en las muertes de prisioneros políticos durante su custodia estatal, con al menos cuatro casos plenamente documentados. Todos los fallecidos eran hombres y tres de ellos correspondían a personas de edad avanzada que padecían afecciones médicas graves.

Uno de los fallecimientos documentados corresponde al líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, quien murió bajo la custodia del régimen nicaragüense tras ser víctima de desaparición forzada e incommunicación.

Rivera había sido objeto de represalias gubernamentales, entre otras razones, por mantener cooperación activa con los mecanismos de las Naciones Unidas. Tras su deceso, sus familiares enfrentaron severos obstáculos por parte de las fuerzas de seguridad para organizar las exequias según sus tradiciones culturales y religiosas.

Las precarias condiciones de los centros de reclusión contribuyeron al deterioro fatal de la salud de los prisioneros. La ACNUDH constató que los prisioneros recibieron suministro de agua contaminada para consumo y aseo personal, celdas contiguas a letrinas y la denegación sistemática de asistencia médica especializada.