El secretario general de la OEA Albert Ramdin reclamó medidas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que vinculó con un “desastre político” en Nicaragua. Según Confidencial.digital, el funcionario advirtió que la crisis dejó de ser un asunto exclusivamente interno y puede generar efectos sobre otros países del hemisferio.
La próxima instancia para definir esa respuesta será una reunión de cancilleres propuesta para el 17 de septiembre de 2026. La convocatoria recibió el respaldo de 29 países, mientras que Brasil votó en contra y México se abstuvo.
Ramdin pidió que los gobiernos de la región pasen de las declaraciones a decisiones capaces de aumentar la presión sobre Managua. Su planteo incluye sanciones, medidas diplomáticas, apoyo político en organismos internacionales y acciones para recuperar las libertades civiles y electorales.
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El funcionario sostuvo que la crisis nicaragüense exige una respuesta colectiva porque puede provocar migración forzada, problemas de seguridad y un deterioro económico con impacto en los países vecinos. La OEA, según su posición, debe acompañar al pueblo de Nicaragua sin impulsar una intervención externa.
La reunión de cancilleres deberá definir acciones contra Managua
Ramdin afirmó que ningún presidente puede eliminar el derecho de la población a elegir a sus autoridades en comicios nacionales. “Es una declaración que debemos rechazar y condenar”, dijo el secretario general de la OEA a Confidencial.digital, en una entrevista con el programa Esta Semana.
La reunión del 17 de septiembre tendrá como objetivo discutir la situación de Nicaragua de manera conjunta. El secretario general espera que los Estados adopten medidas individuales y colectivas, en lugar de limitarse a aprobar nuevas resoluciones sin efectos prácticos.
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Entre las alternativas mencionadas aparecen la presión económica, las restricciones relacionadas con la conectividad aérea y otras acciones coordinadas. Ramdin también planteó la necesidad de impulsar la liberación de presos políticos, incluidos opositores y periodistas.
La agenda que propuso abarca la recuperación del espacio cívico. En ese punto incluyó la libertad de expresión, el funcionamiento de las organizaciones civiles y la participación de los partidos políticos.
“No podemos seguir diciendo las mismas cosas sin actuar”, afirmó Ramdin. La frase resume su pedido de que los gobiernos utilicen las herramientas diplomáticas disponibles para aumentar el costo político de las decisiones adoptadas por el Gobierno nicaragüense.
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La Secretaría General de la OEA no puede imponer por sí sola una respuesta formal. El funcionario explicó que la capacidad de actuar corresponde a los países miembros, que pueden acordar medidas comunes o aplicar decisiones unilaterales dentro de una estrategia coordinada.
La crisis nicaragüense mantiene efectos fuera del país
Ramdin sostuvo que Nicaragua continúa siendo un asunto hemisférico aunque ya no forme parte de la OEA. El país permanece dentro del sistema regional de derechos humanos, una condición que, según el secretario general, mantiene vigente la responsabilidad de los Estados frente a las denuncias de abusos.
El funcionario rechazó que señalar esas vulneraciones implique una intervención en los asuntos internos. La organización, explicó, no debe intervenir desde una perspectiva política, administrativa, militar o policial, pero sí puede reconocer que existe un problema que afecta los principios del sistema interamericano.
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Ramdin comparó el deterioro institucional con las consecuencias que un desastre natural puede generar más allá de las fronteras. “Ahora tenemos lo que yo llamaría un desastre político en Nicaragua”, señaló.
La advertencia se relaciona con el posible aumento de los desplazamientos de población, los riesgos de seguridad y el agravamiento de las condiciones económicas. El secretario general consideró que esos efectos pueden alcanzar a otros países del hemisferio si la situación continúa deteriorándose.
La OEA plantea una salida pacífica con elecciones abiertas
La organización mantiene conversaciones con dirigentes de la oposición democrática nicaragüense que viven en Washington D. C. y en otros países. Ramdin aclaró que la OEA no debe legitimarlos, porque esa decisión corresponde a la población nicaragüense.
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El secretario general sí defendió que esos sectores tengan condiciones para presentar sus propuestas y competir en libertad. Su planteo apunta a preservar un espacio político para una eventual salida negociada.
Ramdin insistió en que cualquier proceso debe ser pacífico y estar encabezado por los propios nicaragüenses. La OEA, dijo, está dispuesta a colaborar con una agenda de futuro y una hoja de ruta que conduzca a elecciones creíbles, abiertas a todos y con resultados justos.
Desde el inicio de la crisis, en 2018, la OEA aprobó al menos 16 resoluciones sobre Nicaragua. De acuerdo con la publicación, todas fueron ignoradas por el Régimen de Ortega y Murillo.
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Ese antecedente condiciona la expectativa sobre la próxima reunión. Ramdin planteó que la cita de cancilleres debe servir para acordar medidas específicas, aumentar la presión internacional y abrir un proceso de diálogo con Managua.
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