La percepción de periodistas nicaragüenses sobre la libertad de expresión en su país es categórica: la describen como “extinta”, “aniquilada” y bajo una “represión absoluta”. Esta apreciación se sostiene en un contexto de supresión sistemática de derechos fundamentales, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha convertido a Nicaragua en el caso más extremo de cierre del espacio cívico y mediático en Centroamérica.
El informe del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), elaborado por la Universidad de Costa Rica y la Fundación Heinrich Böll, documenta cómo el periodismo independiente en Nicaragua ha sido prácticamente anulado dentro del territorio nacional. La represión se manifiesta en diversas formas: confiscación de medios de comunicación, persecución judicial y exilio forzado de periodistas. La información crítica sobre la realidad se produce hoy casi exclusivamente desde el extranjero, lo que da cuenta de la magnitud de las restricciones impuestas.
Las estrategias del régimen para silenciar voces incómodas incluyen la aprobación y aplicación de marcos legales restrictivos, como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos. Estas normativas permiten a la dictadura estrangular financieramente a organizaciones críticas, interrumpir la cooperación internacional y asfixiar administrativamente a los medios independientes. En la práctica, esto implica impuestos del 30% sobre fondos provenientes del extranjero y la prohibición de actividades consideradas como amenazas al orden público, sin una definición clara de su alcance. El objetivo final es forzar el cierre, la reubicación o el exilio de actores de la sociedad civil y del periodismo.
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Periodistas nicaragüenses enfrentan criminalización, exilio y represión
La criminalización del ejercicio periodístico se ha consolidado como política del régimen. Periodistas son señalados públicamente por la copresidencia como “golpistas”, “traidores de la patria” y “mercenarios”, y existen listados oficiales que identifican a medios independientes como desestabilizadores nacionales. Testimonios recogidos en el informe afirman: “Se ha criminalizado la profesión, se persigue y se aprisiona, se ha satanizado ser periodista”. Esto ha generado un ambiente de temor y autocensura, donde la supervivencia profesional depende de evitar temas sensibles o abandonar el país.
El exilio masivo es una de las consecuencias más visibles de esta política. Diversas organizaciones internacionales estiman que entre 280 y 300 periodistas han abandonado Nicaragua para proteger su vida y libertad, aunque el número real podría ser mayor debido al temor a represalias y la precariedad migratoria.
El exilio, que antes se consideraba un refugio seguro, ha dejado de serlo: se han documentado casos de vigilancia, hostigamiento y amenazas contra periodistas nicaragüenses en Costa Rica, Estados Unidos, México, España y Panamá. El asesinato de Roberto Samcam, exmilitar sandinista crítico del régimen, mientras se encontraba exiliado en Costa Rica, es un ejemplo de cómo la represión ha adquirido un carácter transnacional.
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El Ejército ha presentado listados de medios a los que califica como estructuras de desestabilización nacional, y se utilizan campañas permanentes de desprestigio contra la prensa independiente, tanto desde espacios oficiales como en redes sociales. La hostilidad se materializa también en amenazas personales, robo o confiscación de equipos, despidos y presiones editoriales, que fuerzan a los periodistas a optar por el exilio o la autocensura.
La crisis financiera de los medios independientes se ha visto agravada por el recorte de la cooperación internacional. El informe señala que el cierre de entre 10 y 15 medios, especialmente locales, se explica por la falta de financiamiento externo y la persecución política. Medios como Divergentes operan hoy con estructuras reducidas y dispersas, recurriendo al voluntariado y a modelos de membresía voluntaria para sobrevivir. Muchos periodistas han abandonado la profesión debido a la incertidumbre laboral y al entorno asfixiante.
El debilitamiento de los contrapesos institucionales y la ausencia de mecanismos independientes de supervisión han permitido que el régimen de Ortega y Murillo consolide este contexto sin perspectivas de reversión a corto plazo. La situación ha sido advertida por organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Comité para la Protección de los Periodistas, que destacan la gravedad del desmantelamiento sistemático del periodismo independiente en Nicaragua.
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Finalmente, la percepción de los propios periodistas nicaragüenses resume el escenario actual: “represión absoluta”, “aniquilamiento” de la libertad de expresión y una profesión que se ejerce, en su mayoría, desde el exilio, bajo riesgo y con recursos mínimos. La información crítica sobre Nicaragua persiste gracias a la labor de quienes continúan informando desde fuera del país o en la clandestinidad, enfrentando amenazas, precariedad e inseguridad jurídica.