El gobierno de México presentó ocho compromisos estratégicos para prevenir, atender y erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes hacia 2030, durante la Segunda Conferencia Ministerial para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez.
La delegación mexicana, encabezada por Lorena Villavicencio Ayala, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), identificó como desafíos prioritarios el reclutamiento de adolescentes por grupos delictivos y la violencia sexual contra niñas.
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En este último punto, 5 mil 876 nacimientos registrados en 2025 corresponden a madres de entre 10 y 14 años, cifra que evidencia la necesidad de fortalecer la prevención e investigar posibles hechos de violencia sexual.
Como parte de los avances nacionales, se destacó la publicación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) 2026-2030. Este instrumento establece objetivos y acciones para fortalecer la garantía de los derechos de la niñez y protegerla de las violencias en todos los entornos donde crece y se desarrolla.
También se presentó el Decreto para garantizar entornos digitales seguros, firmado en octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que establece responsabilidades para las plataformas digitales en materia de verificación de edad, protección desde el diseño y prevención de riesgos.
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A estas medidas se suman las disposiciones nacionales que, desde el 3 de noviembre, orientan el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales en las escuelas del país.
Los 8 compromisos estratégicos de México
Para avanzar en la prevención de las violencias y fortalecer la respuesta institucional, México impulsará ocho líneas de acción.
- La primera es la Campaña Nacional de Crianza Positiva, que busca promover prácticas de cuidado y educación respetuosas que sustituyan la disciplina violenta por relaciones basadas en el buen trato y el respeto a los derechos.
- La segunda línea corresponde a Entornos Escolares Seguros, orientada a fortalecer la prevención, atención y restitución de derechos ante cualquier forma de violencia en los entornos escolares.
- La tercera es “Niñas sí, Madres no”, que plantea cero tolerancia al embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, e impulsa acciones para prevenir y erradicar tanto el embarazo como la violencia sexual que lo origina.
- La cuarta línea es Entornos Digitales Seguros, que busca fortalecer la regulación, la alfabetización y el civismo digital, así como la corresponsabilidad de las plataformas en la protección de la niñez.
- La quinta corresponde al fortalecimiento de mecanismos de participación efectiva, sustantiva y territorial de niñas, niños y adolescentes, para garantizar que participen en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas que les afectan.
- El sexto compromiso es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Especial mediante la implementación de estándares internacionales, que busca mejorar los mecanismos de atención y gestión de casos para garantizar la protección y restitución integral de derechos.
- El séptimo consiste en fortalecer la disponibilidad de información sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes, mediante la consolidación de sistemas que permitan identificar, medir y visibilizar las distintas manifestaciones de violencia y orientar decisiones de política pública.
- El octavo compromiso busca fortalecer las capacidades para la detección, atención y canalización de casos de violencia, con énfasis en el sector salud, de manera que las instituciones puedan detectar, atender y canalizar oportunamente los casos que se presenten.
México señaló que la implementación de estos compromisos requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno, armonización legislativa, instituciones fortalecidas y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los resultados.
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La delegación reiteró que la protección de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad del Estado que exige instituciones articuladas, información confiable y políticas públicas capaces de responder a las distintas formas de violencia.
Esta semana la SE-SIPINNA llamó a fortalecer la responsabilidad colectiva e institucional para prevenir, atender y erradicar la explotación, los abusos y las violencias sexuales contra la niñez, en el marco del Día Mundial para Prevenir estas conductas.
Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de enero a mayo de 2026 se registraron 14,295 víctimas de delitos sexuales —violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, y rapto— entre menores de 0 a 17 años, lo que equivale a 95 casos diarios en el país. Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron uno de cada cuatro casos, y Juárez, Benito Juárez y Tijuana fueron los municipios con mayor incidencia.
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Del total de víctimas, 41.5% tenía entre 0 y 12 años y 58.5% entre 13 y 17 años; la niñez representó 39.7% del total de víctimas de delitos sexuales en el país. En trata con fines de explotación sexual se contabilizaron 26 víctimas menores de edad y en pornografía infantil, 102 casos.
La SE-SIPINNA retomó datos de la ENDIREH 2016 del INEGI, que señalan que en 66.8% de los casos de violencia sexual infantil la persona agresora fue un familiar, lo que exige romper con la idea de que el entorno familiar siempre es un espacio seguro. En 2024 se reportaron 10,641 casos de violencia sexual, de los cuales 92.8% correspondió a mujeres y 7% a hombres.
Entre las acciones impulsadas, la dependencia informó la reinstalación en 2025 de la Comisión para Poner Fin a toda forma de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), la firma del Pacto Nacional para Poner Fin a toda forma de Violencia contra la Niñez y la implementación del PRONAPINNA, que contempla 53 acciones, cuatro de ellas dirigidas específicamente a la violencia sexual.
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La REDIM planteó que el Estado desarrolle una estrategia integral de seguridad y prevención con enfoque de derechos, y propuso articular un proyecto prioritario a través de la iniciativa República para la Niñez, orientada a fortalecer instituciones y promover la participación de la niñez en la prevención de la violencia.
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