Una exigencia de 50 mil pesos como pago inicial a una coctelería permitió avanzar en la investigación de una presunta red dedicada al cobro de derecho de piso a restaurantes y bares de Playa del Carmen.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo identificó a dos sospechosos: Miguel Anselmo “N”, alias “El Puma”, y Luis Alfonso “N”, a quienes relaciona con las amenazas contra aproximadamente 14 negocios.
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Según la reconstrucción presentada por el fiscal estatal, Raciel López Salazar, la estructura habría dividido las tareas: “El Puma” presuntamente coordinaba los cobros, mientras que Luis Alfonso acudía a los establecimientos para entregar notas con números telefónicos. Los responsables de los negocios debían comunicarse a esos contactos para recibir las instrucciones y exigencias económicas.
Las cuotas rondaban los 10 mil pesos mensuales por establecimiento. En caso de negarse a pagar, los comerciantes recibían amenazas de que sus locales serían atacados. La información fue expuesta por el fiscal durante una conferencia de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Notas con teléfonos y amenazas para obligar a los comerciantes a pagar
El mecanismo descrito por las autoridades comenzaba con la entrega de mensajes escritos en los propios establecimientos. En ellos se incluían números telefónicos a los que los encargados o propietarios debían comunicarse para atender la exigencia de dinero.
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La presunta participación de Luis Alfonso consistía precisamente en llevar esas notas a los comercios. Una vez establecido el contacto, los responsables recibían las instrucciones para cubrir las cuotas. Las amenazas de ataques contra los negocios buscaban presionar a quienes se resistieran a entregar el dinero, según las investigaciones expuestas por la Fiscalía.
Entre los establecimientos mencionados por el fiscal como posibles víctimas aparecen El Doctorcito, Señor Frog’s, La Chachalaca, Chapultepec y Los Olvidados. La lista forma parte de una investigación que, de acuerdo con López Salazar, todavía busca establecer si hubo más afectados y localizar a otros posibles integrantes de la red.
La Fiscalía atribuyó a la estructura alrededor de 14 establecimientos afectados, aunque no presentó públicamente un desglose de las denuncias correspondientes a cada negocio ni precisó cuánto dinero habría obtenido la organización.
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El caso de la coctelería El Pirata detonó las indagatorias
Uno de los episodios que permitió avanzar en la investigación fue la exigencia de un pago inicial de 50 mil pesos a la coctelería El Pirata. La presunta red habría utilizado ese establecimiento para intentar imponer una cuota antes de exigir mensualidades de 10 mil pesos.
La denuncia por ese intento de cobro dio pie a las diligencias que derivaron en las órdenes de aprehensión contra los dos sospechosos. El caso fue expuesto por López Salazar, quien confirmó que las investigaciones seguían abiertas para identificar a otros posibles participantes y determinar si existían más víctimas.
Las detenciones se realizaron entre el 28 y el 30 de octubre, según la información de la Fiscalía, quien también identificó a Miguel Anselmo “N”, de 42 años y originario de Guerrero, y a Luis Alfonso “N”, de 34 años y originario de Tabasco. También reportó que ambos quedaron bajo prisión preventiva justificada mientras se define su situación jurídica.
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La Fiscalía no ha informado públicamente cuánto dinero habría recibido la presunta organización ni cuántos de los establecimientos señalados llegaron a pagar. Tampoco ha dado a conocer la identidad de todos los posibles integrantes que siguen bajo investigación.
Otros casos de cobro de piso contra negocios en Playa del Carmen
Las investigaciones contra esta presunta red se suman a otros expedientes por extorsión abiertos durante 2026 en Playa del Carmen. Sin embargo, no hay información que permita afirmar que todos correspondan a la misma organización.
En julio, la Fiscalía informó sobre la detención de cuatro personas —tres hombres y una mujer— por su probable participación en extorsiones contra un bar del centro de la ciudad. Según la investigación, dos de los señalados acudieron al establecimiento el 10 de junio y exigieron 15 mil pesos mensuales a cambio de una supuesta protección. También advirtieron que otros grupos estaban disputando la zona y que el negocio podía sufrir un ataque.
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La acusación incluyó un episodio posterior: al día siguiente de la primera exigencia, sujetos dispararon al menos cuatro veces contra el interior del bar, sin que hubiera personas lesionadas. La Fiscalía sostuvo que otros dos investigados regresaron semanas después para insistir en el pago y amenazar con nuevas agresiones. Los cuatro fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso por extorsión agravada.
En otro expediente, la Fiscalía reportó en septiembre la vinculación a proceso de dos hombres señalados por exigir 10 mil pesos mensuales a la encargada de un puesto ambulante de artesanías en el centro de Playa del Carmen. La amenaza, según la institución, consistía en disparar contra el negocio si la comerciante no entregaba el dinero.
Estos casos corresponden a investigaciones diferentes y no acreditan por sí mismos una relación entre los detenidos y la red atribuida a “El Puma”. Sí muestran que las exigencias de pagos periódicos y las amenazas contra establecimientos comerciales han aparecido en distintos expedientes de la Fiscalía durante el año.
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La investigación contra Miguel Anselmo “N” y Luis Alfonso “N” busca establecer el alcance de una estructura a la que las autoridades atribuyen cobros a alrededor de 14 negocios, principalmente de la zona turística. Por ahora, la detención de los dos presuntos operadores no significa que la red haya quedado desarticulada: la propia Fiscalía reconoció que mantiene las indagatorias para localizar a otros posibles integrantes y determinar cuántos comercios fueron afectados.
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