CFE prepara contratos mixtos con empresas privadas para construir centrales eléctricas que sumarían más de 7,000 MW de capacidad. El modelo conserva una participación mínima de 54% para la empresa estatal, pero no establece por sí mismo una baja inmediata en el recibo de luz de los hogares.
Los primeros acuerdos de compra y venta de energía, conocidos como PPA por sus siglas en inglés, entrarán en fase de firma durante el primer trimestre de 2027. Francisco Maldonado, director de Generación de la CFE, dijo que la empresa negocia esos documentos con los participantes de la primera convocatoria.
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Maldonado indicó que 34 de los 38 proyectos que avanzaron en las fases iniciales ya cuentan con contratos de inversión mixta, fideicomiso, prestación de servicios y administración de operación. La firma de los PPA permitiría iniciar la construcción de las centrales.
CFE conserva al menos 54% de participación en los proyectos
Los contratos mixtos son esquemas de colaboración entre CFE y capital privado para desarrollar infraestructura de generación eléctrica. Estos mecanismos permiten incorporar inversión privada bajo supervisión estatal y conforme a la planeación energética de la SENER.
La condición central es que CFE conserve una participación mínima de 54%, de forma directa o mediante subsidiarias, fideicomisos o vehículos de propósito específico. El socio privado podría tener hasta 46% de la participación del proyecto.
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Los permisos de generación deben solicitarse mediante entidades constituidas en México. Si el inversionista privado pretende vender su participación, CFE tendría derecho del tanto, es decir, prioridad para adquirirla en las condiciones planteadas para la venta.
Cada central tendría que cubrir sus costos de operación, mantenimiento y financiamiento con sus propios ingresos. Este principio de autofinanciamiento busca evitar que el proyecto dependa de recursos adicionales para mantenerse en operación.
La estructura requiere además la aprobación del Consejo de Administración de CFE. Ese órgano debe autorizar la composición del proyecto, los participantes y el modelo financiero antes de que avance la inversión.
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Los contratos definen quién opera las centrales y cómo se vende la energía
Los esquemas mixtos pueden organizarse mediante una sociedad conjunta o un fideicomiso. El modelo descrito por NHG contempla que CFE tenga 54% y el privado 46%, con representación compartida en el consejo de administración y mecanismos de protección para ambas partes.
Los contratos también deben establecer quién opera la central, ya sea CFE o el socio privado. Deben precisar la propiedad de los activos, el calendario de construcción, las condiciones de operación y la forma en que se transferirían bienes para preservar los derechos de la empresa estatal.
Otro punto es la asignación de electricidad. Los proyectos deben definir qué parte de la energía quedaría disponible para compra preferencial de CFE y cuál podría destinarse a la comercialización mayorista. Esa negociación forma parte de los contratos de cobertura eléctrica que la empresa estatal mantiene pendientes.
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Maldonado dijo que los proyectos considerados en la primera convocatoria representan una inversión inicial de 10,000 millones de dólares. De los más de 7,000 MW previstos, alrededor de 4,800 MW corresponderían a generación fotovoltaica; el resto provendría de tecnología eólica y otras fuentes.
Los contratos también reparten los riesgos financieros, de construcción, desempeño y fuerza mayor. Además, deben incluir mecanismos para resolver controversias, incluidos arbitrajes o procedimientos alternativos.
El recibo de luz no cambia en automático con los nuevos proyectos
La puesta en marcha de centrales mixtas podría ampliar la capacidad de generación disponible para CFE y modificar las condiciones bajo las cuales compra electricidad a los proyectos participantes. El objetivo operativo es asegurar el suministro y contar con nueva infraestructura para atender la demanda eléctrica.
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Por ahora, no se anuncia una reducción de tarifas ni se ha fijado un porcentaje de descuento para los usuarios domésticos. Tampoco detallan un mecanismo que traslade de manera directa al recibo de luz los costos o ahorros de cada central.
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