El Gobierno de México afirmó que la Asamblea General de la ONU no prevé ninguna acción posterior sobre la situación de desapariciones en el país, luego de la misión diplomática realizada en Nueva York del 14 al 21 de octubre. Así lo informaron las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) en una conferencia conjunta, donde también reiteraron su rechazo a la interpretación que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) hizo del artículo 34 de la Convención.
Lo que dijo el Gobierno: “ningún país coincidió con el CED”
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, señaló que ningún Estado miembro promovió una acción o resolución de la Asamblea General sobre México y que no existe iniciativa en curso ni procedimiento adicional ante ese órgano.
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Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, afirmó que la Asamblea se limitó a escuchar al presidente del Comité, sin que ningún país coincidiera con su visión. “En consecuencia, no se prevé ninguna acción posterior de la Asamblea General”, dijo.
Ochoa Martínez añadió que México seguirá colaborando con el CED, mediante respuestas a solicitudes de información y la presentación de informes periódicos.
¿Qué es el artículo 34 y cómo llegó el caso a la ONU?
El artículo 34 permite al Comité llevar un asunto a la Asamblea General cuando recibe indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en un Estado parte. El mecanismo fue aplicado por primera vez en el caso de México, país que ratificó la Convención en 2008.
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El procedimiento se activó en 2025, y el Gobierno mexicano lo rechazó públicamente en abril de ese año. El 2 de abril de 2026, el CED publicó su decisión: concluyó que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Las decisiones tomadas bajo este artículo no tienen carácter vinculante.
La postura del Comité
El 20 de octubre, ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, presentó el informe anual. Explicó que su conclusión se basó en información del Estado mexicano, aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, y antecedentes reunidos desde 2012. También reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas y señaló la ausencia de una política federal enfocada en este delito, con un registro nacional que supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas.
Albán describió el artículo 34 como un mecanismo preventivo de alerta que busca movilizar la cooperación internacional, y planteó que corresponde a la Asamblea considerar opciones de apoyo para México.
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Frente a ello, Medina Padilla sostuvo: “Nuestra diferencia es jurídica y sustantiva”. También reiteró que México no consiente ni tolera la desaparición de personas y reconoció el dolor de las familias.
Los resultados de búsqueda que presentó México
El 16 de octubre, la delegación expuso los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda, que según el Gobierno contribuyó a localizar a más de 16 mil personas durante 2026. Entre las cifras reportadas:
- 6 mil 939 localizaciones mediante la Plataforma Única de Identidad.
- 4 mil 787 formalizadas en el Registro Nacional con las entidades federativas.
- mil 214 personas localizadas con vida por la Comisión Nacional de Búsqueda.
- 3 mil 473 mediante el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.
- 161 a partir de 638 solicitudes a sistemas penitenciarios.
En prevención, se reportó la baja de mil 406 contenidos y perfiles digitales y 613 publicaciones vinculadas con posible reclutamiento ilícito. Se informó además de 13 mil 750 atenciones y reuniones con familias y colectivos. Según el Gobierno, todos los nuevos reportes del Registro Nacional cuentan con carpeta de investigación, y especialistas nacionales e internacionales, acompañados por ONU-DH, revisan científicamente sus metodologías.
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Diálogo diplomático y cooperación internacional
La delegación sostuvo 13 reuniones bilaterales con Alemania, Australia, Brasil, Costa Rica, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza y Uruguay. De acuerdo con el Gobierno, esas representaciones reconocieron el liderazgo regional de México en derechos humanos y sus avances en búsqueda.
Con ONU-DH y el Fondo de Población de Naciones Unidas se reafirmó la disposición de ampliar la asistencia técnica en búsqueda e identificación humana, incluido el procesamiento genético, con países como Alemania, Noruega, España y Canadá. México informó también de su colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a sus recomendaciones.
La representante alterna ante la ONU, Jennifer Feller, escuchó las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre desapariciones y acompañamiento a familias buscadoras, y reiteró que los canales de interlocución siguen abiertos.
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Un episodio en la sala
Durante la presentación del informe del CED, un grupo de víctimas fue retirado de la sala tras mostrar fotografías de sus familiares desaparecidos. Albán calificó el hecho de “profundamente lamentable” y afirmó que las familias merecen ser escuchadas.
Lo que sigue
La delegación mexicana estuvo integrada por funcionarios de Segob, SRE, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa. Medina Padilla cerró con un mensaje: “Nuestro compromiso está con las personas desaparecidas y con las familias que esperan respuestas”.
Mientras el Gobierno afirma que el asunto no tendrá más trámite en la Asamblea General, el Comité sostiene que corresponde a ese órgano valorar la cooperación internacional. El tema sigue sin una posición coincidente entre ambas partes.
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