El actor Sebastián Rulli enfrenta un nuevo desencuentro legal ante versiones de una demanda contra Cecilia Galliano para reducir la pensión de su hijo, hecho que revive la demanda penal y civil que ambos sostuvieron tras su divorcio.
El convenio de alimentos pactado tras la separación en 2011 establece que el actor debe destinar el 30% de sus ingresos brutos para los gastos escolares y personales del adolescente, quien cursa la preparatoria fuera del país.
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Estimaciones del medio artístico señalan que las percepciones del protagonista de telenovelas rondan los 10,000,000 de pesos por cada proyecto televisivo, una suma que elevó los depósitos mensuales y reactivó las discrepancias económicas entre los dos artistas.
La venta de una camioneta originó la primera disputa
La primera confrontación judicial entre ambos ocurrió en 2012, meses después de disolver su matrimonio civil de tres años. Rulli promovió un juicio mercantil y una denuncia penal contra Galliano por la presunta venta irregular de una camioneta Hummer negra modelo 2006.
El vehículo estaba valuado en 800,000 pesos, el actor argumentó ante el Ministerio Público que la camioneta pertenecía a su patrimonio personal y que nunca autorizó la enajenación de la unidad a un tercero.
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Galliano sostuvo durante el proceso que Sebastián Rulli le regaló la unidad durante el matrimonio, la actriz afirmó que vendió el vehículo para cubrir compromisos financieros derivados de la mudanza y la adquisición de su nueva casa tras la ruptura conyugal.
Peritajes y dos años de disputa en los tribunales
El conflicto escaló a instancias técnicas cuando el actor desconoció la firma plasmada en el endoso de la factura original. Rulli acusó formalmente una falsificación de documento privado y exigió la restitución del valor monetario del automóvil.
El juzgado ordenó desahogar pruebas periciales en materia de documentoscopía y grafoscopía. Especialistas adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal analizaron muestras de escritura de ambas partes para validar los trazos en la factura.
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Durante más de dos años, los dictámenes periciales presentaron contradicciones entre los peritos independientes y los peritos oficiales.
La defensa del actor insistió en que el trazo no correspondía a su puño y letra, mientras Galliano defendió la autenticidad del endoso.
En 2014, los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia determinaron que la firma en la factura pertenecía al actor.
La resolución absolutoria exoneró a Galliano de cualquier responsabilidad civil o penal por la venta del vehículo.
La conductora ganó la última instancia judicial luego de que los tribunales federales desecharon los recursos de apelación promovidos por los abogados de Rulli, lo que cerró el expediente patrimonial abierto tras la separación.
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Las reglas de la ley mexicana para modificar una pensión de alimentos
El nuevo diferendo por la manutención de Santiago, de 16 años, traslada la pugna al terreno del derecho de familia en la Ciudad de México.
El Código Civil local estipula que las obligaciones alimentarias se rigen bajo el principio de proporcionalidad.
Este principio legal obliga al juez a tasar el monto según la posibilidad económica del deudor y la necesidad real del acreedor. Las determinaciones de pensión alimenticia no son inmutables y admiten revisión ante cambios comprobables en las finanzas de las partes.
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Para que un juez familiar autorice la reducción de un porcentaje fijado años atrás, el promovente debe demostrar una disminución real en sus ingresos o que las necesidades del hijo quedaron cubiertas con una cantidad menor.
El hecho de que el menor estudie en el extranjero influye en el cálculo judicial. Colegiaturas, hospedaje, alimentación y seguro médico fuera del país forman parte del balance que el juzgador debe evaluar para determinar si la cifra actual resulta desproporcionada.
El trámite procesal mantiene los pagos sin cambios automáticos
La notificación o el inicio de una demanda de reducción no altera de forma inmediata el esquema de pagos vigente desde 2011.
El deudor debe continuar con las transferencias del porcentaje pactado hasta que un juez emita una sentencia firme.
El procedimiento civil requiere el desahogo de estudios socioeconómicos actualizados para ambas partes.
Los juzgados familiares solicitan informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al SAT, para acreditar los ingresos reales del demandante.
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Hasta el momento, los dos involucrados se mantienen sin emitir posturas públicas sobre el estado del expediente familiar.
El caso continúa en los tribunales a la espera de contestaciones de demanda o acuerdos entre las representaciones legales.
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