La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pasó de un rechazo categórico al fracking heredado de sus compromisos de campaña a la formación de un Comité de especialistas para el análisis de la explotación de gas natural no convencional mediante la fractura hidráulica, bajo el argumento de “fracking sustentable”.
“No se puede hacer un fracking compatible con la salud planetaria”, sostuvo Emiliano Hersch Gónzalez, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en relación a la propuesta de analizar la aplicación de esta técnica en el país. Junto con María Rivero Treviño y Horacio Riojas Rodríguez, también investigadores del INSP, revisaron evidencia disponible sobre los efectos de la fracturación hidráulica, y no encontraron estudios que permitan sostener que puede realizarse sin daños ambientales o sanitarios.
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No hay frackin inofensivo
Hersch González explicó en entrevista con Infobae México que la revisión partió de una pregunta central:
“¿Se puede hacer fracking sin dañar la salud de los humanos o la estabilidad del planeta Tierra a largo plazo? Nosotros no encontramos evidencia que sugiera que sí“, afirmó.
La síntesis elaborada por los investigadores identificó riesgos ambientales para la salud a lo largo de todo el proceso de extracción no convencional de hidrocarburos. Entre ellos están el consumo y la contaminación de agua, manejo de residuos complejos, sismicidad inducida y altas emisiones de metano.
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Aunque Rivero Treviño y Hersch González advirtieron que los resultados de estudios realizados en otros países no pueden aplicarse automáticamente a las cuencas mexicanas, también señalaron que no hay evidencia que respalde la posibilidad de una aplicación sin impactos.
Por ello, ante el anuncio de la presidenta de México sobre la posibilidad de implementar un fracking sustentable, Hersch sostuvo que, mientras no existan pruebas que respalden esa afirmación, los investigadores se posicionan “contra el mismo”, dijo Hersch González.
Riesgos para la salud, el agua y comunidades vulnerables
María Rivero Treviño advirtió en entrevista que los efectos más consistentes en la evidencia epidemiológica se observan en la salud reproductiva y perinatal, además de afecciones respiratorias y algunos cánceres pediátricos.
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“Una de las preocupaciones más grandes es que esto afecta principalmente a la población infantil”, dijo. También señaló que las comunidades cercanas a los pozos suelen enfrentar vulnerabilidades previas, como acceso deficiente a servicios de salud y agua.
La síntesis identifica asociaciones entre vivir cerca de operaciones de extracción no convencional y partos prematuros, exacerbaciones de asma, sibilancias y algunos cánceres infantiles. El documento aclara que la evidencia disponible muestra asociaciones y no permite afirmar causalidad directa.
Otro de los puntos de preocupación es la cantidad de agua que requiere esta técnica. De acuerdo con el documento, un pozo típico puede necesitar entre seis y 60 millones de litros de agua al año, una demanda que podría agravar la presión sobre las reservas hídricas, especialmente en regiones donde el acceso a este recurso ya es limitado.
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A esto se suma el riesgo de contaminación. El agua que regresa a la superficie tras la fractura, así como la que permanece en el subsuelo y posteriormente se extrae, puede contener sales, metales, hidrocarburos, materiales radiactivos de origen natural y residuos de aditivos químicos. Su manejo —desde el transporte y almacenamiento hasta la reutilización o inyección en el subsuelo— puede provocar derrames, contaminar el entorno y generar sismos inducidos.
La revisión también señala que los efectos de estas actividades pueden afectar de manera desigual a la población. Las operaciones suelen concentrarse en comunidades rurales y localidades con menor poder económico y político, donde la cercanía de los pozos y la infraestructura petrolera puede agravar las desigualdades que sus habitantes ya enfrentan.
¿Por qué cuestionan el concepto de fracking sustentable?
Hersch González reconoció en entrevista que existen alternativas para reducir el consumo de agua en la fracturación hidráulica, como el dióxido de carbono supercrítico o el nitrógeno líquido, pero advirtió: “Que estas tecnologías existan no quiere decir que sean aplicables al contexto mexicano”, afirmó.
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El investigador sostuvo que esas alternativas se han probado en condiciones específicas y no se usan de forma generalizada en las operaciones de fracking. También señaló que el nitrógeno líquido resulta 70 veces más caro que el agua utilizada en el método convencional.
Hersch González consideró que el debate no puede limitarse a la existencia de herramientas de mitigación. “Si tú me preguntas cuál es nuestra opinión científica sobre esta afirmación de Sheinbaum, pues más bien es que no hay un fundamento científico”, dijo.
Rivero Treviño agregó que las medidas de mitigación desarrolladas hasta ahora no permiten sostener que puedan reducir de manera suficiente los impactos ambientales y sanitarios.
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La revisión concluye que ningún país ha demostrado en la práctica un fracking libre de impactos ambientales y sanitarios.
Condiciones mínimas: consulta, transparencia y monitoreo
Aunque los investigadores señalan que no existe evidencia suficiente para considerar sustentable la fractura hidráulica, plantearon condiciones mínimas que el Gobierno de México debería cumplir si decide avanzar con proyectos de este tipo.
Una de las principales medidas es garantizar una consulta informada y participativa en las comunidades donde se pretenda desarrollar esta actividad. Hersch González destacó la importancia de este proceso, mientras que Rivero Treviño subrayó que la participación ciudadana debe mantenerse durante todas las etapas de los proyectos.
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La investigadora también propuso aplicar rigurosamente el Acuerdo de Escazú, con el objetivo de garantizar que las poblaciones sean consideradas en las decisiones sobre actividades industriales que puedan afectar su entorno. “Nos debe encaminar hacia poner siempre a las comunidades como sujetos centrales en cualquier desarrollo industrial que tenga un impacto ambiental”, afirmó.
Acceso a la información y monitoreo ambiental, claves ante el fracking
La transparencia sobre las operaciones del fracking es otra de las condiciones planteadas por los especialistas. Hersch González señaló que la población debe conocer la composición del gas extraído, las sustancias químicas empleadas, el volumen de agua requerido y el destino de las aguas residuales.
“Si no tenemos esa información tan básica, pues nos están vendando los ojos a qué está pasando, cuáles son los riesgos”, dijo.
Por su parte, Rivero Treviño sostuvo que el acceso a estos datos es indispensable para que las comunidades puedan intervenir en las decisiones que afectan sus territorios. “Siempre va a ser la manera de empoderar a una comunidad, siempre va a ser garantizándoles el acceso a la información”, señaló.
Entre las medidas propuestas se encuentra establecer un monitoreo ambiental y sanitario periódico. Hersch González planteó medir los contaminantes presentes en los pozos y sus alrededores, así como en el agua y el aire, además de evaluar la posible exposición de quienes viven cerca de las operaciones.
Hersch González sostuvo que el debate sobre el fracking en México no debe partir de la idea de aplicar la técnica y corregir sus efectos si aparecen daños. Por el contrario, afirmó que primero debe demostrarse que la actividad es segura antes de autorizar su explotación. El investigador identificó este criterio como el principio precautorio.
Energías renovables, una alternativa para la soberanía energética de México
Ante estos desafíos, Hersch González planteó que la búsqueda de soberanía energética podría orientarse hacia el desarrollo de fuentes renovables y de tecnología propia.
“Quizás más bien lo que tendríamos que estar haciendo es invertir en energías renovables”, afirmó.
El investigador también propuso impulsar la investigación y el desarrollo nacionales para producir tecnologías como los paneles solares. “¿Por qué no más bien vamos por ahí explorando?”, planteó.
Sobre la participación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en el comité anunciado por el Gobierno, Hersch González señaló que no tienen conocimiento de que algún investigador, equipo del organismo o integrante de la red haya sido convocado. Sin embargo, indicó que, durante conversaciones informales dentro del Departamento de Salud Ambiental del INSP, ha identificado interés en participar si existe apertura para incorporar esta perspectiva.
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