La organización Red TDT acusó que la consulta impulsada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para elaborar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se realiza con actos de simulación y sin condiciones que garanticen la libre determinación, la autonomía y los derechos colectivos de las comunidades.
Las organizaciones sostienen que la participación en las asambleas convocadas no equivale a una aceptación del proceso.
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“Asistir no significa aprobación”, advierten al rechazar que la presencia de pueblos y comunidades pueda interpretarse como validación de la consulta.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” señala que la futura legislación debe construirse con respeto pleno a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La asistencia a las asambleas no valida el proceso, sostienen colectivos
De acuerdo con la Red TDT, diversas comunidades reportan deficiencias en los tiempos, las formas de convocatoria, la información disponible y la pertinencia cultural de las reuniones promovidas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
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Las organizaciones también afirman que no existen condiciones suficientes para que las comunidades realicen una deliberación propia.
Señalan que algunas decidieron no participar, mientras otras manifestaron que no permitirán asambleas regionales como protesta por acciones y omisiones que, aseguran, vulneran sus derechos.
El colectivo sostiene que el procedimiento no cumple con los estándares nacionales e internacionales para una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
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También plantea que la consulta debe desarrollarse mediante las instituciones representativas y los mecanismos propios de los pueblos, sin sustituir sus formas de organización ni limitar sus decisiones colectivas.
La Red TDT pide al INPI reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. En ese sentido, rechaza que se pretenda suplir su participación mediante figuras como el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y el Comité de expertos.
Las organizaciones cuestionan que el proceso pueda responder a lógicas político-partidistas ajenas a los derechos de los pueblos.
Añaden que personas asistentes a algunas reuniones denunciaron esas prácticas durante los encuentros a los que fueron convocadas.
Las observaciones deben ser públicas y tener seguimiento
La Red TDT demanda que las propuestas, desacuerdos, observaciones y decisiones expresadas en las asambleas sean reconocidas y consideradas antes de enviar una iniciativa al Congreso.
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El Estado, sostiene el pronunciamiento, tiene la obligación de sistematizar esas aportaciones, hacerlas públicas y establecer mecanismos de trazabilidad para conocer si fueron incorporadas, modificadas o descartadas durante la elaboración de la iniciativa.
Las organizaciones señalan que algunas expresiones de desacuerdo fueron descalificadas y criminalizadas en ciertos foros.
Por ello, exigen que las posturas de las comunidades no sean tratadas como un obstáculo, sino como parte del proceso de construcción de la ley.
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La propuesta, indican, debe surgir de una ruta de diálogo y participación de buena fe acordada con los propios pueblos y comunidades. Esa ruta tendría que respetar sus tiempos, lenguas, instituciones y formas de tomar decisiones.
La Red TDT plantea que el contenido de la futura Ley General debe respetar el principio de no retroceso y desarrollar los derechos ya reconocidos bajo el estándar de protección más amplio.
Entre los temas que la legislación debe fortalecer, las organizaciones mencionan la libre determinación y la autonomía; los derechos sobre tierras, territorios, agua y bienes naturales; la consulta y el consentimiento; los sistemas normativos y las autoridades propias, así como la protección del patrimonio cultural.
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El colectivo sostiene que no deben prevalecer los intereses del Estado ni de corporaciones privadas sobre los derechos de los pueblos originarios, a quienes identifica como guardianes de la tierra y el territorio desde tiempos ancestrales.
La legislación, añade, debe armonizar los derechos reconocidos en la Constitución, las leyes nacionales, los tratados internacionales de los que México forma parte y la jurisprudencia interamericana.
También pide que esos derechos cuenten con garantías presupuestales, institucionales y administrativas para que puedan ejercerse de forma efectiva.
A 30 años de la aprobación de los Acuerdos de San Andrés, las organizaciones consideran que la oportunidad de contar con una Ley General no debe cerrarse con un procedimiento que califican como insuficiente.
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La Red TDT propone retomar el proceso desde la base y construir una relación horizontal y permanente entre el Estado y los pueblos. Plantea que las comunidades participen durante todas las etapas: desde la elaboración de la iniciativa y la consulta hasta la discusión legislativa.
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