El Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que votará contra la llamada Ley Antimemes y acusó que la reforma puede abrir la puerta a sanciones contra quienes publiquen burlas, sátiras o comentarios humorísticos sobre el gobierno, actualmente encabezado por Claudia Sheinbaum.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN; junto con Ricardo Anaya y Elías Lixa, coordinador de la bancada panista en el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, expresó su rechazó a la propuesta y acusó que atenta contra la libertad de expresión.
PUBLICIDAD
Esto, aunque el dictamen aprobado en comisiones limita el delito al uso de signos oficiales para hacer pasar una comunicación como auténtica.
El PAN anticipa su rechazo a la Ley Antimemes
En un video publlicado en X, Elías Lixa afirmó que la bancada panista en San Lázaro no acompañará la propuesta, comparando los posibles efectos de la norma con una prohibición de las caricaturas políticas y sostuvo que el Congreso no debe aprobar una legislación que, a su juicio, podría castigar expresiones críticas.
“Esto literalmente es como prohibir las caricaturas políticas. Y esto, por supuesto que no lo podemos permitir”, expresó Lixa en el video difundido por el partido.
PUBLICIDAD
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados también anunció la posición que asumirá su grupo parlamentario cuando la reforma llegue a esa instancia.
“Anunciamos claramente que en el PAN vamos a votar en contra de esta ley presidencial”, afirmó.
Lixa dirigió una crítica al Gobierno federal por su reacción ante los contenidos satíricos que circulan en redes sociales.
“Si les incomodan los memes, dejen de dar motivos”, señaló el diputado panista.
Jorge Romero cuestiona las penas de prisión
En la misma publicación, Romero Herrera afirmó que la iniciativa podría llevar a prisión a quienes realicen memes o contenidos críticos.
“¿Sabes que te quieren meter hasta por siete años a la cárcel si te atreves a hacer una burla, una sátira, algún comentario chusco o a que hagas algún meme del Gobierno?”, dijo.
PUBLICIDAD
Romero pidió revisar el contenido de la reforma y rechazó que el Estado recurra a castigos penales frente a expresiones de desacuerdo.
Según planteó, la discusión debe concentrarse en los límites de la iniciativa y en sus posibles consecuencias para la crítica política.
“Lo que no vamos a aceptar es que pretendan resolver con amenazas de cárcel lo que no pueden defender con argumentos”, manifestó el dirigente del PAN.
PUBLICIDAD
La referencia a una pena de hasta siete años corresponde a la propuesta inicial presentada ante el Congreso.
Esa versión contemplaba entre tres y siete años de prisión, además de multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización, para quien usara o imitara elementos oficiales con una finalidad comercial y engañosa.
Ricardo Anaya señala el artículo 403 Bis
Por su parte, en el video, Ricardo Anaya Cortés centró su crítica en el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y sostuvo que esa disposición representa una amenaza para quienes cuestionen al poder mediante contenidos digitales o expresiones públicas.
PUBLICIDAD
“Revisa el 403 Bis de la Ley de Propiedad Industrial. Eso es precisamente lo que ellos quieren convertir en ley”, dijo Anaya.
El senador calificó la propuesta como un posible acto de censura y afirmó que una democracia no debe sancionar penalmente la crítica.
“Eso es precisamente una dictadura. Vivir en un país donde te meten a la cárcel por decir la verdad”, expresó.
Anaya también respondió a lo que describió como molestia oficial frente a los cuestionamientos.
El legislador sostuvo que el Gobierno debe enfrentar las críticas con resultados y no con reglas que puedan ser usadas contra la oposición, ciudadanos o creadores de contenido.
PUBLICIDAD
“Presidenta, si les molestan tanto las críticas, respondan con resultados”, afirmó el panista.
La reforma enviada por Claudia Sheinbaum
La iniciativa fue enviada al Congreso en mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su propósito es modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para atender compromisos previstos en el capítulo 20 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), relacionado con propiedad intelectual.
La propuesta original planteaba castigar a quien utilizara, reprodujera o imitara, con fines comerciales, logotipos, dominios electrónicos o signos oficiales de cualquier nivel de Gobierno para engañar o actuar con una intención maliciosa.
PUBLICIDAD
El proyecto inicial fijaba una pena de tres a siete años de prisión. También contemplaba una multa de entre mil y 10 mil Unidades de Medida y Actualización.
La oposición bautizó la iniciativa como Ley Antimemes y advirtió que su redacción podía permitir acciones contra ciudadanos, comediantes, caricaturistas y creadores de contenido que emplearan imágenes o referencias institucionales para cuestionar a las autoridades.
La senadora panista Lilly Téllez sostuvo que el dictamen podría abrir la puerta a perseguir a personas que recurran a elementos visuales de instituciones públicas con un propósito satírico o de crítica política.
Senado redujo el rango de las sanciones
El 23 de septiembre, las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron cambios a la iniciativa. La decisión obtuvo 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones.
El ajuste redujo las penas previstas en el proyecto. El texto que será discutido por el pleno del Senado contempla prisión de uno a cinco años, en vez del rango inicial de tres a siete años.
El dictamen establece que la conducta sancionable ocurre cuando una persona reproduzca, imite o incorpore logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de dependencias de los tres órdenes de Gobierno para hacerlos pasar como auténticos.
Javier Corral Jurado, senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, defendió los cambios aprobados. El legislador afirmó que la nueva redacción busca evitar interpretaciones que presenten el proyecto como un castigo a la burla, la sátira o la crítica.
La propuesta precisa que el delito se configuraría solo si se usan elementos institucionales para inducir a error sobre el carácter oficial de una comunicación o de una plataforma.
PUBLICIDAD