El conglomerado Simsa negó ser propietario de los más de 59 millones de litros de hidrocarburo hallados en su terminal de San José Iturbide, en Guanajuato, bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). La empresa sostuvo en un comunicado que su función se limita al almacenamiento de combustible de terceros, tras un cateo autorizado por un juez federal que derivó de la detención de un chofer el 3 de julio pasado en una gasolinera de San Luis de la Paz, donde no pudo acreditar la procedencia de 33 mil litros de diésel que transportaba.
La pesquisa escaló de ese primer arresto hasta convertirse en el mayor aseguramiento de hidrocarburo con origen no comprobado en la historia reciente del país, según informó la FGR a través de un comunicado oficial.
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Simsa distingue la terminal del combustible almacenado
Gas Natural del Noreste, empresa propietaria de Simsa, precisó que la terminal opera como prestadora de un servicio de almacenamiento de petrolíferos para compañías asociadas. La compañía afirmó que la instalación cuenta con todos los permisos correspondientes ante las autoridades federales, estatales y municipales.
“La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales”, sostuvo Simsa en su comunicado.
La empresa añadió que los clientes de la terminal son permisionarios de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Para utilizar las instalaciones, esos clientes deben acreditar la propiedad, la procedencia legítima y la calidad de los combustibles que depositan.
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Los especialistas en energía Gonzalo Monroy y Arnoldo Cuéllar respaldaron esa distinción ante Infobae. Ambos explicaron que este tipo de instalaciones opera mediante contratos de depósito y que el operador no necesariamente compra, vende ni fija el precio de los hidrocarburos que resguarda.
Los expertos precisaron además que los 59.036.870 litros localizados en 10 tanques corresponden a inventarios almacenados para compañías internacionales. Sostuvieron que el volumen, por sí mismo, no permite concluir que se trate de combustible de contrabando.
Entre las empresas que utilizan este tipo de infraestructura, los especialistas mencionaron a ExxonMobil, Shell y Marathon Petroleum. La propiedad concreta de cada volumen continúa pendiente de acreditarse dentro de la investigación.
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La FGR ejecutó tres cateos a partir de una sola detención en julio
El Ministerio Público Federal autorizó técnicas de investigación a partir de la detención del chofer en San Luis de la Paz. Esas diligencias permitieron rastrear una red de distribución vinculada al mismo propietario en distintos puntos del estado de Guanajuato.
La FGR ejecutó tres órdenes de cateo derivadas de la misma pesquisa, de acuerdo con el comunicado de la dependencia. La primera se realizó en la gasolinera de San Luis de la Paz, donde inició todo el proceso.
El segundo cateo se llevó a cabo en un inmueble de despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo, propiedad del mismo dueño identificado en la primera diligencia. La tercera intervención, la de mayor magnitud, se ejecutó en un predio ubicado en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide.
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En ese tercer inmueble se concentró la totalidad del volumen reportado: 10 contenedores cilíndricos de gran capacidad, siete unidades de transporte y una caja con documentación contable. En las diligencias participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato.
El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, confirmó el operativo en sus redes sociales antes del comunicado oficial de la FGR. En entrevista con el programa de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el funcionario afirmó: “No se trató de un pitazo, ni de un golpe de suerte ni algo al azar, esto nace de una investigación”.
El producto asegurado se distribuye en tres tipos de combustible, según los datos difundidos tras las diligencias: 33,5 millones de litros de gasolina regular, 7,2 millones de litros de gasolina premium y 18,2 millones de litros de diésel. El volumen total equivale a llenar 371 mil barriles de Petróleos Mexicanos (Pemex).
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Sheinbaum confirma que la investigación no ha concluido y García Harfuch anticipa detenciones
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el viernes que la investigación “no ha terminado” y explicó que las autoridades todavía buscan establecer de dónde procedía el combustible y hacia dónde se dirigía. La mandataria también negó que el caso esté relacionado con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anticipó que habrá detenciones conforme avance la investigación y se definan las posibles responsabilidades penales. La FGR informó que el origen del combustible no ha sido acreditado y mantiene abiertas las diligencias para determinar su procedencia, propiedad y trazabilidad.
El expediente quedó integrado con los vehículos, la documentación contable y las facturas asegurados durante los tres cateos. Las autoridades ministeriales y judiciales determinarán responsabilidades conforme a derecho, bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.
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El hallazgo supera por amplio margen los antecedentes más recientes de este tipo de operativos en el país. La cifra equivale a 3,8 veces el aseguramiento de 15.480.000 litros distribuidos en 129 carrotanques ferroviarios en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, en julio de 2025, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana calificó entonces como el de mayor magnitud de la administración federal en curso.
A nivel estatal, el volumen representa 35 veces el mayor decomiso de huachicol registrado previamente en Guanajuato, ocurrido en octubre de 2025 en un predio sobre la carretera Silao-San Felipe. También supera en cinco veces el caso de un buque detectado en marzo de 2025 en Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel, que dio origen a la investigación conocida como huachicol fiscal.
Simsa sostuvo que los propietarios del combustible deben demostrar su origen legal antes de utilizar la terminal. La documentación de los productos almacenados permanece bajo revisión mientras la FGR avanza en la cuantificación técnica del hidrocarburo.
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El caso deja abierta la pregunta central de la investigación: quién es el dueño real de los 59 millones de litros y si ese propietario puede acreditar su procedencia legítima. La respuesta determinará si la FGR procede con cargos bajo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos o bajo el Código Fiscal de la Federación.
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