Sismicidad inducida, daño social y contaminación: estos son los riesgos del fracking en México, según activistas y especialistas

La presentación de los Primeros Resultados del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional provoca críticas de organizaciones y especialistas, quienes advierten que el desarrollo de pozos piloto de fracking en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas representa riesgos sociales, ambientales y de salud, según la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Universidad Iberoamericana.

De acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking, la decisión del gobierno de avanzar con el fracking en el noreste del país ocurre en medio de una crisis hídrica y ambiental, agravada por la reciente explosión del pozo de gas Krem-1.

La organización denuncia que la medida incumple el compromiso de prohibir el fracking y advierte que la operación de estos pozos podría requerir más de 25 mil perforaciones y el uso de mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce para extraer solo el 10% de los recursos prospectivos.

Riesgos para el agua y la salud, según activistas

La Alianza Mexicana contra el Fracking señala que el 65% del agua requerida para el fracking se encuentra en regiones donde la actividad consumiría entre el 50% y el 100% del agua local disponible, lo que implica que ocho de cada 10 litros utilizados generarían condiciones de riesgo hídrico grave.

A esto se suma que más de 6 millones de personas viven en áreas con potencial de explotación o dentro de su radio de impacto, lo que pone en riesgo su acceso al agua y su salud por exposición a contaminantes.

Organizaciones sostienen que las tecnologías propuestas para reducir el impacto ambiental, como el uso de agua salobre o espuma de dióxido de carbono, no eliminan los riesgos.

Científicos nacionales e internacionales han advertido que persisten amenazas para los acuíferos, sismicidad inducida y emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero más dañinos para el clima y la salud.

Comunidades indígenas y campesinas de San Luis Potosí y Veracruz han manifestado su rechazo a cualquier modalidad de fracking.

En la Huasteca potosina, pueblos tenek y nahuas participaron en una consulta autónoma que concluyó en oposición total a la extracción con esta técnica.

El modelo extractivo y sus consecuencias sociales

Investigaciones de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México documentan que los megaproyectos de extracción, incluido el fracking, provocan rupturas del tejido social, despojo territorial, desplazamientos y degradación ambiental.

El estudio, realizado por especialistas de la IBERO, señala que la violencia asociada a estos proyectos incluye criminalización de la protesta y desplazamientos forzados.

La evidencia recogida en diversos territorios muestra que los beneficios económicos prometidos no llegan necesariamente a las comunidades afectadas.

Las organizaciones exigen la prohibición constitucional del fracking y la inclusión efectiva de las comunidades en cualquier discusión sobre el uso de esta técnica.

El comité científico recomienda descartar la explotación en la Cuenca Tampico-Misantla, considerada inviable social y ambientalmente, y continuar la evaluación en otras regiones del noreste.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que toda producción deberá evitar el uso de agua dulce destinada a consumo humano y realizarse con consulta pública, pero la Alianza Mexicana contra el Fracking asegura que los procesos no han incluido a las comunidades directamente afectadas.