El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado un giro táctico dentro de su estrategia para desmantelar las estructuras del crimen organizado transnacional. En el marco de un paquete masivo de acciones contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Casa Blanca y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) no solo fijaron una bolsa histórica de 102 millones de dólares en recompensas por la cúpula de la organización, sino que activaron una ofensiva directa contra el círculo cero de los capos: sus familias y sus aliados comerciales.
La medida impone restricciones de visa a un grupo de 65 personas identificadas como familiares directos, socios personales y colaboradores financieros cercanos a los integrantes sancionados del cártel. Con este movimiento, Washington busca asfixiar la infraestructura civil que sostiene el estilo de vida, el lavado de dinero y la movilidad internacional de la red criminal más agresiva de la región.
El fin del blindaje para las familias y los prestanombres
De las 65 personas identificadas en este último informe, las autoridades estadounidenses confirmaron que 26 contaban con visados vigentes para ingresar de manera legal a territorio estadounidense, los cuales fueron revocados con efecto inmediato. Esta acción responde al endurecimiento de la política de restricción de movilidad impulsada desde junio de 2025, la cual acumula hasta la fecha un total de 93 visas canceladas a parientes y socios de narcotraficantes vinculados a organizaciones catalogadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
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La estrategia parte de una premisa clara: los miembros de las organizaciones dedicadas al tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina no pueden continuar utilizando el sistema bancario, inmobiliario ni los espacios de esparcimiento de Estados Unidos para disfrutar de las ganancias ilícitas generadas por el narcotráfico. Al extender las sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14059, el gobierno estadounidense coloca en la mira a esposas, hijos, hermanos, operadores financieros y prestanombres que históricamente han funcionado como fachada para la adquisición de bienes raíces, empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.
Esta asfixia sobre la red de facilitadores complementa la persecución penal lanzada por el Departamento de Justicia (DOJ), la Agencia Antidrogas (DEA), el FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). La presión diplomática y migratoria busca generar fisuras internas en el grupo delictivo, privando a los líderes de la logística de protección que sus redes familiares y comerciales solían garantizarles fuera de México.
Un cerco integral contra la cúpula del CJNG
La ofensiva migratoria corre de manera paralela al anuncio de recompensas sin precedentes por la captura de los líderes operativos del CJNG. Tras confirmarse el fallecimiento de su fundador, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la recompensa por Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” e hijastro del capo difunto, se elevó a 25 millones de dólares, posicionándolo como el objetivo principal de la DEA.
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Asimismo, la lista de los más buscados incluye figuras clave de la estructura criminal como Audias Flores Silva (“El Jardinero”), Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”) y el yerno de Oseguera Cervantes, Julio Alberto Castillo Rodríguez (“El Chorro”), por quienes se ofrecen hasta 15 millones de dólares individualmente. Otros perfiles operativos como Ricardo Ruiz Velasco (“El Tripa”), Julio César Montero Pinzón (“El Tarjetas”) y Carlos Andrés Rivera Varela (“La Firma”) cuentan con cotizaciones de 10 millones de dólares sobre sus cabezas, mientras que por Griselda Margarita Arredondo Pinzón se fijó un monto de hasta 2 millones de dólares.
A través del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) —que celebra 40 años de operaciones— y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), las autoridades estadounidenses han habilitado canales confidenciales vía telefonía, correo electrónico y aplicaciones con cifrado extremo como WhatsApp, Signal y Threema. La señal enviada por Washington es contundente: el combate al narcotráfico ya no se limita a la interceptación de cargamentos o a la captura de sicarios en el campo, sino a la neutralización completa del ecosistema social, familiar y mercantil que permite a estas organizaciones operar como verdaderas corporaciones transnacionales.