Un tribunal de enjuiciamiento de Guanajuato dictó una sentencia considerada histórica al condenar al abogado Edgar Francisco Franco Ríos a mil 18 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude cometido en perjuicio de 107 personas, a quienes engañó con la promesa de venderles inmuebles sobre los que no tenía ningún derecho legal.
La resolución representa la pena más alta impuesta por un tribunal de enjuiciamiento en la historia del estado y, además de la condena de prisión, obliga al sentenciado a pagar más de 33 millones de pesos por concepto de reparación integral del daño ocasionado a las víctimas.
El Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, calificó el fallo como una sentencia histórica y destacó que el objetivo principal fue garantizar justicia para las personas afectadas y asegurar que recuperen el dinero obtenido ilícitamente por el ahora sentenciado.
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Las investigaciones establecieron que Edgar Francisco Franco Ríos operaba el esquema de fraude desde el despacho jurídico “Punto Legal”, ubicado en la ciudad de León, donde ofrecía supuestas oportunidades para adquirir viviendas a precios muy por debajo de su valor comercial.
Así operaba el fraude inmobiliario
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el abogado utilizó diversos mecanismos para convencer a decenas de personas de entregar importantes cantidades de dinero a cambio de propiedades que, en realidad, nunca podía vender.
Las investigaciones ministeriales demostraron que el hoy sentenciado promocionaba inmuebles mediante redes sociales y plataformas de compraventa en internet, presentándolos como supuestas casas de remate o propiedades provenientes de procedimientos judiciales.
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Según los testimonios de las víctimas, las viviendas eran ofertadas por cantidades que oscilaban entre 200 mil y 250 mil pesos, pagaderos de contado, lo que hacía parecer que se trataba de oportunidades únicas para adquirir una casa a bajo costo.
Para generar confianza, Franco Ríos mostraba documentación que aparentemente estaba respaldada por notarios públicos y aseguraba que los inmuebles se encontraban disponibles para su venta.
Sin embargo, las investigaciones acreditaron que las propiedades no estaban sujetas a ningún procedimiento judicial de remate y que el abogado carecía por completo de facultades legales para comercializarlas.
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La Fiscalía sostuvo que el fraude fue cometido de manera sistemática y consecutiva contra 107 personas, quienes entregaron recursos económicos bajo el engaño de obtener la propiedad de los inmuebles ofrecidos.
La pena supera los mil años, aunque la ley fija un límite
La condena se integró a partir de dos sentencias emitidas por el mismo tribunal durante los días 26 y 30 de junio de 2026.
En la primera resolución, Edgar Francisco Franco Ríos fue condenado a 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que en la segunda recibió otros 580 años de cárcel, lo que dio un total de mil 18 años y cuatro meses por el delito de fraude.
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No obstante, la legislación penal vigente en Guanajuato establece que el tiempo máximo que una persona puede permanecer privada de la libertad es de 80 años, por lo que esa será la pena efectiva que podrá compurgar, aun cuando las condenas individuales por cada víctima sumen más de un milenio.
Para la Fiscalía, el verdadero alcance de la resolución no radica únicamente en la duración de la pena, sino en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en la obligación impuesta por el tribunal para que el responsable devuelva íntegramente el dinero obtenido mediante el engaño.
Más de 33 millones de pesos por reparación del daño
Además de la condena de prisión, el tribunal ordenó al sentenciado cubrir una reparación integral del daño superior a los 33 millones de pesos.
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El fallo establece el pago de 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material, 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados a las víctimas.
Las autoridades estatales señalaron que esta resolución busca no sólo sancionar uno de los fraudes inmobiliarios más grandes registrados en Guanajuato, sino también enviar un mensaje de que los delitos patrimoniales de gran escala pueden derivar en sanciones ejemplares cuando las investigaciones logran acreditar cada uno de los hechos denunciados.
Con esta sentencia, el caso de Edgar Francisco Franco Ríos se convierte en uno de los precedentes judiciales más relevantes del estado por el número de víctimas involucradas, el monto del daño económico ocasionado y la magnitud de la pena impuesta por el tribunal.
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