Durante años, una estructura de protección gubernamental permitió que el Cártel de Sinaloa operara a plena vista, llevando a que esta organización criminal traficara con fentanilo valuado en miles de millones de dólares hacia Estados Unidos y consolidándose como uno de los grupos delictivos más poderosos del mundo.
El sistema, según testimonios recogidos por el medio The New York Times, funcionó mediante complicidad entre autoridades locales, estatales y federales, quienes facilitaban el paso de droga y armas, protegían a dirigentes y realizaban detenciones selectivas de rivales.
EEUU apunta a gobernador y otros 9 funcionarios
El mes pasado, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación que señala directamente al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve políticos estatales, actuales y anteriores, a quienes relaciona con el cártel a través de una supuesta red de sobornos y negociaciones políticas que habrían favorecido, durante años, la operación del grupo en ese estado.
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De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la facción conocida como Los Chapitos, encabezada por hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, intervino en la elección de 2021 robando boletas y secuestrando candidatos opositores, lo que habría favorecido la llegada de Rocha al gobierno.
Una vez en el cargo, Rocha habría posicionado a funcionarios afines en puestos estatales y municipales estratégicos para garantizar protección al grupo criminal.
Pese a más de 200 denuncias documentadas de intimidación armada, robo de boletas y secuestros de candidatos durante ese proceso electoral, las autoridades electorales locales y federales en México consideraron la serie de hechos como incidentes aislados y ratificaron la victoria del actual mandatario.
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Testimonios revelan pactos entre el cártel y autoridades
En entrevistas realizadas por Paulina Villegas para The New York Times, cuatro integrantes del Cártel de Sinaloa —tres de la facción de los Chapitos y uno ligado a los Mayos— describieron cómo la protección operaba en distintos niveles.
Bajo anonimato, relataron que policías municipales y estatales eran colaboradores constantes: realizaban detenciones selectivas, entregaban rivales a los Chapitos y avisaban al cártel sobre operativos militares, especialmente en zonas rurales donde se ubican narcolaboratorios y sitios clave para sus operaciones.
Uno de los entrevistados, con 22 años y residente de Culiacán, explicó que a los miembros se les proporcionaban nombres de enemigos, considerados deudores o traidores, para que los entregaran a los “mandos” policiacos, quienes ejecutaban las detenciones o los canalizaban a los grupos internos del cártel.
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Otro operativo, con 28 años y 15 de actividad en el grupo, confirmó que parte del ejército mexicano también participaba de esta red, permitiendo el libre paso por retenes a quien proporcionara una palabra en clave, rotativa: “verde, R8, delta”. El propio joven relató cómo logró cruzar un filtro militar en el aeropuerto de Culiacán indicando el término “La Chapiza”, lo que le permitió acceder a su objetivo sin resistencia de los soldados.
Los testimonios recogidos por el medio detallan que el intercambio de información y protección entre la organización y autoridades incluía el uso de radios y celulares exclusivos, por donde se compartían ubicaciones de retenes, movimientos de rivales o zonas bajo control militar. Dos de los entrevistados recordaron haber escoltado a recaudadores del cártel mientras entregaban bolsas con dinero en dólares a altos mandos policiacos y jefes de seguridad del estado.
Las consecuencias para quienes se negaban a colaborar eran letales: si algún funcionario rechazaba al cártel, el grupo procedía a asesinarlo y posteriormente amenazaba a su familia. Los entrevistados reconocieron que la red de protección se debilitó parcialmente tras la pugna interna entre Chapitos y Mayos, y por presiones ejercidas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Otros casos que marcaron precedentes
El patrón de colusión entre autoridades y criminales no es exclusivo de Sinaloa. The New York Times expone antecedentes como el caso del exdirector de Seguridad Pública Genaro García Luna, sentenciado en 2024 en Estados Unidos por aceptar millones en sobornos del cártel por más de una década.
En Nayarit, el exfiscal Édgar Veytia cumple una condena de 20 años acusado de proteger a un grupo criminal. En Tamaulipas, el exgobernador Tomás Yarrington fue condenado por lavar millones de dólares provenientes de los cárteles del Golfo y los Zetas.
En Guerrero, investigaciones periodísticas previas han revelado que casi todos los niveles de gobierno estaban involucrados con el crimen organizado que orquestó la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
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En Culiacán, sectores de la población celebraron la acusación en Estados Unidos contra Rocha Moya como un primer paso para el combate real a la colusión delictiva. Para miembros del cártel, en cambio, la ruptura del pacto con el gobierno estatal representa una amenaza directa para su supervivencia. Uno de los operativos entrevistados afirma: “Esto puede acabar con nosotros”.