Veinte años después del operativo policial realizado en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, el caso volvió a discutirse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mujeres que denunciaron tortura sexual durante los hechos de mayo de 2006 acusaron que el Estado mexicano incumplió la sentencia internacional emitida en 2018 y que, hasta ahora, ningún mando de seguridad fue condenado.
La audiencia virtual fue convocada para revisar el nivel de cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana tras la condena impuesta al Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos. Las sobrevivientes y sus representantes señalaron que las investigaciones permanecen fragmentadas y sin avances suficientes para identificar responsabilidades dentro de la cadena de mando.
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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que acompaña a las víctimas, informó que durante la audiencia se expusieron presuntas irregularidades en el trabajo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). Entre los señalamientos destacaron errores en las acusaciones presentadas y omisiones para investigar a mandos superiores involucrados en el operativo.
Algunas de las víctimas sostuvieron que las fallas fueron advertidas previamente a las autoridades y pidió que el tribunal internacional establezca medidas más precisas para garantizar el cumplimiento de la resolución emitida hace siete años.
Así se desarrolló el operativo
Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en Texcoco y San Salvador Atenco tras enfrentamientos relacionados con comerciantes floricultores y movilizaciones del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
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La organización campesina mantenía desde años atrás una confrontación con autoridades federales debido al proyecto de construcción de un aeropuerto en terrenos de Texcoco, iniciativa que finalmente fue cancelada tras protestas y movilizaciones sociales.
Durante el operativo participaron más de 2 mil 500 policías. El saldo oficial incluyó la muerte de dos jóvenes, Alexis Benhumea y Javier Cortés, además de 207 personas detenidas. Organismos nacionales e internacionales documentaron detenciones arbitrarias, cateos ilegales, golpizas y agresiones sexuales cometidas contra mujeres durante su traslado a centros penitenciarios.
En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó liberar a líderes y pobladores detenidos al considerar que existió criminalización de la protesta social. Sin embargo, las investigaciones no derivaron en procesos contra funcionarios o responsables políticos relacionados con la operación policiaca.
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Sentencia de la Corte Interamericana
La sentencia de la Corte Interamericana emitida en 2018 determinó la responsabilidad del Estado mexicano por detenciones arbitrarias, tortura sexual y violaciones a derechos humanos contra 11 mujeres. El fallo incluyó medidas de reparación integral, investigaciones exhaustivas y garantías de no repetición.
Las sobrevivientes señalaron ahora que varias de esas disposiciones permanecen incumplidas. También denunciaron obstáculos para acceder a información sobre las investigaciones y participar plenamente en el seguimiento de las indagatorias.
Sheinbaum visita Atenco
El caso Atenco volvió al debate público el 3 mayo de 2026, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció durante un acto oficial en el municipio que existe una deuda histórica con las víctimas y habitantes de la región.
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Como parte de un plan de justicia anunciado por el gobierno federal, se informó la restitución de 54 hectáreas al ejido de Atenco para uso agrícola y acciones de reconocimiento dirigidas a personas afectadas por la represión.