Integrantes del colectivo Mexicanos al Grito de Paz intentaron colocar frente a Palacio Nacional una lona con el mensaje: “Claudia Sheinbaum protege narcogobernantes. Presidenta: rompa el pacto de impunidad”, acompañada de fotografías de la mandataria junto al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
Según denunciaron en redes sociales, personas identificadas como “reventadores” impidieron la instalación y se llevaron la lona. El caso de Rocha Moya marca un parteaguas: es la primera vez que se acusa a un gobernador en funciones de presuntos vínculos con un cártel, en este caso la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
“Les molesta que se sepa la verdad”, escribió el colectivo. “Se llevaron la lona, que bueno que la tengan; a ver si así la leen una y otra vez y rompen el pacto político criminal. No pararemos, somos Mexicanos al Grito de Paz.”
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¿Por qué este momento y no otro?
El timing no es casual. El pasado 29 de abril, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Los cargos incluyen conspiración para importar fentanilo, heroína y cocaína hacia Estados Unidos, posesión de armamento de grado militar y corrupción institucional en favor del Cártel de Sinaloa. Las penas mínimas oscilan entre 50 años de prisión y cadena perpetua.
La oposición y organizaciones civiles no tardaron en exigir acción al gobierno federal.
¿Intentaron quitar la lona?
En videos difundidos en redes sociales se observa a personas forcejeando con la lona e intentando retirarla. Los integrantes de Mexicanos al Grito de Paz denunciaron que un grupo de “reventadores” les impidió colocarla. El episodio no tardó en generar especulaciones en redes: usuarios y comentaristas cuestionaron quién financió y movilizó a quienes intentaron bloquear la protesta, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial.
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La postura del gobierno: sin pruebas, no hay extradición
La FGR informó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por Estados Unidos presenta deficiencias que impiden su trámite en México y solicitó al Departamento de Justicia que envíe “las pruebas y documentos necesarios” que respalden los señalamientos.
La presidenta Sheinbaum remarcó que la extradición solo debe proceder si hay “pruebas contundentes e irrefutables”. Su postura ha sido clara: ningún funcionario puede ser perseguido sin evidencia sólida, y enmarca la presión de Washington como una forma de injerencia que vulnera la soberanía nacional.
El caso convirtió la nueva política antidrogas de Donald Trump en una trampa inmediata para Sheinbaum: o cobra cobijo al exgobernador morenista, o cede ante la presión estadounidense para detenerlo y extraditarlo.
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Trump sube el tono
El contexto bilateral se tensó aún más cuando el presidente Donald Trump advirtió que, si México no actúa contra el narcotráfico, Washington lo hará. “Si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos”, declaró desde la Casa Blanca, en medio de un escenario donde su gobierno ya declaró a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Expertos en seguridad señalan que Rocha Moya sería apenas el comienzo de una lista de al menos diez funcionarios de alto nivel que podrían ser requeridos por Estados Unidos, la gran mayoría ligados a Morena.
El dilema que no desaparece con una lona
Las acusaciones han provocado un cisma en México: si el gobierno procede con la detención, entrega a un aliado político bajo presión extranjera; si no lo hace, carga durante meses con la etiqueta de "narcogobierno".
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Lo que el colectivo Mexicanos al Grito de Paz dejó claro este miércoles es que, aunque la lona ya no esté en el Zócalo, el debate sobre impunidad y narcopolítica tampoco desaparece con ella.