El exluchador Alberto “N”, conocido como “El Patrón”, permanece bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí tras ser denunciado por violencia doméstica por su pareja sentimental el 6 de abril. Su defensa legal explora la posibilidad de un acuerdo extrajudicial para evitar una condena de hasta siete años de prisión, según información transmitida por el periodista Lalo Carrillo en el programa De Primera Mano.
La víctima ratificó la denuncia y aportó pruebas de lesiones físicas y verbales, lo que llevó a la detención de Alberto “N” en Lomas del Tecnológico. La Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales integró la carpeta de investigación y presentó el caso ante un juez, mientras que la autoridad judicial dictó el traslado del imputado al penal de La Pila para su audiencia inicial, donde permanecerá separado de la población general.
Surgen versiones de un acuerdo extrajudicial
El periodista Lalo Carrillo informó que, como parte de la posible reparación del daño, la defensa de Alberto “N” negociaría el pago de más de un millón de pesos a la víctima para obtener una salida alterna y evitar una pena punitiva.
Este tipo de acuerdo permitiría que el proceso penal no avance hacia una condena de cárcel, aunque el resultado dependerá de la aceptación de la parte afectada y de la valoración judicial de los elementos presentados.
De acuerdo con la legislación de San Luis Potosí, la violencia familiar puede sancionarse con hasta siete años de prisión, dependiendo de la gravedad y de los antecedentes del acusado.
La carpeta de investigación incluye datos de repetición de conductas, ya que Alberto “N” enfrenta antecedentes de denuncias similares en México y Estados Unidos, aunque algunos cargos previos fueron desestimados, según la información de la Fiscalía.
Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre el caso por el historial del exluchador y la gravedad de los hechos denunciados. El juez determinará en la audiencia inicial si acepta el acuerdo extrajudicial o si el proceso continúa bajo los parámetros legales establecidos.