Con el objetivo de frenar abusos y establecer reglas claras en el suministro de agua mediante pipas, el diputado Samuel Hernández Cruz presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de México para regular los costos de este servicio y garantizar su accesibilidad para la población.
La propuesta plantea reformar el Código Financiero estatal para facultar a autoridades estatales y municipales a fijar tarifas máximas, supervisar su cumplimiento y sancionar prácticas irregulares. Asimismo, busca homologar los criterios del suministro por pipas con los del servicio regular de agua potable, con el fin de eliminar vacíos normativos que han permitido cobros discrecionales.
De acuerdo con el legislador, uno de los puntos centrales de la iniciativa es establecer que el costo del agua no podrá exceder 0.9 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada metro cúbico. Considerando su valor actual de 117.31 pesos, esto equivaldría a un máximo de 105.58 pesos por metro cúbico, con un promedio estimado de 45.26 pesos.
El proyecto responde a la falta de regulación en este tipo de servicio, ya que actualmente, tanto autoridades municipales como distribuidores privados pueden fijar precios sin criterios homogéneos ni supervisión efectiva. Esto ha derivado en cobros que superan los límites previstos por la ley, afectando principalmente a las familias que dependen de este suministro ante la falta de acceso a redes de agua potable.
La iniciativa establece que el suministro mediante pipas será considerado una modalidad complementaria del servicio de agua potable, aplicable en casos donde el servicio regular sea insuficiente, intermitente o inexistente. En ese sentido, los cobros deberán determinarse por metro cúbico y conforme a la clasificación de zonas, tal como ocurre con el suministro de agua en bloque.
De aprobarse, los municipios deberán definir tarifas dentro de un rango establecido según el tipo de colonia: baldíos (0.27 UMA), social progresivo (0.4), popular (0.45), mixto (0.59), media (0.72) y residencial (0.9). Estos montos representarían límites máximos, por lo que las autoridades locales podrían fijar precios por debajo de estos topes, pero nunca superarlos.
Además, los ayuntamientos tendrían la obligación de evitar cobros discrecionales, publicar de forma clara las tarifas vigentes y garantizar que el servicio cumpla con principios de equidad, proporcionalidad y accesibilidad.
En tribuna, Samuel Hernández Cruz señaló que, aunque la legislación actual fija un precio máximo de 10 UMA por pipa —equivalente a mil 173 pesos—, en la práctica los costos pueden oscilar entre mil 500 y hasta dos mil 500 pesos, lo que representa una carga económica significativa para muchas familias.
Con la reforma, una pipa de 10 mil litros tendría un costo aproximado de entre 300 y mil pesos, dependiendo de la zona. El legislador explicó que, bajo las condiciones actuales, una familia de cuatro integrantes puede gastar hasta 30 mil pesos anuales en agua, en contraste con los mil 500 a tres mil pesos que pagan quienes cuentan con suministro por red.
Finalmente, el diputado subrayó que esta iniciativa cobra especial relevancia en el contexto del Día Mundial del Agua, al considerar que el acceso al agua es un derecho humano que debe garantizarse sin que la escasez derive en abusos. “No se puede permitir que la necesidad se convierta en un negocio sin control”, concluyó.