La organización civil Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), dedicada a promover el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, presentó una serie de contribuciones para un informe temático sobre desapariciones forzadas y memorialización.
Este documento busca formar parte del informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2026 y posteriormente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre del mismo año.
En su análisis, la organización señala que México carece de una Ley General de Memoria, a diferencia de otros países de la región. Actualmente, el marco legal relacionado con la memorialización se encuentra disperso en distintos instrumentos jurídicos y solo dos leyes nacionales abordan el tema de forma parcial.
Entre ellas se encuentran:
- La Ley General de Atención a Víctimas, que reconoce el derecho de las víctimas a la verdad histórica.
- La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que establece la memoria como una medida de satisfacción para las víctimas (artículo 137).
Esta última legislación también contempla la posibilidad de crear monumentos, recuperar espacios comunitarios y preservar prácticas y tradiciones culturales afectadas por la violencia (artículo 151). Sin embargo, la organización advierte que no existe una obligación legal para el Estado que lo obligue a impulsar, facilitar o proteger iniciativas de memorialización, ya sean gubernamentales o promovidas por la sociedad civil.
Papel del Estado frente a las iniciativas de memoria
De acuerdo con la organización, en México no se ha establecido un marco normativo que defina una obligación positiva del Estado para facilitar o proteger las iniciativas de memorialización, especialmente en contextos donde prevalece la impunidad o donde las narrativas oficiales entran en conflicto con las demandas de familiares y colectivos.
Ante esta ausencia institucional, las acciones de memoria han sido impulsadas principalmente por organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas. No obstante, tampoco existen mecanismos específicos que ofrezcan protección legal a estas acciones, lo que genera que muchas iniciativas ciudadanas permanezcan en riesgo de ser retiradas o censuradas por autoridades.
Prácticas de memorialización impulsadas por la sociedad civil
A falta de políticas públicas robustas, la sociedad civil mexicana ha desarrollado diversas estrategias para preservar la memoria de las personas desaparecidas. Entre ellas destacan:
- Antimonumentos en Paseo de la Reforma y otros puntos del país, instalados para visibilizar casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
- La Glorieta de las y los Desaparecidos, en Ciudad de México y Guadalajara, espacios resignificados por familiares como lugares de memoria y protesta.
- Pega de carteles y murales en espacios públicos e instituciones gubernamentales —como la Fiscalía General de la República— para visibilizar rostros y nombres de personas desaparecidas.
- Recetario para la memoria, iniciativa que recopila recetas y tradiciones alimentarias de personas desaparecidas en Guanajuato para preservar su recuerdo.
- Huellas de la memoria, proyecto que utiliza objetos personales y caminatas conmemorativas para recordar a las personas ausentes.
- Producción de videos y testimonios, donde familiares documentan historias y relatos para construir memoria colectiva.
Desafíos y amenazas
Las iniciativas de memoria en México también enfrentan resistencias y rechazo por parte de algunas autoridades, quienes en ciertos casos han intentado retirar memoriales o invisibilizar estos espacios.
Además, existe preocupación por el riesgo de censura o eliminación de memoriales, especialmente ante eventos internacionales de gran escala, como la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, donde colectivos han advertido sobre la posible remoción de antimonumentos en espacios públicos.
Negación de la crisis de desapariciones
La organización también señala que el Estado mexicano ha tendido a minimizar la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas, pese a que existen más de 130 mil personas desaparecidas y alrededor de 52 mil restos humanos pendientes de identificación forense.
Asimismo, advierte sobre la resistencia oficial a la aplicación de mecanismos internacionales de investigación, así como la falta de reconocimiento de la memorialización como parte fundamental de la reparación integral y de las garantías de no repetición.
Necesidades urgentes
Ante este panorama, la organización considera necesario:
- Crear un marco normativo nacional que reconozca y proteja las iniciativas de memorialización.
- Garantizar protección y seguridad para familiares y colectivos que impulsan acciones de memoria.
- Evitar la remoción de memoriales existentes, como antimonumentos y espacios resignificados por la sociedad civil.
- Reconocer el derecho a la memoria como un componente esencial de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Recomendaciones internacionales
Desde la sociedad civil se ha insistido en que México debe adoptar compromisos acordes con los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y otros estándares internacionales en materia de memoria, incluyendo:
- la participación activa de familiares y comunidades en las políticas de memoria, y
- la asignación de recursos públicos para la preservación de sitios y acciones de memorialización.