La admisión de un recurso contra la Reforma Judicial por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un nuevo frente en el debate jurídico y político en México.
En este contexto, los magistrados electorales Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera señalaron que están en disposición de proporcionar información si el tribunal internacional así lo requiere.
Ambos subrayaron que se trata de un hecho inédito y precisaron que la responsabilidad formal de responder recae en el Estado mexicano; sin embargo, manifestaron su voluntad de colaborar por la vía institucional.
Coincidieron en que su obligación es cumplir la Constitución, en la que ya se encuentra incorporada la reforma.
Magistrados electorales fijan postura ante la CIDH
Felipe de la Mata Pizaña sostuvo que brindarán el apoyo necesario en caso de que la Corte Interamericana solicite información.
En términos similares, Felipe Alfredo Fuentes Barrera reiteró que actuarán conforme al marco constitucional vigente. Ambos enfatizaron que su función está sujeta a lo que establece la Carta Magna, que contempla las modificaciones al Poder Judicial.
La postura de los magistrados surge luego de que la CIDH admitiera a trámite el recurso promovido por el diputado del PAN, Germán Martínez Cázares, quien impugnó la Reforma Judicial, así como cambios a la Ley de Amparo y a la Guardia Nacional.
CIDH admite recurso contra la Reforma Judicial
El legislador panista informó que el escrito fue presentado el 2 de diciembre de 2025 y que la admisión implica que el tribunal internacional analizará la compatibilidad de las reformas con las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
La Corte Interamericana ordenó dar vista al Estado mexicano para que responda a los planteamientos formulados. La admisión no constituye una resolución de fondo, pero abre la puerta a un examen formal del caso conforme a los procedimientos del organismo con sede en San José, Costa Rica.
PAN plantea posibles audiencias y medidas cautelares
Germán Martínez aseguró que la CIDH podría realizar audiencias en México e incluso dictar medidas cautelares. Entre los escenarios que mencionó está la posibilidad de que se posponga la elección de jueces derivada del nuevo modelo aprobado.
El diputado ha sostenido que la reforma contradice disposiciones constitucionales y tratados internacionales, y ha cuestionado el mecanismo de elección popular de juzgadores.
Morena defiende constitucionalidad de las reformas
Desde la mayoría legislativa, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que las modificaciones se realizaron conforme a derecho. También expresó que México no acepta injerencias externas en sus decisiones soberanas.
La Reforma Judicial, aprobada en septiembre de 2024, estableció la destitución de ministros, magistrados y jueces para que sus cargos sean definidos mediante voto popular.
Antecedentes: quejas de juzgadores ante el Sistema Interamericano
El caso admitido por la CIDH se suma a una petición presentada previamente por 14 jueces y magistrados federales, quienes denunciaron presuntas violaciones a derechos humanos tras la entrada en vigor de la reforma.
Entre los señalamientos incluidos en esa acción legal destacan:
- Presuntas afectaciones a la independencia judicial.
- Destitución de juzgadores sin garantías suficientes.
- Declaraciones públicas de funcionarios que, según los promoventes, dañaron su reputación.
- Supuesta politización del Poder Judicial mediante el nuevo esquema de elección.
En ese caso, los promoventes no buscan revertir la reforma, sino obtener una reparación integral y fortalecer los estándares de independencia judicial en el Sistema Interamericano.
Con la admisión del nuevo recurso, la revisión internacional de la Reforma Judicial entra en una etapa formal, mientras autoridades mexicanas y actores políticos fijan posiciones ante un proceso que podría tener implicaciones jurídicas y políticas en el ámbito nacional e internacional.
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