La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su respaldo a las iniciativas del Gobierno Federal orientadas a fortalecer la inversión y el crecimiento económico del país, particularmente al Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030.
No obstante, el organismo advirtió que para que los anuncios se traduzcan en resultados tangibles, es indispensable garantizar condiciones de certidumbre, seguridad y estabilidad institucional.
En un posicionamiento público, Coparmex reconoció la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que la inversión pública debe potenciarse con la inversión privada, y que México necesita un entorno que incentive la confianza para atraer capital nacional y extranjero.
El organismo empresarial destacó que los anuncios de inversión pública y mixta por 5.6 billones de pesos, junto con la ampliación presupuestal prevista para 2026, representan una oportunidad histórica para detonar proyectos estratégicos de infraestructura, mejorar servicios públicos y avanzar hacia un desarrollo sostenible con bienestar social.
Sin embargo, subrayó que el potencial de estos recursos dependerá de que existan condiciones claras y favorables para la operación de las empresas.
Certidumbre y seguridad, claves para atraer capital
Coparmex señaló que la inversión requiere certidumbre, lo que implica garantizar seguridad en carreteras, parques industriales y centros logísticos, así como un combate frontal a la extorsión, delito que afecta directamente a las empresas en distintas regiones del país.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la certeza jurídica, la confianza institucional y asegurar el suministro de energía suficiente, confiable y competitiva.
En este rubro, destacó la importancia de contar con capacidad adecuada de generación y transmisión eléctrica, abasto oportuno de gas natural y reglas claras para la participación pública y privada en el sector energético.
El organismo también subrayó la relevancia de incorporar fuentes de energía limpia que fortalezcan la competitividad y la sostenibilidad de largo plazo, en línea con los compromisos internacionales asumidos por México.
Evitar reformas que generen incertidumbre
Coparmex advirtió que no es momento de introducir reformas que puedan generar incertidumbre o debilitar los pilares institucionales. Señaló que cuando las instituciones sufren una minusvalía, se erosiona la confianza de quienes invierten en el país.
De acuerdo con el organismo, en los últimos años la acumulación de reformas ha enviado señales de cautela tanto al mercado interno como al externo, lo que demuestra que la confianza no se decreta, sino que se construye con reglas claras, estabilidad y diálogo constructivo.
En este contexto, hizo un llamado a evitar debates que generen división o cuestionamientos jurídicos que puedan poner en riesgo compromisos internacionales, especialmente ante la renegociación del T-MEC y la creciente competencia global por atraer capital.
Condiciones mínimas para detonar el crecimiento
El organismo empresarial puntualizó que la colaboración público-privada solo dará frutos si existe un entorno estable que permita convertir los anuncios en proyectos concretos, los proyectos en empleos y los empleos en crecimiento sostenido.
Entre las condiciones que considera indispensables destacan:
- Seguridad en el transporte de mercancías y en las cadenas de suministro.
- Certidumbre en permisos e interconexiones.
- Disponibilidad energética suficiente y competitiva.
- Uso responsable y transparente de los recursos públicos.
- Respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas.
COPARMEX enfatizó que los acuerdos comerciales internacionales y los flujos de inversión descansan en un entorno de certeza jurídica y estabilidad económica, elementos que deben ser un compromiso innegociable.
“Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay futuro para México”, concluyó la Confederación, reiterando su disposición a impulsar el diálogo y la colaboración para fortalecer la productividad y consolidar un marco jurídico que facilite la inversión pública y privada.