La difusión reciente en medios locales y redes sociales de información sobre la presunta desaparición de ocho tráileres y sus conductores en la carretera de Tamaulipas provocó indignación y preocupación por las condiciones de seguridad en la entidad.
Los vehículos, supuestamente dedicados al transporte de autos de importación, perdieron contacto el 20 de enero de 2026, dos días después de haber partido de Matamoros.
En este contexto, el diputado panista Ismael Cabeza de Vaca presentó una iniciativa formal en el Congreso estatal. En ella, solicitó que el titular del Ejecutivo estatal, Américo Villareal Anaya, por medio de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, brinde un informe puntual sobre los avances en la investigación de la desaparición.
Según lo expuesto ante la Honorable Asamblea, el convoy de tráileres partió de Matamoros el 18 de enero de 2026 y, dos días después, se perdió el contacto con los ocho operadores, todos provenientes de Puebla, cuando transitaban por la carretera Soto la Marina.
La propuesta del legislador no solo exige rendición de cuentas sobre la investigación. También demanda la implementación inmediata de acciones que refuercen la seguridad carretera en el estado, subrayando la urgencia de proteger a quienes transitan por esas rutas, su propuesta se resume en:
- Información clara y pública sobre la investigación.
- Búsqueda y localización inmediata de los choferes.
- Gobernador brinde explicaciones sobre las Estaciones de Tamaulipas.
- Construcción de nuevas estaciones de seguridad, financiadas con mil 123 millones de pesos de deuda.
A través de redes sociales, Cabeza de Vaca manifestó que “las carreteras no pueden seguir siendo tierra de nadie, la seguridad no se anuncia, se cumple”.
¿Qué dice la Fiscalía estatal?
El Fiscal General de Justicia Tamaulipas (FGJ), Jesús Eduardo Govea, informó que el organismo iniciaría la investigación para verificar si la desaparición de los tráileres sucedió o no.
Esto debido a que hay una ausencia de denuncias por parte de los familiares de los conductores, así como de la empresa responsable de la carga.
La FGJ estatal confirmó a Infobae México que, a una semana de la difusión de información y del inició de las indagaciones, al corte de esta nota sigue sin existir denuncias o familiares que busquen a personas privadas de su libertad por este hecho.