A 10 días de la liberación de Armando Castilla Galindo, director general de Vanguardia MX, tras una detención ejecutada por supuesto fraude en un conflicto mercantil, organizaciones y periodistas se han pronunciado en torno al caso, al considerarlo una vulneración a la libertad de expresión, más aún, en un contexto donde el acoso judicial a este sector no parece disminuir.
¿Qué pasó?
El pasado viernes 9 de enero, Armando fue detenido en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico junto con su esposa rumbo a Guadalajara. De acuerdo con Armando, el operativo para su detención fue “exacerbada”, pues había varios elementos esperándolo en distintos puntos de la terminal área.
Luego de 36 horas privado de su libertad, el sábado 10 de enero, un juez de control del Poder Judicial de Nuevo León ordenó la liberación inmediata de Armando, al determinar que no existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de fraude.
Operativo desproporcionado
En el primer filtro del aeropuerto, varias personas se le acercaron, confirmaron su identidad y le informaron que estaba bajo arresto por un presunto fraude.
“Fue totalmente sorpresivo. Me dijeron que había cometido un fraude y que iba directo al penal”, narró. Aseguró que no pudo leer la orden judicial ni hacer una llamada inmediata a su abogado antes de ser esposado y trasladado por un grupo de agentes que, según describe, actuaron de forma hostil.
Desde el inicio, afirma, percibió irregularidades: no se le explicó con claridad el origen de la acusación ni quién lo señalaba formalmente.
El director de Vanguardia sostuvo que el despliegue para detenerlo fue desproporcionado. Dijo que participaron varios vehículos, agentes ministeriales y presencia de Guardia Nacional en la terminal aérea.
“Era una operación como si capturaran a un criminal de alta peligrosidad”, afirmó. Incluso le comentaron que había personal dentro de las salas del aeropuerto por si llegaba antes de lo previsto.
Tras pasar por la Fiscalía, fue trasladado a un penal de Nuevo León, donde permaneció incomunicado durante horas. En total, estuvo 36 horas privado de la libertad antes de que su situación jurídica se resolviera.
Acusación sin pruebas
Castilla explicó que el señalamiento consistía en que presuntamente había recibido 700 mil pesos en efectivo en un Starbucks por un predio valuado en tres millones de pesos, sin que existiera recibo, contrato, llamadas, mensajes o testigos.
“No hay un documento, no hay un WhatsApp, no hay una firma, no hay nada”, señaló. La supuesta víctima, dijo, ni siquiera presentó identificación ni ratificó personalmente la querella.
La defensa logró desbaratar la acusación cuando se acreditó, con su pasaporte, que Castilla se encontraba fuera del país el día en que supuestamente ocurrió el pago. Ese elemento fue clave para que el juez determinara que no existían bases para mantener el proceso.
Un sistema “aceitado”
Durante la entrevista, Castilla denunció la existencia de un mecanismo que, afirma, involucra a despachos, jueces y fiscalías para fabricar casos penales a partir de conflictos mercantiles.
Señaló al despacho De la Garza-Vega como un actor recurrente en este tipo de procedimientos y describió un esquema donde se presentan querellas sin sustento que luego se convierten en órdenes de aprehensión.
Historial de hostigamiento
Castilla aseguró que su detención no es un hecho aislado. Relató episodios anteriores de hostigamiento contra su familia, como cateos, invasión de predios y desalojos que después fueron revertidos por amparos.
También dijo que periodistas de Vanguardia han enfrentado demandas y amenazas por investigaciones sensibles, entre ellas reportajes.
“Hemos tenido demandas contra colegas, llamadas intimidatorias y presiones directas”, afirmó.
Operación política
Castilla señaló sospechas de personas de la esfera política detrás del acoso, a raíz de publicaciones realizadas tiempo atrás en el diario. Sostuvo que las represalias estarían ligadas al impacto de dichas investigaciones periodísticas.
“Estos textos no son una cuestión personal, no nos burlamos de nadie, ni mucho menos, simplemente narramos los hechos, pero a algunos les incomoda”, expresó.
Arena movediza
Castilla describió el penal como un espacio donde las acusaciones pueden multiplicarse si una persona no logra defenderse a tiempo.
“Aquí es como la arena movediza, si no te sales rápido, es bien difícil que te salgas”, fue la recomendación de un compañero de celda hacia Armando. Le contaron cómo se crean nuevos señalamientos para presionar económicamente a los detenidos. Incluso relató casos donde se pide la entrega de casas o bienes para frenar procesos.
Afirmó que, de no haber sido por la visibilidad del caso y el respaldo del gremio, su situación pudo haber sido distinta.
Tras recuperar la libertad, Castilla dijo que su vida cotidiana cambió. Comentó que ahora su familia vive con mayor vigilancia, precaución y ansiedad ante posibles nuevas presiones.
Además, señaló que organizaciones como Artículo 19 ya se pronunciaron y que busca el acompañamiento de mecanismos de protección para periodistas.
Responsabilidad con la verdad
Lejos de inhibir al diario, Castilla aseguró que el episodio fortalece la misión periodística de Vanguardia MX.
“Vamos a poner luz donde otros quieren oscuridad”, dijo. Adelantó que el medio dará voz a personas que han sufrido abusos similares y documentará el uso del sistema judicial como herramienta de presión.
Afirmó que el periodismo, en este contexto, no solo informa, sino que exhibe estructuras que afectan derechos y patrimonio de ciudadanos comunes.
Para cerrar, Castilla agradeció la solidaridad de periodistas y lectores, y llamó al gremio a no normalizar este tipo de prácticas.
“Esto es una responsabilidad mayor con la verdad. Si no se denuncia, estos sistemas siguen operando en silencio”, afirmó.
Añadió que el caso debe servir para cuestionar cómo se utiliza el poder judicial y para evitar que conflictos mercantiles o políticos se transformen en herramientas de intimidación contra la prensa.
Determinación del juez
La audiencia se llevó a cabo en Nuevo León, donde el juez Luis Eduardo Hernández Meza revisó los argumentos presentados tanto por la Fiscalía General de Justicia estatal como por la defensa de Castilla Galindo. Tras evaluar la evidencia, el juzgador consideró que los elementos aportados por la Fiscalía no cumplían con los requisitos legales necesarios para presumir responsabilidad en el caso.
Durante la audiencia de este sábado, la defensa presentó documentos como sellos migratorios del pasaporte del director de Vanguardia, que prueban que se encontraba fuera del país en la fecha en que supuestamente se cometió el hecho que dio origen a la acusación. Con base en ello, se concluyó que no había sustento probatorio para continuar con un proceso penal en su contra.
La decisión del juez implica que el proceso penal no avanzará por ahora y que Castilla Galindo recuperó su libertad tras haber sido detenido el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Monterrey en un operativo que incluyó la participación de elementos de la Fiscalía estatal y la Guardia Nacional. La detención había generado reacciones de preocupación en diversos sectores, incluyendo organizaciones en defensa de la libertad de prensa, que señalaron posibles irregularidades y riesgos para el ejercicio periodístico.
Al conocer la resolución, Castilla Galindo agradeció el apoyo recibido de colegas, familiares y amigos, y puso de relieve la importancia de respetar el debido proceso y las garantías legales en México.