La investigación por el uso indebido de armas de fuego de uso exclusivo de la Guardia Nacional ha sacudido al municipio serrano de Guadalupe y Calvo, en el sur de Chihuahua, luego de que se difundieran en redes sociales videos que muestran a dos funcionarias municipales accionando armamento de alto poder durante las celebraciones de Año Nuevo.
El caso ha generado fuerte reacción pública por ocurrir en una región marcada por episodios recientes de violencia armada y restricciones oficiales a las festividades públicas.
El fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, confirmó que agentes ministeriales iniciaron una investigación formal para determinar si existe la comisión del delito de uso indebido de armas de fuego.
Indagatorias se da por videos en redes sociales
Las indagatorias se centran en dos grabaciones difundidas la madrugada del 1 de enero a través de estados de WhatsApp, las cuales posteriormente circularon en otras plataformas digitales.
Las personas involucradas son Esmeralda Pizarro Mendívil, subdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo, y Blanca Arleth Marín Escárcega, secretaria particular de la presidenta municipal, Ana Laura González Ábrego.
En los videos, ambas aparecen disparando armas que, de acuerdo con la Fiscalía estatal, están clasificadas como de uso exclusivo de las fuerzas armadas y corporaciones federales.
En una de las grabaciones, difundida por la propia Esmeralda Pizarro en sus redes sociales, se le observa accionando un fusil FX-05 Xiuhcóatl, mientras de fondo suena la canción “Brincando el Año”, del grupo Los Elementos de Culiacán.
El FX-05 es un rifle de asalto desarrollado por la Secretaría de la Defensa Nacional para uso militar y no está permitido para civiles. Según información preliminar, el arma pertenecería presuntamente a los escoltas de la presidenta municipal.
En otro video, Blanca Marín dispara al aire una pistola semiautomática, identificada por autoridades como calibre 9 milímetros, un tipo de armamento que suele portar personal de la Guardia Nacional.
Fiscalía ya investiga
La Fiscalía precisó que el análisis pericial de las imágenes será clave para confirmar la naturaleza de las armas y deslindar responsabilidades.
El caso adquiere mayor relevancia por el contexto de inseguridad que vive Guadalupe y Calvo, municipio ubicado en la zona conocida como el Triángulo Dorado, región que conecta Chihuahua, Durango y Sinaloa, históricamente señalada por la presencia de grupos armados y actividades del crimen organizado.
En septiembre de 2025, el ayuntamiento decidió suspender las fiestas patrias y el desfile cívico local, luego de que se registraran balaceras en carreteras de acceso a la cabecera municipal.
En ese momento, la alcaldesa Ana Laura González argumentó que la medida se tomó para salvaguardar la integridad de las familias del municipio. Sin embargo, días antes de esa decisión, la propia presidenta municipal fue captada en otro video polémico, donde aparecía paseando con familiares y amigos en cuatrimotos por un río, escoltada por tres camionetas y personal armado de la Guardia Nacional, lo que también generó cuestionamientos sobre el uso de recursos y personal de seguridad federal.
La Fiscalía General del Estado señaló que, de confirmarse la posesión y uso indebido de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército o corporaciones federales, las responsables podrían enfrentar cargos graves, ya que este delito es considerado de alto impacto y conlleva sanciones penales severas.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha reavivado el debate sobre la relación entre autoridades municipales y fuerzas de seguridad en regiones de alta conflictividad, así como sobre la normalización del uso de armamento de alto poder en contextos civiles. Para habitantes de Guadalupe y Calvo, los videos contrastan con las restricciones impuestas a la población bajo el argumento de seguridad y vuelven a poner en el centro la exigencia de rendición de cuentas a los servidores públicos.