A diciembre de 2025, todas las entidades federativas de México han legalizado el matrimonio igualitario, consolidando un proceso que se extendió por más de una década y que culminó con la aprobación en Guanajuato, el último estado en sumarse a esta garantía de derechos civiles.
Este avance significa que el derecho a casarse sin distinción de sexo o género está plenamente reconocido en los 31 estados y la Ciudad de México, tras un recorrido marcado por reformas legislativas, sentencias judiciales y decretos ejecutivos.
La aprobación más reciente ocurrió este 4 de diciembre de 2025, cuando el Congreso de Guanajuato avaló por mayoría el dictamen que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La votación resultó en 25 votos a favor y 9 en contra, lo que implicó la sustitución de los términos “marido y mujer” por “personas cónyuges” en la legislación local.
Esta modificación busca garantizar la igualdad y el respeto en la comunidad de vida que constituye el matrimonio, alineando la normativa estatal con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante el debate legislativo, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco de Movimiento Ciudadano subrayó la trascendencia de la reforma, afirmando: “Amar a quienes queramos, sin importar su sexo, tiene que ser un derecho para todas las personas sin discriminación alguna”.
En contraste, la congresista Susana Bermúdez Cano del PAN expresó su desacuerdo, argumentando que el Código Civil local ya garantizaba trato igualitario y que no era necesario modificar instituciones fundamentales. Por su parte, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván del PAN enfatizó la importancia de reconocer la dignidad y los derechos de todas las personas, aunque su partido presentó una votación dividida.
El caso de Guanajuato ilustra la diversidad de mecanismos empleados en México para garantizar el matrimonio igualitario. Aunque la mayoría de los estados reformaron sus códigos civiles, algunas entidades como Chihuahua y Aguascalientes permitieron estas uniones a través de sentencias judiciales o decretos ejecutivos antes de que sus congresos realizaran la reforma formal.
Por ejemplo, en Aguascalientes, una sentencia judicial del 2 de abril de 2019 obligó al estado a reconocer el matrimonio igualitario, aunque la reforma legislativa aún no se ha concretado. En Chihuahua, el matrimonio igualitario es legal desde el 11 de junio de 2015 por orden ejecutiva, sin que exista una reforma legislativa consolidada.
En Quintana Roo, la legalidad del matrimonio igualitario se estableció en 2012 al determinarse que las leyes existentes no restringían el género de los contrayentes, aunque la reforma legislativa llegó hasta el 29 de septiembre de 2021. Chiapas reconoció este derecho mediante una sentencia judicial el 11 de julio de 2017 y formalizó la reforma legislativa el 26 de diciembre de 2024.
El proceso de legalización comenzó en la Ciudad de México en 2010, seguida por entidades como Quintana Roo (2012), Coahuila (2014) y Chihuahua (2015). En años recientes, estados como Jalisco, Durango y Tamaulipas aprobaron la legislación en 2022. La presión social, el trabajo legislativo y la participación de organizaciones civiles han sido determinantes en este avance.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los matrimonios igualitarios han mostrado un crecimiento sostenido: en 2010 se registraron 689 uniones de este tipo, cifra que aumentó a 4 mil 341 en 2021 (mil 845 entre hombres y dos mil 496 entre mujeres).
Mientras tanto, los matrimonios heterosexuales disminuyeron de 568 mil 632 en 2010 a 448 mil 774 en 2021. Los divorcios, incluidos los de parejas del mismo sexo, también han crecido, alcanzando 441 casos en 2021.
Con la aprobación en Guanajuato, México se convierte en uno de los países de América Latina donde el matrimonio igualitario es una realidad en la totalidad de sus entidades, reflejando un compromiso nacional con la igualdad y los derechos humanos.