La emisión de una ficha roja por parte de Interpol ha colocado al contralmirante Fernando Farías Laguna en el centro de una búsqueda internacional que abarca 192 países.
Farías Laguna es señalado como presunto líder de una red de huachicol fiscal y enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y otros delitos relacionados con el tráfico ilegal de combustibles, en un caso que ha sacudido tanto a las fuerzas armadas como a la administración pública mexicana.
La ficha roja, activada recientemente, instruye a las autoridades de todos los países miembros de Interpol a localizar y detener a Farías Laguna para su extradición a México.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el contralmirante encabezó una operación que utilizó buques para descargar hidrocarburos de manera ilegal en los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.
Según la investigación, la red operaba mediante la manipulación de aduanas y la simulación de importaciones, lo que permitía evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y facilitaba la entrada de combustibles al país bajo la apariencia de otros productos, como lubricantes o aditivos.
El alcance de la investigación es amplio. Además de Farías Laguna, la FGR ha obtenido 13 órdenes de aprehensión contra marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en la red.
Detención de 11 personas por huachicol fiscal, líneas de investigación sobre corrupción de exfuncionarios
Hasta el momento realizaron 11 detenciones, entre ellas la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del contralmirante prófugo, quien permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
También figura entre los buscados el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, alias El Capitán Sol, quien continúa prófugo. Durante la detención del vicealmirante, las autoridades aseguraron a cinco hombres y dos mujeres, trasladados a penales federales bajo cargos de participar en maniobras para evadir el IEPS y facilitar la introducción ilegal de combustibles.
La operación de la red de huachicol fiscal involucra a altos mandos militares, empresarios y exfuncionarios aduaneros, lo que permitió el desvío de millones de pesos mediante esquemas administrativos fraudulentos. El caso ha cobrado especial relevancia por la cercanía de los implicados con figuras del poder en la administración federal anterior, ya que Fernando Farías Laguna es sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina.
Fernando Farías ya había sido detenido por presuntos elementos de la fiscalía
Los antecedentes de la investigación revelan que la FGR giró una orden de aprehensión contra Farías Laguna el 19 de agosto, tras vincularlo al desembarque ilegal de 31 buques en los puertos mencionados.
Desde agosto, el contralmirante promovió un amparo para frenar su captura, alegando haber sido detenido de manera irregular el 26 de ese mes en la Ciudad de México.
En su demanda, Farías Laguna relató que supuestos agentes de la Fiscalía capitalina y de la Policía Federal Ministerial lo interceptaron al llegar a su domicilio, lo golpearon y lo intimidaron con exigencias de dinero, antes de trasladarlo a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde permaneció retenido varias horas antes de ser liberado sin cargos formales. Desde entonces, su paradero es desconocido.
En el ámbito judicial, el contralmirante obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión, condicionada al pago de una garantía y a su comparecencia ante el juez. El juzgado que analiza el amparo ha solicitado a la autoridad un informe detallado sobre los hechos, advirtiendo sobre la posibilidad de actos de molestia sin justificación legal en contra del quejoso. Por su parte, el Ministerio Público sostiene que no ha citado formalmente al acusado para una entrevista.
La activación de la ficha roja por Interpol representa un giro en una investigación que puso bajo la lupa la relación entre el poder militar, la corrupción y el crimen organizado en México.
El caso, que involucra a familiares de altos funcionarios y a mandos navales en activo, ha generado un debate sobre la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad y el control aduanero.
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