
La noche del martes 13 de agosto, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, salió del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 ‘Altiplano’, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y fue trasladado a su casa, en una zona residencial de Xilotzingo, Puebla.
El priista, de 70 años, estuvo preso aproximadamente tres años y medio luego de su detención en febrero de 2021 en la ciudad de Acapulco, Guerrero, y está acusado de haber ordenado torturar a la periodista mexicana Lydia Cacho Ribeiro, quien en su libro Los demonios del Edén (Debolsillo, 2005) desveló una red de pornografía infantil que lo involucraba a él y a otros personajes como los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge, o los políticos Emilio Gamboa Patrón y Miguel Ángel Yunes Linares.
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Y es que el pasado 10 de agosto se llevó a cabo una audiencia en la que la jueza Angélica Carmen Ortuño Suárez, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo le quitó al exgobernador la medida de prisión preventiva justificada y le permitió continuar con su proceso penal en arresto domiciliario, ya que su salida no representaría un riesgo de fuga o amenaza para la integridad de la propia periodista, quien desde hace varios años por seguridad ya no vive en México.
La defensa de Lydia Cacho dio a conocer esta medida y precisó que desde ese mismo sábado se ordenó el traslado de Mario Marín a su casa, sin embargo, éste se concretó hasta las primeras horas de este miércoles 14 de agosto. Aunado al arresto en casa, el priista deberá pagar una multa de 100 mil pesos, apenas 30 mil más de lo que la periodista tuvo que pagar en su momento luego de que la detuvieran arbitrariamente y torturaran tras presentar su libro.
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Asimismo, la jueza Ortuño Suárez -tras ordenar la salida de prisión del exgobernador de Puebla- le prohibió dejar el país, acercarse a la víctima, además de siempre portar un brazalete electrónico para ser monitoreado en todo momento y permanecer bajo vigilancia.
¿Lo liberaron por su estado de salud?
Una de las principales razones por las que la defensa de Mario Marín pidió el cambio de medida cautelar fue que debido a su edad y estado de salud no era peligroso ni había riesgo de fuga. De hecho, en julio pasado ya se había solicitado que lo trasladaran a un hospital privado para recibir atención médica, la cual pagaría su familia, pero el Tercer Tribunal Colegiado en Materia penal del Segundo Circuito dijo que serían las autoridades del penal del Altiplano quienes decidían si procedía o no la petición.
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Entonces se argumentó que al exgobernador poblano se le había negado la valoración médica de especialistas en neurocirugía y que además necesitaba una resonancia magnética, la cual le practicarían en el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” de Toluca, Estado de México. Durante una audiencia, el magistrado Humberto Venancio Pineda dijo a sus colegas que el priista dijo que requería atención médica urgente, pues padecía de intensos dolores en la espalda, los cuales calificó como “un tormento”, sin embargo, no se conoce a ciencia cierta el diagnóstico del priista.

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