Más de 10 mil personas se congregaron en la Marcha del Silencio sobre la autopista México-Pachuca para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acciones concretas contra los grupos criminales que azotan el municipio. La manifestación, que ocupó todos los carriles de la vialidad en dirección a la Ciudad de México, generó un desvío del tránsito vehicular hacia vías alternas como las avenidas Morelos, Central y José López Portillo.
Los participantes, portando pancartas en forma de cruz y mensajes que claman por “Paz, justicia y alto a las extorsiones” y “No más corrupción en la FGJEM”, destacaron la urgencia de frenar la complicidad entre funcionarios de la FGJEM y las células delictivas. La marcha, que arrancó en la caseta de San Cristóbal y concluyó en el monumento de El Vigilante, contó con el apoyo del primer regidor municipal, Ernesto Santillán Ramírez, quien se unió como ciudadano ante la ineficacia de la respuesta institucional a las denuncias de extorsión y violencia.
Durante el recorrido de 10 kilómetros, los manifestantes, vestidos de blanco, denunciaron la protección de grupos delictivos por parte de funcionarios públicos y exigieron al Fiscal General, José Luis Cervantes Martínez, una depuración en la institución para erradicar la corrupción y rotación indebida de ministerios públicos involucrados en actos indebidos.
En vista de la falta de respuesta de las autoridades, los manifestantes advirtieron sobre futuras movilizaciones hacia el Congreso Federal y las instalaciones de la FGJEM en Toluca. La fuerte carga vehicular resultado de la marcha impactó las vialidades alternas, evidenciando la magnitud de la convocatoria y el clamor unánime por seguridad y justicia.
La noche culminó con una iluminación simbólica gracias a las lámparas de los teléfonos celulares de los asistentes, quienes se dirigieron hacia la escultura de El Vigilante. Este acto representa el inicio de una serie de movilizaciones planeadas para exigir que la FGJEM cumpla con su deber de proteger a los ciudadanos y terminar con la impunidad que prevalece en Ecatepec.
El apoyo ciudadano se vio reflejado en las palabras del presidente municipal con licencia, Fernando Vilchis, quien a través de sus redes sociales expresó su orgullo por el pueblo de Ecatepec y su lucha por vivir en paz, sin la amenaza de la criminalidad y la corrupción que afecta a las instituciones de justicia. Este evento marca un punto crucial en la exigencia de acciones efectivas contra la violencia y la corrupción en el Estado de México.
Extorsión no cesa
En los últimos años, el Edomex ha enfrentado un preocupante aumento en el delito de extorsión, afectando gravemente a diversos sectores de la sociedad, desde el empresarial hasta la ciudadanía en general. Esta situación ha generado un clima de inseguridad y temor entre los habitantes de la región.
La organización criminal conocida como la Familia Michoacana, liderada por los hermanos Jonnhy y Alfredo Hurtado Olascoaga, alias ‘El Fresa’ y ‘El Pez’, ha sido identificada como una de las principales perpetradoras de extorsiones en el estado, aunque no la única. Originarios de Michoacán, este grupo ha expandido sus actividades ilícitas al Edomex, donde se enfocan en la extorsión a comerciantes y productores de bienes básicos como pollo, huevo, tortillas y maíz, imponiendo precios injustos y obligando a transacciones en zonas específicas bajo amenazas.
Ante la creciente ola de inseguridad, en agosto de 2023, grupos de transportistas tomaron la iniciativa de formar autodefensas. Bajo el nombre de “Autodefensas del Transporte y Usuarios”, estos grupos han organizado movilizaciones para protestar contra las extorsiones y asaltos que afectan al sector del transporte público, un reflejo del hartazgo y la necesidad de acciones concretas para enfrentar la violencia.
Respaldo a esta situación, cifras oficiales señalan que el delito de extorsión en México ha experimentado un crecimiento del 26.02% entre enero-octubre de 2018 a 2023. La metodología de los extorsionadores incluye amenazas de daño físico o patrimonial, secuestros o incluso la muerte, usando la violencia psicológica como herramienta principal para intimidar y someter a sus víctimas.
A finales del año, específicamente a principios de diciembre de 2023, la tensión en Texcaltitlán alcanzó un punto crítico con un enfrentamiento entre pobladores y presuntos extorsionadores de la Familia Michoacana. Este conflicto surgió como respuesta al intento de los criminales de aumentar las cuotas del denominado derecho de piso, evidenciando la creciente resistencia de las comunidades a someterse ante estas prácticas criminales.
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