Dan prisión domiciliaria a Murillo Karam por caso Ayotzinapa: ¿Por qué cambiaron su medida cautelar?

Actualmente el exfuncionario se encuentra en la torre médica del penal de Tepepan debido a problemas de salud

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Jesús Murillo Karam. (FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM)
Jesús Murillo Karam. (FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM)

Un Tribunal Colegiado, en un reciente fallo, ha concedido el beneficio de la prisión domiciliaria al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), Jesús Murillo Karam, en el marco del proceso penal instaurado en su contra por delitos relacionados con desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En una sesión pública y por mayoría de votos se determinó resuelto el recurso de revisión incidental 28/2024, presentado por el inculpado. Con esta medida, el exprocurador seguirá el proceso que se le sigue por el caso de los normalistas, pero desde su casa.

Este proceso se originó a raíz de la presunta implicación de Murillo Karam en la desaparición de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Cepillo, miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos y vinculado al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Actualmente, y desde el pasado 30 de junio, Murillo Karam se encuentra en la torre médica del penal de Tepepan, Xochimilco, debido a problemas de salud.

El exprocurador tiene problemas de salud. (Infobae México / Jovany Pérez)
El exprocurador tiene problemas de salud. (Infobae México / Jovany Pérez)

Los magistrados del Tribunal basaron su decisión en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que contempla excepciones para la aplicación de la prisión preventiva, permitiendo su cumplimiento en el domicilio del imputado en casos donde este sea mayor de 70 años o padezca una enfermedad grave.

Murillo Karam, con más de 65 años y padeciendo enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral, cumple con los requisitos establecidos.

El exprocurador ha estado envuelto en una serie de controversias legales desde su detención en agosto de 2022. Inicialmente se le negó el beneficio de la prisión domiciliaria debido al riesgo de fuga, y más tarde, en diciembre de 2023, se le concedió este beneficio por otros cargos relacionados con la misma investigación. Sin embargo, la denegación inicial generó debates sobre la posible negligencia en las investigaciones y el manejo de la situación de los 43 estudiantes desaparecidos.

En la nueva resolución, el Tribunal argumentó que había elementos para considerar que el juez de proceso se equivocó al negar la ejecución de la medida en el domicilio del inculpado solicitado anteriormente.

¿De qué se le acusa?

Tomás Zerón de Lucio se encuentra prófugo de la justicia. (Cuartoscuro)
Tomás Zerón de Lucio se encuentra prófugo de la justicia. (Cuartoscuro)

Detenido en agosto de 2022, Murillo Karam es señalado por haber cometido presuntos delitos de desaparición forzada y tortura, que habría cometido contra Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, uno de los sicarios de Guerreros Unidos que participó en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

En concreto, el exprocurador habría incurrido en dichos delitos para fabricar la conocida como “verdad histórica”, la versión que creó el Gobierno de México para ocultar la participación de varias estructuras del Estado en lo ocurrido.

La FGR sostiene que ‘El Cepillo’ fue torturado durante los interrogatorios para que corroborara la versión oficial. En una de las grabaciones el sicario aparece en un cuarto esposado y encapuchado, siendo amenazado por el antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo de la justicia y a quien también se señala de los delitos de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.

La “verdad histórica” nunca fue creída por los familiares de las víctimas, que la consideraron como una forma de acallar las protestas que estallaron tras salir a la luz el caso, mientras que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un comité de juristas y médicos que llevó a cabo su propia investigación, lo tildó de crimen de Estado.