El gobierno municipal de Chihuahua aprobó por unanimidad una serie de reformas para sancionar económicamente a aquellos que promuevan la violencia contra las mujeres en actos públicos. Las multas serán destinadas a instituciones que cuidan del bienestar de niñas, adolescentes y mujeres, así como para la promoción de programas dirigidos a este sector.
La propuesta, presentada por la regidora Patricia Ulate, busca erradicar la violencia de género que se ha vuelto alarmante en la capital chihuahuense.
En un paso importante hacia la erradicación de la violencia de género, el gobierno municipal de Chihuahua aprobó por unanimidad una serie de reformas al Reglamento de Justicia Cívica y al de Diversiones y Espectáculos, estableciendo multas que van desde los 680 mil hasta un millón 200 mil pesos para aquellos que promuevan la violencia contra las mujeres, las denigren, marginen o excluyan en actos públicos.
La medida tiene como objetivo combatir la alarmante situación de violencia de género que ha afectado a la capital chihuahuense, donde las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia familiar y específicamente contra mujeres representan un abrumador 70 por ciento del total.
Autoridades respaldan la propuesta
El presidente municipal Marco Bonilla enfatizó que esta decisión busca respaldar la lucha que su gobierno ha encabezado contra la violencia de género. “Siete de cada 10 llamadas que recibimos al 911 tienen que ver con violencia familiar, y muy particularmente contra la mujer, y eso no lo podemos permitir”, expresó Bonilla a través de sus redes sociales.
La propuesta de sancionar económicamente a quienes promuevan la violencia de género fue realizada por la regidora Patricia Ulate, quien establece infracciones para aquellos que interpreten y reproduzcan contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro medio que fomente la violencia contra las mujeres y propicie su denigración, discriminación, marginación o exclusión en espectáculos públicos, artísticos o de variedad, que requieran permiso de la autoridad municipal para su realización.
Los recursos obtenidos a través de estas multas serán destinados a instituciones que brindan apoyo a mujeres y sus hijos, así como a la promoción de programas dirigidos a este sector vulnerable. De manera similar, los ingresos generados por multas aplicadas a los narcorridos son canalizados actualmente a refugios para niñas, niños y adolescentes que han sido afectados por la violencia en su hogar.
De acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVI), solo el año pasado se registraron más de 18 mil 700 llamadas de emergencia al 911 por casos de violencia contra mujeres en Chihuahua. Estas cifras alarmantes han llevado a la implementación de medidas más contundentes para proteger a las mujeres y fomentar una sociedad libre de violencia de género.
La propuesta presentada por la regidora Ulate está en plena congruencia con la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que exige a los municipios expedir normas legales para garantizar este derecho fundamental. Asimismo, el Estado Mexicano ha ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, lo que reafirma el compromiso de las autoridades locales en la protección de los derechos de las mujeres.
El presidente municipal Marco Bonilla hizo hincapié en que el respeto a la libertad de expresión no será coartado, sin embargo, aquellos que incurran en actos que promuevan la violencia de género deberán asumir las consecuencias de sus acciones a través de estas sanciones económicas.