El Juzgado Federal de Río Gallegos ordenó la clausura preventiva del Lubricentro “Truck” y del Lavadero “Esperanza Trucks”, ambos ligados a la causa que investiga a Lázaro Báez y su pareja Claudia Insaurralde, por presunto lavado de activos, asociación ilícita y maniobras para administrar bienes embargados o decomisados por sus condenas en Vialidad y Ruta del Dinero K. De este modo, deberán permanecer cerrados durante la investigación penal preparatoria.
Los dos comercios que, según la pesquisa, se utilizaron como base operativa para hacer el movimiento de fondos, figuran a nombre de Jorge Manuel Ulloa, otro imputado que quedó con prisión preventiva por 180 días como supuesto facilitador del delito.
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A pedido del fiscal general interino Julio Zárate, la medida fue dictada en la causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737. El Ministerio Público Fiscal deberá ejecutar la clausura con intervención de las fuerzas de seguridad que considere necesarias e informar al expediente el cumplimiento de la medida.
De acuerdo a la pesquisa, los locales se habían usado como lugar de recepción y acopio de drogas. Durante los procedimientos se secuestraron 1.231,31 gramos de cocaína y 1.305 gramos de cannabis.
La Justicia ordenó resguardar el ganado de las estancias
Mientras se completan los allanamientos vigentes en los establecimientos rurales vinculados a Lázaro Báez, la Justicia dispuso que el Ministerio Público Fiscal coordine la custodia y el resguardo del ganado. La decisión alcanza a La Entrerriana y Alquinta, en Santa Cruz.
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El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó que la fiscalía garantice agua, alimentación, controles sanitarios, asistencia veterinaria y protección climática para los animales.
La medida contempla un régimen especial para la hacienda, debido a que no puede ser trasladada ni alojada en un depósito judicial ordinario. Por eso, el fallo habilitó el ingreso controlado de cuidadores, veterinarios y autoridades sanitarias, bajo supervisión de las fuerzas de seguridad.
Cuando termine el inventario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá el listado de los bienes y animales encontrados durante los operativos.
En La Entrerriana, los investigadores contabilizaron hasta ahora 96 bovinos y 203 ovinos. También detectaron vehículos y motos, además de animales con marcas de otros establecimientos o sin identificación reconocible.
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En Alquinta, el relevamiento parcial registró 1.308 ovinos y seis bovinos. El operativo también permitió localizar vehículos, maquinaria, insumos, armas y un dispositivo DVR.
La causa
La investigación procura determinar cómo se habrían mantenido en funcionamiento propiedades, contratos y sociedades vinculadas a Báez pese a las medidas judiciales de embargo y decomiso que pesaban sobre parte de ese patrimonio.
Entre la documentación secuestrada aparece un contrato por la estancia La Entrerriana entre Austral Agro S.A. y Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, señalado como posible administrador. También se encontraron anotaciones sobre alquileres, referencias a poderes y cuestiones contables.
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Además, en el expediente se incorporaron un cuaderno secuestrado en el domicilio de Ibáñez e Insaurralde y un contrato de alquiler entre Báez e Ibáñez localizado en Patagonia Propiedades. El material deberá ser analizado junto con las comunicaciones telefónicas y el resto de los elementos incautados.
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