El extitular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, reclamó este miércoles el sobreseimiento al ser indagado por una presunta defraudación al gremio y su obra social, y afirmó que el contrato millonario que investiga la Justicia estuvo justificado y los servicios se brindaron.
Además, en un descargo que presentó por escrito ante el juez federal Julián Ercolini, dijo que no hubo incompatibilidad en la situación que se generó con la entonces empleada de la Unión Obrera Metalúrgica, Soledad Calle, quien a su vez integraba la empresa firmante de ese contrato.
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“No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, sostuvo en el descargo entregado en el juzgado federal 12, donde no respondió preguntas.
Calle es militante kirchnerista y compró el departamento ubicado debajo del de la detenida expresidenta Cristina Kirchner en San José 1111, donde esta última cumple arresto domiciliario condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. .
La accionista y directora suplente de USEM “no desempeñó ninguna tarea nunca en la UOM que se vinculara de ningún modo con el circuito administrativo de pagos y gestiones bancarias que aquí interesan”, se agregó en el descargo. Calle está citada a indagatoria la semana próxima.
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Defensa de los contratos
Furlán se presentó en el cuarto piso de Comodoro Py 2002 poco antes de las 1030 junto a su abogado Alejandro Rua, entregó un escrito y no respondió preguntas. Pidió ser sobreseído y sostuvo que no hubo irregularidades, delito ni perjuicio patrimonial para los afiliados ni para la obra social en la contratación.
El dirigente sindical afirmó que los contratos de febrero de 2023 firmados con USEM S.A. no fueron decisiones individuales, sino que fueron autorizados por el Secretariado Nacional de UOMRA y OSUOMRA, luego de decisiones previas del Consejo Directivo y con posterior aprobación del Congreso Nacional de Delegados.
En el escrito se planteó que durante unos 20 años la UOM trabajó con el Banco Nación y otra empresa, Donington S.A, bajo un esquema similar exigido para los fideicomisos. Según la defensa, los contratos con USEM reemplazaron esos vínculos vencidos y actualizaron el sistema de administración y gestión bancaria
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Al respecto mencionó que los nuevos contratos de fideicomiso con el BNA, firmados en octubre de 2022, requerían que UOMRA y OSUOMRA designaran una persona jurídica para gestionar cuentas bancarias de las seccionales. La defensa ubica a USEM como esa firma operativa.
La empresa que integraba Calle “no administraba discrecionalmente los fondos sindicales o de la obra social, sino que realizaba tareas de gestión bancaria: apertura y administración de cuentas, procesamiento de libranzas, pagos excepcionales, documentación, informes y rendiciones”.
Las decisiones sobre pagos seguían en manos de los órganos de UOMRA y OSUOMRA, y del Banco Nación como fiduciario. La firma cuestionada cumplió con las funciones contratadas, aseguró además. También rechazó sobreprecios.
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Furlán pidió además que se le levante la inhibición general de bienes que ordenó el juez federal Julián Ercolini por no existir un peligro concreto de eludir el proceso o frustrar eventuales decisiones judiciales futuras: desde que se abrió la causa nueve meses atrás, remarcó que se presentó de manera espontánea y aportó prueba.
La acusación
Se investiga la firma de dos contratos el 27 de febrero de 2023 entre UOMRA y OSUOMRA con USEM S.A., con una vigencia proyectada de diez años, desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 28 de febrero de 2033.
Esa firma se había creado 82 días antes de esos contratos —el 7 de diciembre de 2022— y, según el juzgado, tenía una estructura operativa reducida y no se identificó otra actividad comercial relevante. Además, “no se habría acreditado la realización previa de una compulsa competitiva, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes o de capacidad operativa del proveedor”, agregó la imputación.
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