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Un empleado público confesó haber desviado $559 millones en combustible con una tarjeta del Estado y fue condenado

Manejaba la flota de vehículos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y tenía una tarjeta de “YPF Ruta”. Durante más de tres años defraudó a las arcas públicas con cargas de nafta y diésel. Ampliarán la investigación para buscar cómplices y esclarecer el destino final del provecho económico

Las cargas ilícitas ocurrieron en varias estaciones de servicio de YPF (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a un juicio abreviado, un ex empleado de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) confesó un robo hormiga a las arcas públicas que, en casi cuatro años, se tradujo en el desvío de unos $559.000.000. Al admitir los hechos que se le imputaron, llegó a un acuerdo con la Justicia y fue condenado a una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El protagonista del caso es Augusto Aníbal Ciarmatori, técnico especializado en mantenimiento del Parque Automotor de la AABE. Estuvo a cargo de la flota de vehículos oficiales del organismo y administró las tarjetas del programa corporativo “YPF Ruta”, que ofrece convenios para el abastecimiento de combustible para empresas o instituciones.

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La investigación demostró que entre el 20 de enero de 2019 y el 14 de noviembre de 2022 Ciarmatori utilizó de forma indebida una tarjeta del organismo asociada a su documento de identidad. Con este plástico, realizó numerosas compras de combustible en distintas estaciones de servicio, principalmente en una ubicada sobre la Avenida Juan Bautista Alberdi al 7500 y, en menor medida, en otra de la Avenida San Juan al 2901, ambas en la Ciudad de Buenos Aires.

La suma de todos los pagos que hizo el entonces empleado público asciende a $65.518.722,92. No obstante, la querella de la Administración de Bienes del Estado estimó que la actualización de dicho monto a valores actuales es de 559 millones de pesos.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) centraliza la gestión, administración, disposición y fiscalización de los bienes inmuebles y muebles en desuso del Estado Nacional, entre otras tareas

El fraude quedó al descubierto cuando el director general de Administración de la AABE, Jorge Bacalov, detectó un incremento desmedido en la facturación del combustible. Ante esta situación, solicitó una auditoría al área contable sobre los consumos registrados en la primera mitad del año 2022.

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El relevamiento arrojó inconsistencias severas. El dato más llamativo resultó la compra masiva de “Diesel 500”, un tipo de gasoil apto únicamente para motores antiguos, transportes pesados o maquinaria agrícola. Este tipo de combustible es incompatible con la flota de la agencia estatal, compuesta por 32 vehículos modernos fabricados a partir de 2008 que requerían nafta común.

Según se desprende de la causa, cuando las autoridades le exigieron a Ciarmatori las claves de acceso al sistema informático de la petrolera para identificar qué vehículos realizaban las cargas, el técnico negó las acusaciones y presentó su renuncia inmediata al cargo. Posteriormente, el director de Contabilidad del organismo, Alejandro Cabo, ingresó a la plataforma digital y constató que la tarjeta personal del imputado registraba un volumen inusual de transacciones sin ningún automóvil oficial asociado.

La queja de la AABE y posibles cómplices

La Agencia de Administración de Bienes del Estado, constituida como parte querellante en el proceso, se opuso a la homologación del juicio abreviado. El abogado del organismo consideró que la pena acordada entre la fiscalía y la defensa era “irrazonable y desproporcionadamente baja en relación con la gravedad de los hechos atribuidos”. Asimismo, cuestionó la falta de un compromiso de reparación económica por parte del acusado y la ausencia de bienes registrados a su nombre.

Sin embargo, el juez de cámara Ramiro Velasco, a cargo del Tribunal Oral Criminal N° 6, desestimó la oposición de la querella.

Ramiro Velasco, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires

El magistrado aclaró que la opinión del organismo damnificado no es vinculante en este tipo de procedimientos y que la falta de un acuerdo resarcitorio no impide la homologación de la condena penal. De todos modos, la resolución dejó a salvo el derecho de la AABE para iniciar una demanda de indemnización en el fuero civil, donde la sentencia penal firme servirá como prueba irrefutable del hecho y de la culpa del condenado.

Para fijar la pena en dos años y seis meses de prisión condicional, el tribunal ponderó como atenuantes la falta de antecedentes penales de Ciarmatori y su admisión voluntaria de responsabilidad. También valoró su situación sociofamiliar actual, reflejada en un informe que detalló su trabajo como chofer de aplicaciones, la crianza de sus dos hijos menores y el cuidado de su padre enfermo. Como agravantes, el juez tuvo en cuenta que el robo hormiga al Estado se prolongó por tres años, además del elevado perjuicio económico causado.

Aunque el TOF N° 6 consideró que las pruebas eran suficientes para condenar a Ciarmatori por fraude en perjuicio de la Administración Pública, el fallo hizo lugar a una petición subsidiaria de la querella. El juez Velasco ordenó extraer testimonios de la causa y remitirlos a un nuevo juzgado federal de turno para que se investigue la posible participación de terceras personas en la maniobra, así como el destino final del dinero desviado.

En esta causa que terminó con un juicio abreviado, no se logró reconstruir de manera íntegra el circuito posterior del combustible ni el destino final del provecho económico. Es decir, procesalmente no se determinó con exactitud si Ciarmatori, por ejemplo, revendía el combustible a terceros o lo aprovechaba para su uso personal.

Esta nueva investigación buscará determinar si existieron maniobras de lavado de activos, encubrimiento u otros delitos federales.

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