La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la responsabilidad del municipio y del médico que intervino en una cesárea por el hallazgo posterior de un cuerpo extraño en el abdomen de una paciente. El tribunal mantuvo una indemnización de $9.919.200, aunque modificó el mecanismo de actualización dispuesto en primera instancia y fijó nuevas pautas para el cálculo de intereses.
La demanda fue presentada por una mujer que acudió a un hospital municipal de la zona oeste del Gran Buenos Aires el 6 de julio de 2018, cuando cursaba 36 semanas de embarazo. Según su relato, ingresó para dar a luz y firmó los consentimientos para una cesárea y una ligadura de trompas. La intervención estuvo a cargo del profesional demandado y, tras varios días de internación, recibió el alta médica el 11 de julio.
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La reclamante —de 35 años en ese momento— sostuvo que, después de salir del hospital, comenzó a sufrir dolores abdominales intensos, fiebre y dificultades para caminar y permanecer de pie. También afirmó que volvió en varias oportunidades al establecimiento de salud, donde le habrían indicado que las molestias se vinculaban con la recuperación normal de la operación y le habrían recomendado antiinflamatorios.
De acuerdo con la demanda, el cuadro se agravó durante más de dos meses, al punto de que la mujer no podía atender a sus hijos ni realizar sus tareas cotidianas. El 26 de septiembre de 2018 volvió al hospital municipal y un médico clínico ordenó estudios ante la posibilidad de una infección. Como el centro no contaba con tomografía, fue derivada a otro hospital.
El 27 de septiembre de ese año, la paciente ingresó al otro centro de salud con dolor abdominal y fiebre. La historia clínica incorporada al expediente señaló que, durante una laparotomía exploradora, se detectó un absceso entre asas intestinales y un cuerpo extraño en la cavidad abdominal, que fue extraído. Luego se realizó un lavado y drenaje de la zona, y la mujer recibió el alta el 1 de octubre.
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La demandante atribuyó ese elemento a una compresa quirúrgica olvidada durante la cesárea. También cuestionó la atención posterior que recibió en el hospital municipal y afirmó que se incumplieron los procedimientos de control del material utilizado en el quirófano. Reclamó una reparación por incapacidad física, daño psicológico y consecuencias no patrimoniales.
En septiembre de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 de Morón hizo lugar a la demanda. Condenó de manera solidaria al municipio y al médico, y extendió la sentencia a la aseguradora dentro de los límites de la póliza. El fallo consideró acreditado que el cuerpo extraño hallado durante la cirugía posterior se vinculaba con la intervención obstétrica realizada en julio de 2018.
La sentencia de primera instancia sostuvo que la responsabilidad del médico debía analizarse como una obligación de medios. Es decir, no se le reprochó que la práctica no hubiera tenido el resultado esperado, sino una falta de diligencia en el desarrollo de la operación. El juez destacó que la pericia médica indicó que el conteo del material quirúrgico debe hacerse de forma audible y con participación de la instrumentadora, la circulante y el cirujano responsable.
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El juzgado entendió que la presencia de un cuerpo extraño en el abdomen contradijo la anotación de la historia clínica que consignaba un “conteo satisfactorio de gasas”. Para el magistrado, el hallazgo posterior permitió establecer que la prevención necesaria no se aplicó de manera adecuada o que el registro no reflejó lo ocurrido durante la intervención.
La decisión inicial otorgó $3 millones por daño físico, $2,5 millones por daño moral y $4.419.200 por daño psicológico, suma que incluyó incapacidad y tratamiento. El fallo consideró que las cicatrices y los padecimientos posteriores guardaban relación con la nueva intervención que fue necesaria para retirar el elemento encontrado en la cavidad abdominal.
El municipio, el médico y la aseguradora apelaron. El profesional planteó que el recuento de gasas era una tarea compartida con otros integrantes del equipo quirúrgico y sostuvo que no debía responder de forma exclusiva. También cuestionó la relación entre las cicatrices y el hecho, así como los montos reconocidos por daño moral y psicológico.
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La Cámara rechazó ese argumento. Señaló que la participación de instrumentadores y personal circulante en el conteo no libera al cirujano de sus deberes propios, en especial porque es quien dirige la intervención y dispone el cierre de la cavidad. Además, indicó que una eventual responsabilidad de otros integrantes del equipo no elimina la responsabilidad personal del profesional demandado.
Los camaristas también descartaron que el olvido de una gasa o compresa pudiera considerarse una mera contingencia inevitable de una cirugía. Explicaron que el consentimiento informado cubre riesgos inherentes a una práctica realizada de manera diligente, pero no incluye la omisión de medidas de seguridad destinadas a evitar que queden materiales dentro del cuerpo de un paciente.
Sobre la responsabilidad estatal, la Cámara corrigió el encuadre utilizado en primera instancia. Aclaró que el municipio no responde de manera indirecta como empleador del médico, sino en forma directa y objetiva por una deficiente prestación del servicio de salud. Según el fallo, el funcionamiento del hospital compromete a la administración municipal cuando la atención resulta insuficiente o irregular.
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El tribunal confirmó los tres rubros indemnizatorios, incluido el monto por daño físico, pese a que la pericia no pudo separar con exactitud qué parte de las cicatrices correspondía a cada una de las intervenciones anteriores. Consideró probado que la cirugía para extraer el cuerpo extraño agravó una situación previa y dejó secuelas permanentes, por lo que mantuvo la suma fijada por el juzgado.
La Cámara sí modificó el sistema de actualización de la condena. Dejó sin efecto la aplicación del Índice de Precios al Consumidor desde la sentencia de primera instancia hasta el pago y estableció un interés puro del 6% anual desde el 6 de julio de 2018 hasta el fallo de alzada. Desde esa fecha y hasta el pago efectivo, se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a 30 días.
Respecto de la aseguradora, la sentencia mantuvo que deberá responder dentro de los límites de la cobertura contratada. El tope original de $600.000 será actualizado con la tasa activa para restantes operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sin capitalización, desde el hecho hasta que la sentencia quede firme. Además, deberá participar de manera proporcional en intereses y costas, cálculo que quedó diferido para la etapa de liquidación.
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