El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación dará a conocer este jueves a las 9:30 el veredicto del juicio político contra el suspendido titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, Gastón Salmain. El tribunal resolverá si hace lugar al pedido de destitución por mal desempeño formulado por el Consejo de la Magistratura. En ese caso, perderá sus fueros y quedará en condiciones de ser detenido: tiene un pedido de prisión preventiva por su participación en la causa Attila.
La decisión final se encuentra bajo la responsabilidad de un jury integrado por siete miembros: los magistrados Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández. Para que se concrete la remoción del imputado, se requiere una mayoría de cinco votos.
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El proceso de juicio político se estructuró sobre la base de dos cargos independientes. El primero de ellos se concentró en el ejercicio de su función como juez, específicamente en la tramitación de una causa iniciada por el fideicomiso “Attila” contra el Banco Central de la República Argentina. Según la hipótesis de los consejeros acusadores —el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena de la Torre—, Salmain pactó un soborno de 200.000 dólares a cambio de favorecer a dicha empresa del financista Fernando Whpei, hoy imputado colaborador de la Justicia.
La maniobra consistió en el dictado de una medida cautelar que autorizó a la empresa a adquirir 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial cuando aún había cepo y brecha cambiaria, para luego transferir esos fondos al exterior.
La acusación sostuvo que el magistrado adoptó una serie de determinaciones contrarias a la normativa vigente. Entre las irregularidades señaladas, se destacó que resolvió la medida de urgencia sin contar con el dictamen previo de la fiscal federal Adriana Saccone sobre la competencia territorial. Asimismo, se le cuestionó haber aceptado una caución juratoria en lugar de una real, y haber concedido la apelación del Estado con efecto devolutivo, lo que permitió la salida de las divisas antes de una sentencia definitiva.
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Por estos mismos hechos, Salmain fue procesado en el fuero penal de Rosario por los delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dicha resolución cuenta con la confirmación de la Cámara Federal de Rosario y de la Cámara Federal de Casación Penal. Aunque la justicia penal ordenó su prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, la detención no se ejecutó debido a la inmunidad que posee por su cargo.
Cabe destacar que en el juicio político no se evalúa si el juez es culpable o inocente, sino que se pone bajo la lupa si conserva la idoneidad necesaria para continuar en su función pública.
Omisión de antecedentes
La segunda acusación apuntó al proceso de selección mediante el cual Salmain accedió a la magistratura en mayo de 2023. El Consejo de la Magistratura constató que el postulante omitió declarar en sus presentaciones, las cuales revisten carácter de declaración jurada, un antecedente de relevancia institucional.
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En el año 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la cesantía de Salmain, quien se desempeñaba como empleado en el fuero de la Seguridad Social.
La investigación determinó que Salmain intentó sobornar a una empleada de la mesa de entradas para alterar el sistema informático de sorteos, con el propósito de desviar expedientes hacia el juzgado donde trabajaba y beneficiar de forma paralela a un estudio jurídico privado.
A raíz de este episodio, se inició una causa penal en la que el exauxiliar resultó procesado en 2004 por falsedad ideológica, expediente que se resolvió mediante la concesión de una suspensión del juicio a prueba (probation) que incluyó tareas comunitarias en el Jardín Botánico de Palermo.
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“Yo me caí, pero me levanté y camino”
Durante las audiencias del debate, los abogados defensores Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira rechazaron de manera tajante las imputaciones.
Respecto al primer cargo, afirmaron que no existieron pruebas directas que vincularan a Salmain con el empresario Fernando Whpei, quien declaró como arrepentido e incriminó al juez.
La defensa argumentó que los registros de ingreso al Juzgado de la Prefectura Naval Argentina demostraron que el financista nunca ingresó a su despacho, y que las localizaciones de las antenas telefónicas solo indicaban zonas generales compatibles, pero no una reunión en la oficina de Salmain.
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En relación con el currículum, los letrados explicaron que Salmain no tenía la obligación reglamentaria de informar una sanción ocurrida hace más de dos décadas, dado que las normas del Consejo de la Magistratura solo exigen declarar los antecedentes de los últimos diez años. Asimismo, exhibieron un registro audiovisual de la entrevista pública en el Senado de la Nación, donde el entonces candidato mencionó ante una pregunta del diputado Rodolfo Tailhade que se desempeñó en el Poder Judicial en el pasado en calidad de auxiliar.
En sus últimas palabras ante el Jurado de Enjuiciamiento, el suspendido magistrado defendió su gestión al frente del juzgado rosarino y solicitó que se le permita continuar en sus funciones. Salmain manifestó que concursó con la convicción de estar capacitado para el cargo y que intentó realizar la mejor labor posible. “Dicen que el que se cae y se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Yo me caí, pero me levanté y camino. Y lo único que les pido es que me dejen seguir caminando”, concluyó ante el tribunal.
En caso de ser destituido, el futuro de Salmain quedará en manos del juez Carlos Vera Barros, quien tiene a cargo la causa Attila. Su excompañero de los tribunales federales de Rosario es quien deberá dar la orden de detenerlo.
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