Hotesur - Los Sauces, el juicio: la inmobiliaria de los Kirchner no tenía sede ni empleados, según la fiscalía

El Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, dispuso un cuarto intermedio de 20 minutos. Luego continuará la lectura del requerimiento fiscal.

Otro eje de la acusación se basa en que, además de “no tener una sede real donde operar”, Los Sauces “no tuvo personal que llevara a cabo la actividad de intermediación inmobiliaria y, cuando lo tuvo, registró a dos empleados”, entre ellos el jardinero personal de Cristina Fernández y a su hija Florencia Kirchner, “cuyas funciones en la empresa se desconocen hasta el momento”.

“En efecto, según se pudo establecer, la firma Los Sauces no registró empleados hasta abril de 2010; registró únicamente un solo empleado a partir de mayo de 2010 y durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2015″.

El jardinero Ramón Ángel Díaz Díaz declaró que “trabaja para la familia Kirchner desde hace 18 o 19 años; que lo contrató Cristina Fernández; que su labor es cortar el pasto y arreglar el jardín en la casa de la expresidenta; y que desconoce dónde queda la administración de la empresa”, según recordó la fiscalía.

La fiscalía tomó como prueba las inconsistencias sobre el lugar “donde supuestamente funcionó la empresa”.

“La firma Los Sauces no tuvo sede social donde desarrollar las reuniones de directorio y asamblea, donde llevar adelante la marcha de su negocio y donde poder ser localizada por los organismos de control”, se leyó en la audiencia.

En la documentación que consta en el expediente, la inmobiliaria consignó tres direcciones: Alcorta 76, 9 de Julio 161 y Monte Aymond 96, todos en la ciudad de Río Gallegos. “Lo cierto es que son falsos, en tanto en ellos nunca funcionó verdaderamente la sede social”, sostuvo la acusación.

En las calles Alcorta y 9 de Julio había dos estudios contables, de los profesionales Néstor Pombo y Víctor Manzanares. La tercera dirección corresponde al domicilio personal de Máximo Kirchner.

“Como se ve, pese a registrar distintos domicilios en la ciudad de Río Gallegos, en ninguno de ellos se pudo demostrar el funcionamiento de Los Sauces como empresa inmobiliaria ni tampoco la existencia de infraestructura administrativa acorde con la actividad a la que se dedicaba, lo que constituye un indicador sólido e irrefutable sobre la ilicitud de la actividad desarrollada por la sociedad de los expresidentes y sus hijos”, estableció la fiscalía.

La acusación ubicó en un rol preponderante a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de los expresidentes y acusada en el juicio.

Fue presidenta de la empresa Los Sauces “a partir del año 2015 —siendo que también desde el año 2013 era presidente de Hotesur— y fue escoltada por Florencia Kirchner como vicepresidente y Máximo Kirchner como director suplente”, se desprende del requerimiento fiscal.

Así, “desde la cúpula del directorio, primero Máximo y luego Florencia Kirchner y Mercado, fueron quienes se encargaron de aprobar la compra de las propiedades con las que se instrumentó el lavado de dinero, de aceptar aportes irrevocables de los accionistas, de suscribir los contratos de locación y de recibir y manejar el flujo de dinero proveniente de las empresas de Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa, Lázaro Báez y Osvaldo José Sanfelice”.

La sobrina de los Kirchner no solo ocupó un cargo jerárquico en Los Sauces. Además, “desde la empresa Inversora M&S —de la que fue empleada desde el 02/2012 al 03/2016, es decir, simultáneamente a todo el período en que la sociedad de los ‘empresarios amigos’ y la familia Kirchner desarrollaron la maniobra de lavado de activos—, le permitía encontrarse tanto en la empresa pantalla como en aquella que canalizaba los fondos que luego eran sometidos al proceso de blanqueo”.

Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, recibieron del Gobierno kirchnerista “contratos de obra pública, concesiones y beneficios impositivos indebidos” que habían permitido “el crecimiento patrimonial de los empresarios”.

La mayor parte de la facturación de la inmobiliaria Los Sauces “correspondía a dinero que provenía de empresas del Grupo Indalo —65%— y del Grupo Báez —23%—”, acusó la fiscalía.

Esto, siguiendo ese criterio, “exhibe que los fondos que ingresaban a la empresa provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, o bien ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa desde diferentes organismos estatales encargados del control y de la autorización de aquellos”.

El “amigo de la familia presidencial” Lázaro Báez y sus empresas, luego de ser “beneficiadas con un flujo de fondos sistemático y constante como consecuencia de las obras públicas viales que le eran adjudicadas irregularmente en claro detrimento del erario público”, reciclaban los fondos para que llegaran “a manos de los expresidentes y sus hijos a través del negocio hotelero e inmobiliario desplegado por la firma Los Sauces, bajo la apariencia de legitimidad que le garantizaba el flujo de fondos mediante la fachada de una actividad lícita, lo que les aseguraba poder declarar dichos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco ocultando su verdadero origen”.

La participación del diputado nacional “no se circunscribió a su rol en la firma Los Sauces”, señaló la acusación.

Máximo “resultó accionista de la firma Hotesur, vendió propiedades de sus padres a la empresa Austral Construcciones con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad, firmó los contratos de alquiler de los hoteles y retiró fondos de aquella sociedad”.

Aunque Florencia Kirchner fue sobreseída antes de llegar a juicio, la fiscalía postuló que ella “se incorporó a la asociación criminal tras el fallecimiento de su padre en octubre de 2010. A partir de allí brindaría su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venían desarrollando sus padres y su hermano a través de la sociedad Los Sauces”.

A partir del 2012, Florencia fue vicepresidenta y empleada de Los Sauces y, “al igual que Máximo, también participaría del esquema de blanqueo que en simultáneo se desarrolló a través de la empresa Hotesur, lo que expone el rol fundamental de la nombrada y el beneficio económico que aquella obtuvo de ambas maniobras de lavado”.

La segunda jornada de juicio comenzó con la lectura de la valoración probatoria de la fiscalía.

“Los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa a expensas del erario público, antecedente necesario y buscado del propio enriquecimiento personal de la familia Kirchner que, como se ha dicho, se instrumentó mediante distintos mecanismos de reciclaje de dinero a través de la actividad inmobiliaria y hotelera”, sostiene la acusación.

Para sostener la mecánica de la corrupción durante 12 años, intervinieron “funcionarios públicos de distintos organismos del Estado, los hijos del matrimonio presidencial Máximo y Florencia, los empresarios beneficiados” Báez, López y De Sousa, y “profesionales contadores y escribanos, Manzanarez, Albornoz y Ludueña”, entre otros.

Todos ellos “ocuparían diferentes roles tanto en las empresas de los expresidentes como en los conglomerados societarios de los referidos empresarios”, mientras que los expresidentes, que “dirigían y controlaban la organización criminal”, se posicionarían de ambos lados del mostrador, “valiéndose de su rol y jerarquía como presidentes de la república para beneficiar ilegítimamente a los empresarios mencionados y recibiendo ya desde el lado privado una porción de lo sustraído a través de las maniobras de lavado de activos investigadas”.