La Corte confirmó casi una decena de extradiciones por narcotráfico, homicidios y robos

La Corte Suprema de Justicia confirmó extradiciones en casi una decena de causas por lavado de dinero, narcotráfico, homicidios, abusos sexuales, secuestros y robos. Los pedidos corresponden a Estados Unidos, Rusia, Venezuela, Chile, Brasil, Paraguay y Perú, aunque la decisión final sobre cada traslado depende del Poder Ejecutivo.

Entre los casos confirmados figura el de Benjamín Daniel Levy, requerido por Estados Unidos para ser juzgado en Nueva York por conspiración para lavar dinero. Se le atribuye haber blanqueado entre 2018 y 2020 más de USD 50 millones provenientes del narcotráfico.

También fue autorizada la entrega de Juan Carlos Argüello Villalba, buscado por asociación ilícita y fraude electrónico.

Por otra parte, avaló la extradición a Chile de Agustín Felipe O’Ryan Soler, quien había escapado a Argentina para evitar una condena de siete años por violación y abuso sexual agravado, y la de Aníbal Adrián García García, reclamado por robo con violencia y para cumplir 2.380 días de prisión por condenas vinculadas con robos y receptación de vehículos.

El máximo tribunal avaló las entregas de Cristhian Harold Aguayo Tafur, requerido en Perú por homicidio agravado; Luis Ángel Gotopio, buscado en Venezuela por tráfico de drogas y asociación ilícita; y Enrique Gonzales Román, un ciudadano peruano requerido por secuestro y robo agravado a partir de una circular roja de Interpol.

A su vez, declaró procedente la extradición de Mónica Soledad De Oliveira, requerida por Brasil para cumplir una condena de 10 años y tres meses de reclusión, además de 1.268 días de multa, por asociación ilícita y tráfico internacional de drogas.

En cuanto a la causa contra el imputado identificado como I.G., reclamado por Rusia por una causa de drogas, los jueces rechazaron el argumento de que podía sufrir torturas o tratos crueles. El fallo consideró las garantías ofrecidas por ese país, incluida la posibilidad de que autoridades diplomáticas argentinas controlen sus condiciones de seguridad y defensa.

Los nueve fallos examinan pedidos de extradición y comparten una línea jurisprudencial consistente de la Corte Suprema: el procedimiento no funciona como un nuevo juicio penal sobre los hechos atribuidos, sino como un control limitado de los requisitos legales y convencionales para habilitar la cooperación con el Estado requirente.

Los fundamentos

En líneas generales, la Corte Suprema mantuvo el criterio de que las extradiciones deben concederse cuando el pedido cumple los requisitos legales y convencionales, y no existe una prohibición concreta, acreditada y jurídicamente relevante que justifique rechazarlo.

El máximo tribunal controló que se produzca una doble incriminación, es decir que los hechos atribuidos deben constituir delito tanto en el país requirente como en la Argentina.

Como medida complementaria, la Corte suele ordenar que el juez argentino informe al Estado solicitante el tiempo que el extraditado estuvo detenido en la Argentina, para que pueda computarse en el proceso o en la pena que corresponda.

En algunos casos, también dispone comunicar las denuncias sobre condiciones de alojamiento para que las autoridades extranjeras adopten medidas de resguardo.

En este sentido, la Corte adopta un criterio de cooperación internacional con control de legalidad y de derechos fundamentales, pero sin reemplazar a la jurisdicción extranjera en el análisis de fondo del caso penal.