El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a cuatro internos del Servicio Penitenciario de Jujuy acusados de hacerse pasar por el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, para estafar y extorsionar a familiares de detenidos.
La resolución alcanzó a Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, por considerarlos coautores de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad.
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La mayoría de las víctimas eran familiares de personas detenidas, a quienes les ofrecían una supuesta libertad a cambio de pagos.
Los acusados se atribuían el nombre, el cargo y la investidura de Rosatti para comunicarse con dependencias policiales, penitenciarias y fuerzas de seguridad.
Para Ercolini, el uso del nombre, la imagen y el cargo de Rosatti “revelan el pleno conocimiento de la atribución de una autoridad que no se poseía”.
La resolución describió que la organización funcionó desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025 en el Establecimiento Penitenciario N.º 7 de Jujuy.
La maniobra
La hipótesis del caso sostiene que los presos usaban distintas líneas telefónicas, tarjetas SIM, billeteras digitales, cuentas bancarias y alias de pago para obtener datos de personas detenidas y de sus familiares.
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Los celulares los mantenían ocultos en las celdas, con perfiles de WhatsApp que tenían la imagen del titular de la Corte Suprema.
Las maniobras incluían pedidos de dinero por trámites inexistentes y falsas fianzas de hasta un millón de pesos. El pago debía realizarse mediante una cuenta presentada como perteneciente al Poder Judicial.
También simulaban representar a empresas privadas que ofrecían premios, aunque exigían el pago de gastos falsos. Los imputados definían esas actividades como un “trabajo”.
Una de las llamadas comenzó con la frase: “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En otro diálogo incorporado al expediente, un integrante del grupo dijo: “a ellos les estamos robando, le pedís los números de familiares ahí, estamos diciendo que les vamos a dar una fianza”.
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También se registró en las conversaciones que uno de los reclusos advirtió: “le damos el CBU de una cuenta fantasma, le hacemos sacar plata y lo hacemos recagar”.
El fallo revela que “incluso el quehacer delictivo siquiera menguó a pesar de haber realizado procedimientos durante diciembre de 2024 en el Establecimiento Penitenciario y haber secuestrado el teléfono que efectuó la primera comunicación que dio origen al expediente”.
Antecedentes
La investigación se inició a raíz de un llamado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, en el que un hombre dijo ser “el doctor Horacio Rosatti, Jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y pidió datos de detenidos y teléfonos de sus familiares, con la excusa de estar realizando un relevamiento de derechos humanos.
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El rastreo del llamado lo ubicó en la zona del penal jujeño, por lo que la pesquisa avanzó con intervenciones telefónicas, cruces de líneas, informes de empresas de telefonía, registros de cuentas y allanamientos dentro del establecimiento penitenciario.
Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, biblias y libros con anotaciones de alias, números telefónicos, CBU y destinatarios vinculados con las maniobras.
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