El jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló la multa diaria de $100.000 que se le impuso por el presunto incumplimiento de la medida cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y no docentes y el monto de becas, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió al juez en lo penal económico Martín Cormick elevar ese monto al considerarlo exiguo frente a las cifras involucradas.
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La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ya tiene a estudio la apelación del Gobierno contra la resolución que consideró incumplida la medida cautelar.
Consecuencias patrimoniales
Con el patrocinio de los abogados Adrián Maloney y Julio Virgolini, Santilli solicitó la suspensión de la ejecución de las astreintes —las multas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial— hasta que la Cámara resuelva el recurso de apelación. Y también planteó de manera subsidiaria que se revoque esa decisión judicial.
En el escrito, la defensa sostuvo que la medida busca evitar “consecuencias patrimoniales de difícil reparación ulterior”.
La defensa cuestionó además la “falta de fundamento normativo concreto para la atribución personal de la responsabilidad” al jefe de Gabinete.
Santilli sostuvo que la sanción puede afectar “el principio republicano de separación de poderes”.
La multa había sido fijada en $ 100.000 por cada día de incumplimiento, en forma personal contra el jefe de Gabinete, hasta que el Estado adecue las partidas presupuestarias necesarias para cumplir la cautelar.
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La presentación de Santilli argumentó que la sanción se dirigió al titular de la Jefatura de Gabinete sin que, según su postura, “se hubiera realizado antes una intimación individualizada” que precisara la conducta que debía adoptar.
La defensa también objetó la falta de una base normativa concreta para atribuirle responsabilidad personal y alegó una posible afectación al principio de división de poderes. Por eso pidió que se suspenda el trámite de ejecución de la cautelar y toda sanción derivada del supuesto incumplimiento hasta que el tribunal de alzada trate la apelación.
Requirió que se tenga presente una decisión del tribunal de apelaciones que se concedió la apelación con efecto suspensivo.
El CIN reclamó una suba
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional apeló el importe de la multa y pidió que se eleve el monto diario. En su presentación, sostuvo que las astreintes deben guardar proporción con la obligación cuyo cumplimiento buscan asegurar.
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El monto fijado ”es más que exiguo en comparación con los importes en juego”, planteó el CIN. La entidad reconoció que una parte de la cautelar fue cumplida, pero afirmó que la multa diaria de $ 100.000 actual no alcanza para compeler al Estado a completar las obligaciones pendientes.
El organismo citó las estimaciones incorporadas en el Decreto 759/2025. Para la actualización salarial prevista en el artículo 5 de la ley, el decreto calculó un costo de $ 617.847.532.000 durante el ejercicio en curso y de $ 2.008.377.852.000 para 2026.
En cuanto a las becas contempladas en el artículo 6, la norma estimó $ 72.840.933.495 para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y $ 76.614.000.000 para el Programa de Becas Progresar.
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