La Cámara Federal de Rosario inició una auditoría por más de 7.000 causas que estarían paralizadas en dos juzgados

A partir del hallazgo de más de 7.000 causas que estarían paralizadas, la Cámara Federal de Rosario inició una auditoría interna y ordenó este martes a los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 de esa ciudad que, en un plazo de 48 horas, den a conocer las estadísticas de los expedientes que tienen en trámite. Ambos están a cargo del juez Carlos Vera Barros, que es titular del primero y subroga el segundo desde que, a mediados del año pasado, renunció el magistrado Marcelo Bailaque, acorralado por escándalos de corrupción.

En los últimos días, los fiscales federales de Rosario recibieron desde estos juzgados causas que se habían radicado hace tres, cuatro y hasta seis años, pero recién ahora estaban siendo notificados por primera vez, según pudo reconstruir Infobae de fuentes judiciales. Los acusadores alertaron de la situación a la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal.

Esto derivó en un relevamiento del sistema del Ministerio Público, donde hay 1180 causas abiertas que corresponden a los Juzgados Federales N° 3 y N° 4. En el sistema Lex 100, del Poder Judicial, los casos son más de 8000.

La auditoría apunta a esclarecer las razones de esa discrepancia. Todas son causas del sistema residual, previas a la implementación del código acusatorio.

Este martes hubo un acuerdo entre todos los jueces del tribunal superior y, con la firma del presidente de la Cámara, Aníbal Pineda, resolvieron exigirles a los secretarios de cada juzgado -responsables de las estadísticas- que reporten “los criterios de elaboración utilizados” y “revisar dichas estadísticas conforme las pautas establecidas en la normativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura”.

Una vez concluidas esas 48 horas, la Cámara cotejará los números con otros registros existentes para determinar si hubo irregularidades. Se revisarán uno por uno todos los expedientes, aseguró una fuente que trabaja en la auditoría.

En la Cámara de Rosario toman con pinzas todas las explicaciones informales —y no tanto— que ya empezaron a dar los funcionarios responsables de los números. Descartan que exista un “cajoneo masivo” en ambos juzgados, aunque prevén encontrarse con delitos que deberían haberse investigado y, por algún motivo, nunca tuvieron avances.

“Las causas que no estaban registradas y no se movieron durante años no deben llegar a 100, pero no son menos de 10″, reconoció un funcionario judicial consultado por el posible congelamiento de denuncias. También admitió que, aunque no son mayoría, hay casos de trata de personas y narcotráfico a mediana escala que estuvieron paralizados y recién ahora se reactivaron.

El Ministerio Público Fiscal recibió estas causas delegadas para que los fiscales investiguen, pero se negaron a partir de la inusual demora.

Las primeras explicaciones

Las teorías sobre dónde radica el problema de la discrepancia entre la cantidad de causas son varias. En los tribunales rosarinos sospechan que los secretarios de los juzgados pueden haber “inflado” el volumen de expedientes que tienen a cargo para no perder empleados ni recursos.

Sucede que, con el avance del sistema acusatorio, los jueces de primera instancia y sus secretarios pasaron a tener menos responsabilidades. Entonces cabe la hipótesis de que aún conservan causas del viejo sistema que ya deberían estar archivadas para mostrar un ritmo de trabajo que no sería tal.

Por eso es que en la Cámara de Rosario ven el plazo de 48 horas que le dieron a los juzgados como una oportunidad de “sinceramiento”.

Otra versión: años atrás, el narcomenudeo era un delito federal en Rosario, y “cabe la posibilidad de que haya habido un subregistro del Poder Judicial por el cúmulo de tareas”, arriesgó una fuente. También habría delitos menores que nunca se registraron, como denuncias por violación de la cuarentena, o reportes que carecen de un piso mínimo de datos para avanzar con la investigación.

Puertas adentro de los juzgados también detectaron que en sus registros hay causas del régimen penal cambiario y temas en lo contencioso administrativo, así como habeas corpus y exhortos, que pasan por fuera del radar de los fiscales. Eso explicaría también parte de la discrepancia.

Y, por último, se está revisando si el Ministerio Público Fiscal sacó de su sistema unas mil causas que ya fueron archivadas, pero el juzgado aún conserva para terminar con la destrucción de material secuestrado -como armas y drogas- o la devolución de los efectos incautados a sus dueños, según corresponda.

Todo esto ocurre luego de que entre los cuatro juzgados federales que tiene Rosario se descubriera que dos de sus jueces, Marcelo Bailaque y Gastón Salmain, estaban implicados en múltiples casos de corrupción judicial. El primero renunció para evitar la destitución y el segundo está suspendido, a punto de enfrentar un juicio político en el que el Consejo de la Magistratura buscará removerlo de sus funciones.