Casación dejó firme el tribunal que juzgará Vialidad II por las obras adjudicadas a Lázaro Báez

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la integración del Tribunal Oral Federal 2, que juzgará el segundo tramo de la causa Vialidad, tras declarar inadmisible el recurso extraordinario que presentó el exfuncionario Sandro Férgola. El tribunal quedará integrado por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel.

La causa conocida como Vialidad II se concentra en la responsabilidad de segundas y terceras líneas de la Dirección Nacional de Vialidad, en relación con el control de obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez.

Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña desestimaron la queja de la defensa porque entendieron que no se dirigía contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable.

Recordaron que la doctrina de la Corte Suprema establece como regla general que los incidentes sobre recusaciones de magistrados no habilitan la instancia excepcional del recurso extraordinario.

A su vez, Casación afirmó que el planteo no logró refutar todos los fundamentos de la resolución apelada ni acreditó que existiera una cuestión federal ni un supuesto de arbitrariedad que justificara la revisión del máximo tribunal.

El exgerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, Sandro Férgola, ya había recibido un revés al intentar apartar sin éxito a la Unidad de Información Financiera (UIF) en su calidad de querellante.

En efecto, la semana pasada la Sala IV del máximo tribunal penal del país desestimó por inadmisible el recurso extraordinario presentado por Férgola con el fin de remover del proceso a la UIF como acusadora particular. La defensa sostuvo que el Decreto 274/2025, dictado por el Poder Ejecutivo, derogó la facultad de esa entidad para intervenir como querellante en causas judiciales y que, por lo tanto, el organismo ya no podía continuar ejerciendo ese rol en el expediente. Por mayoría, los jueces Hornos y Barroetaveña entendieron que la impugnación no estaba dirigida contra una sentencia definitiva ni planteaba una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

En disidencia, el camarista Borinsky consideró que sí existía una cuestión federal porque estaba en discusión el alcance de ese decreto y advirtió que mantener a la UIF como acusadora podía afectar la división de poderes y el derecho de defensa. La mayoría, en cambio, dejó firme la continuidad del organismo en el proceso.

Así las cosas, el foco de esta causa está puesto en un presunto esquema sistemático destinado a direccionar fondos estatales hacia el grupo Báez, que fundó Austral Construcciones poco antes de la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia y luego absorbió otras constructoras en la provincia.

De los 10 acusados que fueron enviados a juicio originalmente en el segundo tramo del expediente, llegaron a esta instancia oral tres: los exfuncionarios de Vialidad Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate.

Estaban procesados como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

En tanto, los otros siete lograron la suspensión del juicio a prueba, o probation, en el segmento que se recordará como Vialidad II.

Los hechos que se evalúan en este proceso se vinculan con los que formaron parte de la causa Vialidad I, por la que Cristina Fernández de Kirchner cumple su pena de seis años bajo la modalidad de arresto domiciliario. Junto con ella fueron condenados José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez, mientras que Julio De Vido resultó absuelto.

En algunos casos, sus acuerdos fueron avalados por el Ministerio Público Fiscal y, en otros, avanzaron tras obtener el aval de la Cámara de Casación.

En ese grupo resultaron beneficiados los exfuncionarios Sergio Hernán Passacantando, Jorge Eduardo Gregorutti y Carlos Joaquín Alonso, y los empresarios Julio Enrique Mendoza, Fernando Javier Butti, Martín Antonio Báez y Myriam Elizabeth Costilla.